Dentro de cinco años, la economía colaborativa generará cerca de 335.000 millones de dólares según las previsiones de PricewaterhouseCoopers. Se calcula que, entonces, el medio centenar de organizaciones que operan actualmente en España con este modelo se habrá multiplicado. Entre otras razones, este crecimiento se debe al hecho de que el número de usuarios de este sistema no deja de aumentar. Aunque empezó siendo una actividad casi residual, el estudio Monográfico sobre la economía colaborativa elaborado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (ACECOC) afirmaba ya el año pasado que el 57% de los españoles había utilizado alguna plataforma de economía colaborativa en línea en los últimos doce meses. El porcentaje de los que tenían intención de utilizar alguna en el futuro todavía era más alto: llegaba al 60%.

Las cifras ponen de manifiesto que este sistema, que nació hace una década y que consiste en el hecho de que plataformas digitales faciliten el intercambio de bienes y servicios entre los usuarios con recompensas monetarias o sin, ha llegado para quedarse y transformar el mercado. No obstante, según los expertos, hay algunas controversias que pueden afectar al desarrollo. "Se observa que estas plataformas en línea se van apropiando, de una manera creciente, de buena parte del valor que generan en el intercambio. Y, al mismo tiempo, también acaban modificando la naturaleza y las características de este intercambio dado que se difumina parte de la percepción de comunidad, de la sensación de reciprocidad y de lo que realmente es un intercambio entre particulares, hasta el punto que en algunos casos hablamos más bien de economía pseudocolaborativa," afirma Josep Lladós, profesor agregado de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.

Según el profesor de la UOC, estos puntos no son los únicos que generan opiniones opuestas con respecto a este sistema. La aparición de una cierta competencia desleal por el intrusismo de algunas empresas que ofrecen servicios como si fueran un particular desde estas plataformas, o el hecho de que algunos de los mercados en los cuales operan las plataformas estén regulados y que en las plataformas a duras penas se les aplique ninguna regulación, son otras controversias que rodean este sistema. Además, también preocupan otros aspectos que centran la atención de los expertos casi desde la aparición de la economía colaborativa: la protección de los datos que los usuarios del servicio ceden a las plataformas o los derechos laborales de las personas que ofrecen estos servicios son algunos ejemplos. Por eso los expertos advierten que cada vez es más evidente que es necesario regular urgentemente esta actividad.

Como se puede regular

La poca regulación que ha habido hasta hoy se ha basado sobre todo en la experimentación, hecho que ha dado lugar a una regulación de caso por caso, explica el profesor Lladós. De hecho, una de las complejidades que se tiene que abordar es como se puede regular una actividad que afecta administraciones de ámbitos competenciales muy diferentes, tanto estatales como regionales o incluso locales. Por otra parte, se trata de actividades tan innovadoras que la legislación tiende a actuar a remolque, y en ocasiones de manera poco efectiva. "Son innovaciones que se sustentan en el uso de plataformas, muchas veces por medio de aplicaciones que cuando tienen éxito se desarrollan a una gran velocidad y captan gran parte del mercado pero que al mismo tiempo afrontan una competencia potencial muy intensa, de manera que muchas veces la Administración acaba intentando regular una realidad que ya no existe", explica el profesor de la UOC.

Para conseguir resolver estos problemas, según el profesor Lladós, toda regulación tiene que cumplir al menos cuatro premisas básicas. Entre las cuales, hay incentivar estos tipos de innovación por los beneficios económicos y sociales que generan, ser visible, con el fin de garantizar una transparencia mayor en el mercado y que los aspectos que generan más dudas, como la fiscalidad, sean más fáciles de afrontar por parte de la Administración, distinguir los tipos de servicios que se ofrecen en las plataformas, ya que —como explica Josep Lladós- "no todos los servicios son profesionales, tienen un objetivo de lucro y no responden a una finalidad comercial, por lo cual no generan distorsiones económicas graves". Y finalmente, orientar estos tipos de actividades de manera que se dirijan prioritariamente al interés social y a las áreas en que se puedan conseguir los impactos económicos más favorables.