Los tres tuiteros acusados de denigrar a una familia de Canet de Mar porque consiguió el 25% de castellano en la clase de su hija en la escuela Turó del Drac han asegurado este viernes ante el tribunal que no conocían a los padres de la menor, que no le querían hacer daño cuando tuitearon, en diciembre de 2021, que “la dejaran sola” y que lo hicieron en un “contexto de debate lingüístico”  para mostrar su queja a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que daba la razón a los padres, y hacía cambiar la lengua al resto de alumnos.

"Terrorismo cultural"

En los interrogatorios, solo han respondido a las preguntas de sus abogados, y uno de los acusados ha hecho un alegato en defensa de la inmersión lingüística que se acordó por el Parlament por mayoría. “Sí que les dije que son unos colonos no integrados, como mis padres. Es una forma de estar en un lugar sin quererse integrar”, ha declarado José ante el tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona. También ha justificado que pidiera la identificación de los padres porque “no veía una demanda lingüística, sino política detrás”, además de defender que Javier Pulido, el padre de la menor, tiene derecho a pedir más clases en castellano, pero también que el resto de veinte familias se les respete la inmersión lingüística acordada en el centro. El acusado también ha justificado que los tildara de terroristas: "Quería decir terrorismo cultural en el sentido  de un intento de eliminar un idioma. Por eso afirmo que éramos una colonia de España."

En la primera sesión, Pulido hizo una crítica abierta a la inmersión lingüística, además de explicar el aislamiento padecido en su entorno, aunque la escuela ha respetado el 25% de castellano impuesto a la clase de su hija.

Penas de 2 a 4 años de prisión

La fiscal de la sección de delitos de Discriminación, Marta Glória Catalá, ha mantenido la petición de 2 años de prisión para cada uno de los acusados por un delito contra la integridad moral. Eso sí, la fiscal ha negado que los tres tuiteros sean autores de un delito de odio, como sí sostiene el abogado de la familia. El abogado de Pulido ha rebajado la petición del delito de odio de 4 a 2 años de prisión y 2 años más por el delito contra la integridad moral, y lo ha justificado porque “si son condenados no entren en prisión al computarse los delitos por separado”.

En su informe, la fiscal ha insistido en que en el delito contra la integridad moral "es suficiente evidenciar que se pueda generar un trato de rechazo y degradante" contra las personas, y que -a su parecer- los acusados lo hicieron al insistir en aislar a la menor, y que se diera la dirección de la familia. También ha insistido que ninguno de los tres "ha mostrado arrepentimiento".

Libertad de expresión

Los abogados defensores han pedido la absolución de los tres acusados y han enmarcado sus expresiones en el derecho a la libertad de expresión y ante el contexto del encendido debate abierto en Twitter por la resolución judicial del 25% de castellano. Han insistido en que tuitearon al ver la cuenta abierta por padres de la escuela de Canet, los primeros días de diciembre, y que cuando el día 10 se identificaron los nombres de la familia, no tuitearon más. Y, finalmente, cerraron sus cuentas en Twitter al ver el alcance. Los defensores han exhibido otros tuits más despectivos, no perseguidos.

También han expuesto que en un caso más grave que el de Canet, el Tribunal Supremo confirmó, el pasado abril, una pena multa, no de prisión: 720 euros a un tuitero por dirigir mensajes denigrantes a un niño enfermo de cáncer aficionado a los toros.

Laia Serra, abogada de uno de los investigados, ha destacado que "la Fiscalía y la acusación particular han atribuido una carga vejatoria y discriminatoria a unos tuits que fueron hechos en un contexto de debate sobre el modelo lingüístico catalán".