Protesta en los institutos de L'Hospitalet elegidos para desplegar mossos. Después de la polémica por los planes del Departament d'Educació para desplegar policías en centros conflictivos, decenas de personas se han movilizado este lunes en los institutos Eugeni d'Ors y Margarida Xirgu para denunciar que la medida "es un insulto". Los trabajadores de los dos centros han criticado que se ha tomado a espaldas de la comunidad educativa, con una falta total de información. "No encontramos ninguna justificación. Evidentemente que tenemos problemas, pero tenemos una convivencia sana", ha asegurado Pepa Vidal, profesora del Margarida Xirgu, a la ACN.
Profesores de ambos institutos han explicado que se les comunicó la medida el mismo día de Sant Jordi, sin ningún tipo de concreción ni de detalle. De hecho, la prueba piloto se debería empezar a implementar este lunes, pero ninguno de los dos centros tiene la confirmación oficial. "Es una medida de hechos consumados que no ha pasado por ningún órgano democrático", insiste Vidal, que deja claro que los centros son seguros a pesar de ser de máxima complejidad. Así pues, ha añadido: "Evidentemente que tenemos problemas, los mismos que un barrio con mucha población migrada, pero tenemos una convivencia sana y los alumnos se sienten seguros".
Sin dinero para educadores, pero sí para mossos
Un alumno del Margarida Xirgu, Àlex Cisneros, ha asegurado que solo tienen la información que les han facilitado los profesores en el aula, pero que sus familias no han sido informadas "de nada". Además, ha reprochado que la medida es "un ataque racista y estigmatizador" porque la mayoría de los alumnos son de origen extranjero en situación de vulnerabilidad: "En vez de incrementar la plantilla de cuidadores e integradores sociales, nos ponen policías en las aulas para hacer sus funciones. Los mismos policías que nos desahucian de nuestra casa día tras día y los que nos criminalizan y nos detienen en redadas racistas aquí en el barrio para pasar la tarde en el parque". Recordemos que, precisamente, este fin de semana ha sido noticia la denuncia de insultos racistas de miembros de Aliança Catalana a alumnos de un instituto de Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
En las protestas también han participado miembros del sindicato USTEC como Xavi Vilanova, que ha criticado que la medida se implemente en un curso marcado por las huelgas y las movilizaciones para reclamar más recursos para los centros, así como una disminución de las ratios. Es más, Vilanova ha añadido que el curso comenzó con 120 educadores sociales menos. "Mientras nos dicen que no hay dinero, sabemos por la prensa que pondrán policías en las aulas para resolver con la autoridad y la fuerza lo que se debería resolver de manera pedagógica", ha remachado Vidal. El delegado de USTEC en L'Hospitalet ha explicado que están en contacto con el resto de centros afectados para un manifiesto conjunto y, si procede, más actos de protesta contra la medida. "Nos faltan como mínimo cuatro nuevas escuelas y un instituto y la respuesta es poner policías en los centros", ha concluido Manuel Domínguez, profesor en el instituto Margarida Xirgu durante dieciséis años.
Requerimiento formal contra el plan piloto
Por su parte, los portavoces de los grupos municipales de ERC y los Comuns en l'Hospitalet, Manuel Domínguez y Jaume Graells, han asegurado que en un municipio "en emergencia educacional" implementar esta medida es "un insulto" y han reclamado su retirada "inmediata". En esta línea, y fuera del marco de la protesta, el secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha presentado un requerimiento formal de cese de la actuación administrativa para que el Govern retire el plan piloto de despliegue de Mossos. Los anticapitalistas señalan que el proyecto se presenta sin "cobertura normativa suficiente, sin publicación oficial y en contradicción con la legislación vigente". También indican que la actuación no dispone de "título jurídico habilitante" y añaden que se lleva a cabo sin ningún mecanismo de participación de la comunidad educativa y sin intervención de los órganos de gobierno de los centros. Si de aquí a 10 días no se ha frenado el plan, la CUP interpondrá un recurso contencioso administrativo.
Finalmente, y también lejos de la protesta de este lunes en L'Hospitalet, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales (Ceesc) ha mostrado su "desacuerdo" y ha pedido la retirada de la prueba piloto. En un comunicado, consideran que en los espacios educativos "no se debería contemplar la incorporación de cuerpos policiales" y opinan que son los educadores sociales los que tienen otorgadas funciones de prevención de conflictos, mediación y acompañamiento al alumnado. También han lamentado que la decisión se ha tomado sin consultar ni informar al Ceesc: "En los centros educativos, los educadores sociales desarrollan unas tareas para mejorar la convivencia y el clima del centro".