La Audiencia Nacional ha absuelto al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, según han avanzado varios medios, entre los cuales están la SER y RAC1. El tribunal también habría absuelto a la intendente Teresa Laplana, al exsecretario general de Interior Cèsar Puig y al exdirector general de la policía catalana Pere Soler. La sentencia se entregará a todas las partes mañana. De hecho, se había citado a los procuradores para las 9.30 horas, pero varios medios desde Madrid han filtrado la resolución del tribunal.

Según estos medios, la sentencia absolutoria cuenta con el apoyo de dos de los magistrados, Ramón Sáez Valcárcel y Francisco Javier Vieira, mientras que hay un voto particular contrario de la presidenta de la sala de lo penal, Concepción Espejel. Espejel se ha quedado sola intentando condenar a la cúpula de Interior.

En el caso de Trapero y Laplana, el tribunal ha descartado todas las hipótesis de la Fiscalía, incluso el camino del medio, que puso sobre la mesa el delito de desobediencia para evitar la prisión pero no dejarlo impune.

Todo el proceso contra Trapero se ha instruido por un delito de rebelión. La Fiscalía, sin embargo, pidió en la parte final del juicio 10 años de prisión y 10 de inhabilitación por un delito de sedición, aunque abrió la puerta a una condena por desobediencia, sin prisión, en caso de que no quedara probado el delito de sedición. La defensa siempre ha pedido la absolución porque Josep Lluís Trapero, como jefe de los Mossos, se acogió a la ley a la hora de actuar, tanto el 20 de septiembre del 2017 en las concentraciones durante los registros de la Guardia Civil delante la sede del Departament d'Economia, como en la votación del referéndum del 1-O.

De la rebelión a la absolución

La Fiscalía siempre ha mantenido que el 20 de septiembre, en la Conselleria d'Economia, Josep Lluís Trapero y Teresa Laplana "cooperaron de manera decisiva, consciente e intencionada con las finalidades perseguidas por las instituciones catalanas" e "impidiendo el desarrollo de la diligencia judicial en las condiciones legales exigidas por el ordenamiento jurídico".

A pesar del testimonio del major de los Mossos durante el juicio, el ministerio público también ha mantenido que "las condiciones impuestas por Jordi Sànchez a la comisión judicial durante aquella jornada fueron totalmente asumidas por el acusado Josep Lluís Trapero, que en su consciente inactividad, evitó poner fin al grave problema de orden público que se estaba produciendo y que impedía la actividad normal de la comisión judicial".

Sobre el 1-O, los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira no han abandonado nunca la tesis que los acusados Pere Soler, en aquel momento director general de la Policia, Cèsar Puig, secretario general de Interior, y el propio Trapero tuvieron una "estrategia conjunta" y que "no sólo omitieron toda actuación para evitar el referéndum, sino que contribuyeron de forma decisiva al hecho de que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra se pusiera al servicio del plan secesionista.

La Fiscalía calificó de "actuación meramente formal" las 4.469 actas que se levantaron en los puntos de votación el 1 de octubre y mantuvo que desobedecieron al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya porque no precintaron los locales ni hicieron ninguna advertencia a los que ya los estaban ocupando.

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