La entidad catalana Sostre Cívic, que fomenta la vivienda cooperativa en cesión de uso, y la Unitat Antidesnonaments de Barcelona, el servicio municipal de mediación y atención en estos procesos, han sido reconocidas a nivel internacional con los World Habitat Awards. Estos son unos galardones que organizan conjuntamente la ONG World Habitat y la agencia de las Naciones Unidas UN-Habitat para reconocer y difundir las buenas prácticas de todo el mundo en el ámbito de la vivienda. Así pues, Sostre Cívic ha recibido uno de los premios en la categoría de plata por impulsar una alternativa "ética" y "sostenible" al modelo tradicional de propiedad privada en un contexto de "crisis de acceso a la vivienda", señalan los organizadores.
Por otra parte, el Servei d’Intervenció en situacions de Pèrdua de l’Habitatge i/ Ocupacions (SIPHO) de Barcelona ha sido reconocido con el galardón de bronce. EL SIPHO, que se encarga de interceder entre los juzgados, la propiedad inmobiliaria y las familias en situación de vulnerabilidad, aborda cada semana entre 50 y 60 casos, el 90% de los cuales se consiguen suspender.
Los World Habitat Awards son los premios de referencia en el campo de la vivienda y tienen como objetivo reconocer proyectos y programas "innovadores, excepcionales y revolucionarios, de todo el mundo relacionados con el sector", ha explicado este miércoles el consistorio barcelonés en un comunicado. El ayuntamiento ha indicado que la unidad, que desde que se puso en funcionamiento en 2016 ha atendido a más de 14.000 familias, asiste semanalmente una media de entre 50 y 60 casos, consiguiendo que se suspendan el 90% de los desahucios. "El reconocimiento sirve como ejemplo del valor y la importancia de las políticas públicas que ponen el derecho a la vivienda en el centro y la necesidad de medidas estructurales de protección en la futura ley estatal de vivienda", remarca el consistorio.
Dos activistas se enfrentan a seis años de prisión por un desahucio en Sants
El próximo 12 de enero entra en vigor la reforma del Código Penal, que prevé la eliminación del delito de sedición, la rebaja de las penas del delito de malversación a cambio de agravar el delito de desórdenes públicos. Una reforma que no contempla ninguna mejora para los activistas anónimos encausados. Este es el caso de dos integrantes del movimiento de la vivienda, a quienes la Fiscalía pide seis años de prisión a cada uno por haber participado en la defensa de un bloque ocupado de la calle Olzinelles de Sants el año 2020.
Pues bien, la Audiencia de Barcelona ha programado el juicio a los dos activistas para el 24 de enero. Su abogada, Norma Pedemonte, afirma que defenderá su absolución, aunque la reforma no permite tocar el delito de atentado contra la autoridad. Es por eso que, el noviembre pasado, una cuarentena de organizaciones sociales catalanas denunciaron el "retroceso" que implicaba la reforma del Código Penal.