Suecia y seis países más han acusado a España de restringir de manera injustificada la libre circulación de mercancías con su proyecto de Real decreto para regular ciertos productos relacionados con el tabaco, como los cigarrillos electrónicos, los productos a base de hierbas calentadas o las bolsas de nicotina, entre otros. Italia, Suecia, Grecia, Rumania, Croacia, Hungría y la República Checa son los países que consideran que la normativa española vulnera el artículo 34 de la Unión Europea, imponiendo una restricción no justificada en productos que se comercializan en otros países de la Unión Europea. Esta postura se ha reflejado en los dictámenes razonados que estos países han enviado a raíz de la notificación de España al TRIS, el sistema que obliga a los Estados miembros a informar la Comisión Europea sobre cualquier proyecto de regulación técnica antes de que sea adoptado en el ámbito nacional, en caso de que afecte al mercado interior.
"Una prohibición de facto"
Suecia considera que el proyecto de Real decreto español, que limita a 0,99 mg de nicotina por bolsa, "equivale a una prohibición de facto que excluye del mercado todos los productos actualmente comercializados". El país nórdico cree que esta medida "vulnera los artículos 34 y 35 del TFUE, ya que restringe la libre circulación de mercancías dentro del mercado interior", añadiendo que "el snus, como producto sin combustión, es menos nocivo que el tabaco fumado y ha ayudado a reducir las tasas de tabaquismo en Suecia". Además, Suecia considera que una proporción de 0,99 mg de nicotina es demasiado baja para que una persona adicta a los cigarrillos considere pasarse a estos productos sin humo. Que estos países se hayan puesto de acuerdo criticando a España, es un hecho de especial relevancia, ya que es la primera vez que una norma sobre tabaco ha recibido tantos dictámenes razonados y tanto cuestionamiento; hecho que implica frenar la normativa impulsada por el Ministerio de Sanidad tres meses más (hasta el 28 de julio) y obliga a España a explicar las medidas que adoptará en respuesta a estos dictámenes.
Suecia es tan contraria a esta regulación que el ministro sueco de Comercio, Benjamin Dousa ha emitido un comunicado sobre este tema donde asegura que para él es importante luchar por el snus blanco por dos razones: "En primer lugar, es una cuestión de libertad para los usuarios suecos de snus que tendrían que poder viajar, trabajar y vivir en otros países de la UE. En segundo lugar, es una cuestión de puestos de trabajo. Somos buenos en snus y la industria ocupa a muchas personas en Suecia".
Italia comparte una opinión similar sobre las bolsas de nicotina y cree que si España saca adelante la ley, "restringirá la libre circulación de mercancías dentro del mercado único". Grecia sostiene que España "impone restricciones desproporcionadas en el etiquetado y crea obstáculos en el comercio intracomunitario", y denuncia el límite de 0,99 mg de nicotina por bolsa, que considera "equivale a una prohibición efectiva de su comercialización, en contra del artículo 36 del TFUE". Rumania, por su parte, considera que la normativa impone restricciones "injustificadas" en la regulación de los productos con nicotina, subrayando que "España está imponiendo una medida sin fundamento científico que demuestre un riesgo importante para la salud pública".
La República Checa afirma que el proyecto legislativo español "puede crear un obstáculo injustificado a la libre circulación de mercancías" y que la regulación sobre las bolsas de nicotina "es considerablemente inferior a los requisitos de otros Estados miembros de la UE", donde los límites máximos oscilan entre los 12 y los 20 mg. "Las bolsas de nicotina no contienen tabaco, no se queman, no generan humo ni ceniza" y están "destinadas a los fumadores como alternativa a los cigarrillos convencionales", defienden.