Se dice, desde 2021, en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, las regiones que cuentan con la mayor concentración de lobos de la Península y, ahora, también, el clamor llega al Valle del Ebro, en concreto a su zona frutícola. Aquí, lo que preocupa no es el lobo: son los conejos, los jabalíes y los ciervos. El Gobierno, consideran los agricultores, sobreprotege a la fauna salvaje y, con ello, pone en peligro las explotaciones y, al tiempo, hace un flaco favor a la demografía rural.
Manifestación multitudinaria
En Lleida, el pasado viernes 3 de marzo las calles se llenaron, como tantas otras veces, de tractores. No se protestaba, a diferencia de lo que sucedía en otras ocasiones, por los bajos precios a los que los productores se ven obligados a comercializar la fruta. Esa queja, con todo, se mantiene y sobrevuela cada movilización, por supuesto, pero el motivo principal de la manifestación era otro: los conejos, los jabalíes y los ciervos ponen en jaque a un sector que, desde que Rusia vetó ruso a las importaciones de fruta y productos cárnicos procedentes de la UE en 2014, ha visto como los márgenes se estrechaban año a año. Ahora, de hecho desde el año pasado, se le suma una plaga de conejos muy agresivos que devora la corteza de los frutales hasta casi matarlos, una proliferación de jabalíes nunca vista que también afecta a las plantaciones y, como último elemento, los ciervos, que también dañan las tierras de cultivo. Mientras, el Ministerio para la Transición Ecológica no sólo no actúa sino que, además, limita la capacidad de acción de los agricultores y los ecologistas les acusan de maltrato animal.
Sobreprotección
Desde Asaja Lleida, su presidente Pere Roqué era claro hace unos días: “muchos productores tienen que dejarlo. Los animales se lo comen todo”. La sobreprotección no afecta sólo a Lleida, se da en todas las comunidades autónomas. Como solución, los productores reclaman poder utilizar fitosanitarios que contengan fosfuro de aluminio, útil para combatir conejos, ratas y topos. De momento, está autorizado para los campos de golf, pero no para las explotaciones agrarias. Hace nada, se constataba que la situación general de crisis energética, que había puesto fuera de producción grandes superficies de invernaderos en el norte de Europa y el repliegue de Marruecos, que quiere exportar menos y garantizar la cobertura de su demanda nacional, abría perspectivas al campo español. ¿Las cerrará la fauna salvaje o, más bien, lo hará un Gobierno que no entiende que los agricultores son, seguramente, la especie en mayor peligro de extinción?