El juicio al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el ex-secretario general de Interior César Puig y el exdirector de la Policia Pere Soler ha quedado visto para sentencia.

Después de dos meses de vistas, el paro obligado por el confinamiento de la Covid-19 y tres días intensos de conclusiones finales, el tribunal presidido por Concepción Espejel se retira a deliberar para decidir si condena a los procesados por sedición, desobediencia o, por el contrario, si los absuelve, como han pedido las defensas.

La Fiscalía no ha podido probar el alzamiento tumultuario que identifica el delito de rebelión, tal como pasó en el Tribunal Supremo, y ha rebajado la acusación a sedición, aunque tampoco ha presentado pruebas. La alternativa es una desobediencia que los abogados tampoco ven justificada.

Con el principal testigo de cargo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, desacreditado después de que lo hayan apartado como cargo de confianza por los informes sobre el 8-M, la acusación queda desnuda y el tribunal tendrá que decidir si realmente puede condenar a los acusados a pasar 10 años en prisión, en el caso de la sedición, o bien los inhabilita 10 años para ejercer sus cargos políticos o policiales, según el caso.

Las defensas desmontan la acusación

"La acusación no tiene ninguna prueba de cargo para que se pueda condenar por sedición". Olga Tubau, la abogada de Josep Lluís Trapero, ha centrado su alegato final en desmontar toda la acusación de la Fiscalía por un delito de sedición. También ha tumbado la alternativa que propone el ministerio público para que toda la acusación "no quede en papel mojado", la desobediencia.

Tubau ha destacado que en todo momento el major actuó cumpliendo el mandato judicial. De hecho, la abogada ha destacado que antes de dar cumplimiento material a las órdenes del TSJC "fue más allá" cuando intervino en la reunión del Palau de la Generalitat y pidió desconvocar el referéndum.

Eso "pulveriza la sedición y la desobediencia" que la Fiscalía defiende ante el tribunal.

La abogada del major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha cargado este miércoles contra el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, de quien ha descalificado su tarea como coordinador del dispositivo policial por el referéndum independentista del 1 de octubre del 2017, ya que "el error" en la actuación de este día fue de los tres cuerpos desplegados, es decir, policía autonómica, Policía Nacional e instituto armado.

 

 

Por otra parte, Martell ha sido hoy 100% Martell. Hacía 5 horas que esperaba su turno para hacer el informe final en defensa del exdirector de la Policia Pere Soler y ha entrado como un rayo. La luxación en el hombro no ha impedido el característico movimiento de brazos —y de todo el cuerpo— del reconocido abogado barcelonés Cristóbal Martell. La defensa del exdirector de los Mossos ha negado "radicalmente" que intentara "alinear" el cuerpo en favor de la independencia de Catalunya y ha indicado que el dispositivo que diseñaron para impedir el referéndum ilegal del 1-O "podrá parecer muy hippy", pero lo que no fue es "un engaño".

Después de la extensa intervención de la defensa del major Josep Lluís Trapero, el abogado Cristóbal Martell ha cogido el testigo para exponer su informe final en el que pide a la Audiencia Nacional que absuelva a su defendido, que se enfrenta a una petición de 10 años de prisión por sedición o 60.000 euros de multa por desobediencia.

"En esta guerra no estaba Pere Soler", ha dejado claro el letrado, que ha negado que su actuación durante el otoño del 2017 en Catalunya quepa en un delito de sedición. Ni participó en la "génesis" de los documentos policiales de los Mossos, ha indicado el letrado, ni en las reuniones en las que Trapero y otros mandos policiales "conminaron" al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros altos mandos de la Generalitat para que desconvocaran el referéndum. "Me perdonará mi patrocinado, pero no estaba en el escenario, no estaba", ha dicho.

 

 

Después de Martell, la defensa del ex-secretario general de la Conselleria d'Interior César Puig, Fermín Morales, ha empezado su informe pidiendo la absolución de su defendido porque "ni se comportó de manera sediciosa ni de manera desobediente" ante el Tribunal Constitucional.