Varias entidades en defensa de las lenguas que se hablan en Aragón, como el catalán o el aragonés, han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org. La decisión viene después de que el gobierno de Aragón —formado por PP y Vox con el apoyo del PAR— haya anunciado la intención de promover una modificación legal que supondría la eliminación de estas lenguas y sus nombres con el objetivo de evitar que se enseñen en las escuelas, se promuevan o se difundan. La iniciativa impulsada por la Asociación Cultural Rolde de Estudios Aragoneses, con sede en Zaragoza y dedicada al estudio y difusión de la cultura de la comunidad, ya ha conseguido casi 3.000 firmas desde el 28 de enero.

Fragmentación de la lengua

En paralelo, Plataforma per la Llengua, a través de X ha denunciado la situación que se vive en Aragón con el anuncio de su gobierno de querer dejar de considerar "lenguas propias" el catalán y el aragonés. Avisan de que este hecho, además de "fragmentar la lengua" recorta la dignidad de los hablantes y va en contra de las recomendaciones del Consejo de Europa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mequinenza —en manos de PSOE— ha criticado las intenciones del gobierno de Aragón. Este mes de febrero se conmemorarán 40 años de la Declaración de Mequinenza, que sirvió para promover la enseñanza, la protección y dignificación del catalán en Aragón. Desde el consistorio se alerta de que este aniversario llega cuando la lengua vuelve a estar amenazada por el gobierno de Aragón, y por eso apuntan que el acto de celebración previsto para el 24 de febrero será "más reivindicativo" de lo que se había previsto inicialmente. El gobierno municipal considera que la situación actual recuerda la que tuvo lugar en junio de 2013 con la aprobación de la Ley de lenguas del entonces gobierno del PP en Aragón. Esta ley estableció que las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón serían la Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (LAPAO) y la Lengua Aragonesa Propia de las Áreas Pirinaica y Prepirinaica (LAPAYP). Esta modificación motivó la segunda Declaración de Mequinenza, un documento que firmaron 28 ayuntamientos, que consideraban que la denominación no tenía ningún fundamento científico ni académico.