Nuevo acuerdo entre Junts y el PSOE en el Congreso de los Diputados y más competencias para Catalunya. Juntaires y socialistas han pactado una enmienda transaccional que permite a Catalunya recuperar la gestión integral de los funcionarios de administración local con habilitación estatal. Son los secretarios, los interventores y los tesoreros municipales. Es una competencia “clave para el buen funcionamiento de los ayuntamientos catalanes” que perdieron en 2013 a manos del Gobierno de Mariano Rajoy. El acuerdo se articula a través de una nueva disposición adicional a la Ley de Bases de Régimen Local en el marco de la tramitación de la Ley de función pública del Estado. Concretamente, la Generalitat tendrá las facultades de “creación, clasificación y supresión de puestos, aprobación de la oferta de empleo pública, procesos de selección, nombramiento, procesos de provisión y gestión administrativa integral de estos funcionarios”, según relata Junts en una nota de prensa. El acuerdo permitirá “revertir la situación crítica que sufren” muchos ayuntamientos catalanes, donde el 66% de los puestos de secretaría, intervención y tesorería se encuentran vacantes u ocupados interinamente, cosa que “genera graves disfunciones”.

ERC también lo pactó con el PSC en el acuerdo por el tercer suplemento de crédito del Govern

Hace ocho días, ERC anunció desde Barcelona un acuerdo con el PSC en la misma dirección en el marco del pacto entre los republicanos y los socialistas para el tercer suplemento de crédito del Gobierno. “Ambas formaciones políticas coordinaremos nuestras acciones porque se aprueben en el Congreso las modificaciones legislativas para recuperar todas las facultades que Catalunya tenía atribuidas”, esgrimía la documentación facilitada a los periodistas. Específicamente, mencionaba las facultades de “selección y aprobación de la oferta pública de empleo” para “cubrir las vacantes existentes de las plazas y convocar los procesos de selección”, la facultad de “nombramiento del personal funcionario de estos procesos de selección” y la “asignación del primer destino”.

El PSOE acepta dos enmiendas con medidas “inéditas” para garantizar los derechos lingüísticos de los catalanes

Asimismo, el acuerdo también incluye medidas “inéditas” para garantizar los derechos lingüísticos de los catalanes, como el deber de los funcionarios del Estado de atender a los ciudadanos en la lengua oficial que escojan y la reserva de plazas específicas para catalanohablantes en la función pública del ámbito judicial. También contempla medidas para hacer frente a la grave situación de los empleados públicos en abuso de temporalidad a través de una estabilización de los interinos.

Según ha podido saber ElNacional.cat, eso se traduce en la aceptación del PSOE en dos enmiendas a la Ley de función pública del Estado. Por una parte, en el capítulo de deberes del personal empleado público, se introducirá una enmienda registrada (por separado) por Junts y ERC que estipula que los empleados públicos de las comunidades autónomas con más de una lengua oficial que “ejerzan sus funciones prestando atención al público” y o que “directamente o indirectamente, oralmente o por escrito, se dirijan o generen documentos que vayan destinados a la ciudadanía” tendrán que “adecuar su uso lingüístico a la elección del ciudadano o ciudadana”. Es decir, hablar en el idioma que quiera el ciudadano.

Por otra parte, se aprobará una enmienda de Junts para reservar un contingente de plazas vacantes con especial valoración del mérito del idioma cooficial. “Con carácter excepcional y hasta que […] la tasa de interinato en los puestos de trabajo singularizados en razón de idioma sea inferior al 8%, en las ofertas de empleo pública que elabora el Ministerio de Justicia se reservará un contingente de plazas vacantes singularizadas de acceso libre en las que se establecerá como requisito la acreditación del perfil lingüístico correspondiente del idioma cooficial”, establece la enmienda.

Un pacto nacido hace un año y medio

Este compromiso se arrastra desde enero de 2024 en el pacto entre Junts y el PSOE a cambio del aval a los tres primeros reales decretos ley de la legislatura. Fue el día que los juntaires también consiguieron el acuerdo político para el traspaso de las competencias en inmigración. Se aludía al “reconocimiento de los derechos históricos de Catalunya en materia de régimen local”. Desde las filas de Junts, apelan al artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, que fue tumbado por el Tribunal Constitucional en 2010. Establecía que el autogobierno de Catalunya se fundamenta en los “derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana”, de los que “deriva el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat con relación al derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de estas en el ámbito educativo, y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat”.

La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de Mariano Rajoy

Desde Junts, recuerdan que esta competencia “había sido gestionada con éxito” por la Generalitat hasta la “recentralización impuesta” por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración, que aprobó en 2013 la mayoría absoluta del PP con Mariano Rajoy en la Moncloa. “Se trata de un avance clave para el buen funcionamiento institucional de los municipios y la estabilidad administrativa local”, reivindican los juntaires. La exposición de motivos de la norma de hace doce años dejaba claro que sería el Gobierno quien fijaría las normas sobre los “procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, así como derechos y deberes en el desarrollo de las funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales” para “hacer posible la aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría en sus diversas vertientes, a las entidades locales en términos homogéneos en los desarrollados en otros ámbitos del sector público”.