Fue en 2015 cuando el Partido Popular aprobó en el Congreso de los Diputados la pena de prisión permanente revisable que tiene como finalidad impedir que criminales que no demuestren voluntad de reintegrarse de nuevo en la sociedad, vuelvan a recuperar la libertad para poner en peligro la seguridad del resto de personas. El código penal defiende que “de ningún modo renuncia a la reinserción del penado”, pero la pena no deja de generar debate entre la población y los políticos ya que, por otro lado, supone una privación de derechos y libertades.

La aplicación se centró más en la lucha contra el terrorismo, pero las múltiples desapariciones y/o asesinatos, que además han sido muy mediáticos, han hecho que crezca el apoyo a la pena. 

Esta pena es la más largaque puede aplicarse en España, ya que puede mantener a una persona toda la vida en prisión aunque permite revisar la causa y el estado del penado para decidir si puede, o no, volver a reintegrarse en la sociedad.

La dureza de la pena hace que solamente se aplique en casos concretos de extrema gravedad. La sentencia a prisión permanente revisable se aplicaría en casos de asesinatos a menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, asesinatos subsiguientes a una violación, asesinatos múltiples, la implicación en casos relacionados con organizaciones criminales, delitos contra la corona, delitos contra derechos de gentes, genocidios y delitos de lesa humanidad.

La prisión permanente revisable obliga al penado a cumplir al menos 25 años – o 35 si se trata de más de un delito- en prisión. Una vez cumplidos, un Tribunal debe revisar de oficio el caso y decidir si el penado está reinsertado para salir o no. En caso afirmativo, se permitirá una libertad condicional con unas condiciones y medidas para garantizar la seguridad social. En caso negativo el tribunal mantendrá una pena de dos años y fijará un nuevo plazo para otra revisión. El penado no podrá pedir otra revisión del caso hasta que haya pasado un año de la declinación.

La pena ha generado debate desde el día que se aprobó

La aplicación de la prisión permanente revisable ya generó controversia el mismo día de su aprobación. El PP hizo uso de su mayoría absoluta -181 diputados- para dar luz verde a la pena con 138 votos en contra y dos abstenciones.

El PSOE presentó un recurso al TC, ya que consideraban que la pena atenta contra la privación de la libertad y rechaza la reinserción del penado. El Tribunal Consitucional todavía no se ha pronunciado.

Organizaciones jurídicas también se mostraron en contra

El Consejo de Abogacía Española se pronunció en su momento y concluyó que la pena vulnera los artículos 10, 15 y 25 de la constitución Española. El último destaca que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. El consejo consideró que la prisión permanente revisable no fija un límite concreto de pena en prisión.

La Asociación de Fiscales sostuvo que esta medida da un paso atrás, desde la renuncia del estado, para avanzar hacia una vulneración de los derechos y llibertades.

Europa apoya la medida

A pesar del desacuerdo de muchas partes, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos aprobó esta medida en 2015. España no es el único país que ha aplicado esta pena a su código penal, ya que Alemania, Italia, Bélgica, Austria, Francia, Reino Unido, Dinamarca o Suiza también lo han hecho, aunque en su caso, son 15 los años que la pena obliga a cumplir hasta poder revisar el caso.

Solamente se ha aplicado una vez en España

A pesar de rodear la medida de una gran polémica e intensos debates, la pena solo se ha aplicado una vez en España. En 2015, David Oubel fue condenado a cumplir esta condena por asesinar de forma inhumana a sus dos hijas. Oubel lleva solamente tres años en la cárcel, y deberá pasar 21 más hasta que un Tribunal pueda revisar su causa.

José Emilio Suárez Trashorras, quien facilitó los explosivos del 11-M, pidió que le sentenciaran a cumplir prisión permanente revisable ya que su defensa y él consideraban que le beneficiaba más que sus 40 años de pena, la máxima condena que se puede cumplir en España. En todo caso, el Tribunal rechazó la propuesta.