El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha concluido que 322 de los 324 empadronamientos sospechosos detectados durante el mes de agosto son fraudulentos. Después de las inspecciones presenciales efectuadas desde el 1 de septiembre, el consistorio ha certificado que ninguna de las 322 personas implicadas reside realmente en el municipio. De estos casos, seis ya se han dado de baja directamente, después de que el Ayuntamiento haya recibido notificaciones acreditando que estas personas se han empadronado en otros municipios. En cuanto al resto —316—, se ha iniciado el procedimiento administrativo para tramitar la baja definitiva del padrón municipal.
El alcalde, Josep Maria Vallès (Junts), ha asegurado que el gobierno local “ha actuado con la máxima celeridad” y ha reiterado su apuesta por mantener una política de “tolerancia cero con el fraude en el padrón municipal”. Vallès ha subrayado que “en menos de un mes y medio hemos llevado a cabo la inspección de los 324 empadronamientos sospechosos que se llevaron a cabo en la ciudad” y que “322 de los 324 efectivamente son fraudulentos”. Ante esta situación, el consistorio está trabajando en un nuevo protocolo de empadronamiento con el objetivo de endurecer las condiciones de acceso y prevenir casos similares en el futuro. “He dado la instrucción de hacer un nuevo protocolo para luchar contra este tipo de fraude en nuestra ciudad”, ha afirmado el alcalde.
Empadronamientos en cadena con contratos de alquiler falsos, traductores y direcciones falsas
Este episodio llega después de que, a finales de julio, el mismo Ayuntamiento revelara que había detectado 324 empadronamientos sospechosos en solo tres semanas, principalmente de personas extranjeras que presentaban contratos de alquiler falsos para justificar su residencia en Sant Cugat. Según informó entonces el consistorio, el patrón se repetía: solicitantes de orígenes similares (India y Pakistán), a menudo acompañados de un traductor, y con documentación aparentemente falsa, que vinculaba a varias personas a una misma dirección.
La investigación comenzó después de que se activaran las alarmas por el elevado volumen de empadronamientos en pleno mes de agosto, un período con actividad administrativa reducida. El Ayuntamiento ordenó entonces detener temporalmente los trámites para revisar caso por caso. No es la primera vez que Sant Cugat afronta un problema de esta naturaleza. Hace unos meses, el consistorio ya dio de baja a más de 4.000 personas que constaban de manera irregular en el padrón, correspondientes al período 2019-2023. Con la revisión actual, el gobierno municipal asegura que quiere reforzar los mecanismos de control y garantizar que el padrón refleje con exactitud cuántas personas viven realmente en la ciudad.