La Audiencia Nacional ha condenado a 7 años y 4 meses de prisión a seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos —muertO en 2015— por la estafa en la captación de fondos para el grupo Nueva Rumasa, que desplegaron entre los años 2009 y 2011. A Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier, Alfonso y José Ramón Ruiz Mateos se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. La Sala de lo penal también ha condenado a 6 años y 3 meses de prisión a José Ramón Romero, quien era director de la oficina del Grupo Rumasa en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, conocida como 'banquito de Jerez', y una pena de 6 años y 5 meses de prisión a un sobrino de Ruiz Mateos, Zoilo Pazos, que figuraba como partícipe y administrador de numerosas sociedades del grupo. Igualmente, condenan a Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada apenas de entre 3 y 5 meses de prisión por delito de alzamiento de bienes, mientras que absuelve a otras cuatro personas que se sentaron en el banquillo de los acusados. La jueza condena a los hermanos Ruiz-Mateos, junto con Pazos y con Romero, a indemnizar de manera conjunta y solidaria a los perjudicados en la presente causa. Asimismo, impone a los condenados el pago de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.

La Fiscalía Anticorrupción pedía para los Ruiz Mateos 16 años de prisión al inicio del juicio, pero a lo largo del proceso fueron descargando responsabilidades sobre el padre, y aseguraron que en realidad "era el dueño de todo y quien mandaba en el entramado".

Sociedades en Belice, Panamá y Holanda

Según la sentencia, los Ruiz Mateos tenían sociedades instrumentales en Belice con finalidades ilegales. "Entre este cúmulo de sociedades podían distinguirse unas auténticamente productivas —fundamentalmente situadas en los sectores vinícolas, hoteleros y de alimentación— junto con otras sociedades instrumentales o meramente patrimoniales, que se limitaban a ostentar la propiedad nominal de aquellas sociedades y de sus marcas comerciales, así como la de algunos inmuebles de los miembros de la familia Ruiz-Mateos". Así pues, los magistrados concluyen que el Grupo Nueva Rumasa estaba formado por un complejo conglomerado de sociedades que, "si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil y fiscal, a pesar de hacerlo constar así en su publicidad, porque estas sociedades carecían de una matriz común." Sin embargo, la Audiencia sostiene que el patrimonio y la tesorería de estas sociedades se ponían durante años "indistintamente" al servicio de todo el grupo, que funcionaba como una sola empresa "tanto a efectos financieros como de responsabilidad patrimonial".

La Sala indica que, aunque el grupo pertenecía en última instancia a la familia Ruiz-Mateos, la mayoría de las sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación —fundamentalmente Belice, Panamá y Holanda—, un movimiento qué unido al uso de testaferros y de despachos fiduciarios "permitió durante años dotar en todo el entramado de un considerable grado de opacidad". Este grupo societario estaba dirigido y gestionado por los acusados Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, junto con su padre, José María Ruiz Mateos, los que asimismo contaban con un pequeño grupo de fieles colaboradores.

Deuda millonaria

El auto también señala que en los años a los que hace referencia el escrito "el entramado de sociedades aprovechó una compleja estructura financiera que el año 2009 operaba con, al menos, 4.067 cuentas abiertas en 117 entidades bancarias, principalmente en el Grupo Santander-Banesto —724 cuentas— y en el Banco Echeverría —130 cuentas—, cuyo funcionamiento artificioso se puso calculadamente al servicio de los fines ilegales". Según la sentencia, a principios de 2009 la situación económica y financiera del Grupo Nueva Rumasa era de una considerable gravedad, porque tenía deudas acumuladas por importe de millones de euros y carecía de liquidez para poder asumir los compromisos económicos y para sostener la actividad regular de las empresas, que necesitaban 52 millones de euros para atender sus pagos más inmediatos.

Ante estas circunstancias adversas que complicaban la situación de insolvencia de las empresas y ante la imposibilidad de seguir recurriendo a afianzamiento bancario, ocultando todo a los acreedores, proveedores, consumidores y otros intervinientes, la familia decidió poner en marcha un nuevo mecanismo "dirigido a captar fondos del público con los cuales poder, no solo enmascarar por un tiempo esta situación, sino también hacer frente a los abundantes gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus viviendas, que a principios del 2009 superaban los 18 millones de euros".

Según señala la Audiencia Nacional, para captar los fondos, los acusados junto con su padre decidieron apelar al ahorro del público mediante agresivas campañas en los medios de comunicación de ámbito nacional, sobre todo prensa escrita, donde ofrecían invertir en sus sociedades más conocidas a cambio de recibir elevados intereses. En estas campañas siempre mostraban una "imagen de solvencia y bonanza empresarial del Grupo Nueva Rumasa que sabían que carecía de todo mantenimiento". El tribunal indica que el mecanismo ideado por los acusados consistía en obtener préstamos de los inversores cuya devolución junto con el abono de los intereses se garantizaría mediante la entrega de unos "pagarés de empresa" o "pagarés corporativos" no a la orden, emitidos y avalados por sociedades del grupo. Aprovechando "la confianza general que los consumidores depositaban en los productos comercializados por sus empresas con mayor presencia en el mercado nacional bajo marcas conocidas que se incluían estratégicamente en la publicidad, ocultando siempre su situación real de insolvencia."

Entramado familiar

La resolución señala que se desconoce el número exacto de inversores que pudieron recibir pagarés u otros efectos del grupo, porque existen algunas inversiones opacas, pero al menos se compatibilizan 4.110 personas. El importe total de los fondos captados fue de 337.377.450,60 euros, mientras que el auxilio judicial ha podido identificar la entrada en las cuentas de Grupo Nueva Rumasa de, al menos, 243.476.514 euros procedentes de los adquirentes de pagarés entre los meses de febrero de 2009 y febrero de 2011. Los fondos captados por los acusados se destinaban casi íntegramente a una caja común, desde la que después se redistribuían al resto de sociedades del grupo en función de sus necesidades particulares. La sentencia detalla que los Ruiz Mateos destinaron parte de los fondos recaudados a la adquisición de bienes para la familia, entre ellos vehículos e inmuebles, bajo la titularidad de sociedades españolas que a su vez eran propiedad de otras sociedades en Belice.

Finalmente, para evitar el pago de todo el dinero que se elevaba a 47.975.828 euros, los ya condenados y su padre, conscientes de la imposibilidad de conseguir esta cantidad, "emitieron sucesivamente pagarés a nombre de trece sociedades de Nueva Rumasa por un importe total de 385.353.279 euros de los cuales solo llegaron a abonarse 96.239.433, quedando sin pagar a los inversores 289.113.846". Así pues, 8 de estas sociedades emisoras nunca pagaron a sus inversores.