Plataforma per la Llengua ha asegurado que, un año y medio después de la firma del Pacto Nacional per la Llengua, la aplicación del acuerdo "no ha representado ningún cambio significativo en la situación del catalán". El uso de la lengua propia retrocede en todos los ámbitos, según los últimos estudios. Después de haber analizado el grado de despliegue, la entidad concluye que solo se ha ejecutado completamente el 38,8 % de las medidas previstas para 2025, mientras que un 30 % no se ha desarrollado en ningún grado. Por este motivo, el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, y la vicepresidenta de la entidad, Mireia Plana, han reclamado este martes "una revisión profunda del modelo actual, una implicación real de todo el Govern y el impulso de un verdadero pacto nacional que comprometa al conjunto de los actores políticos y sociales en la defensa de la lengua".
La organización en defensa del catalán ha recordado que se adhirió al Pacto Nacional per la Llengua porque consideraba que representaba "un paso en la buena dirección" y que incorporaba una diagnosis acertada de la situación del catalán, y también recursos para afrontarla. Sin embargo, "ya advirtió que el documento no era suficiente" para revertir la emergencia lingüística y se comprometió a hacer un seguimiento riguroso.
Diagnosis
Según el análisis elaborado por la entidad a partir de la información publicada por el Departament de Política Lingüística y de las comprobaciones propias, la ejecución del Pacto "es claramente insuficiente". Sostiene que, al margen del 38,8% de las medidas completadas, "una parte importante de las actuaciones solo se ha desplegado parcialmente o presenta avances limitados".
La entidad recuerda que una de las principales "debilidades" del Pacto es que, a pesar del nombre, "no constituye un auténtico pacto nacional". Según apunta, se trata, principalmente, de un plan de acción del Govern de Salvador Illa que "no ha conseguido implicar plenamente al resto de administraciones ni generar compromisos políticos estables que trasciendan los cambios de govern". Además, incluso para objetivos más limitados, se necesitan "unos mínimos compartidos por las principales fuerzas políticas y por la sociedad civil "que garanticen continuidad en las políticas lingüísticas más allá de los ciclos electorales. Al mismo tiempo, para Plataforma per la Llengua, la normalización plena del catalán requiere cambios profundos en el marco legal estatal que escapan a las competencias actuales de la Generalitat.
La organización también denuncia que muchas de las medidas incluidas en el Pacto "carecen de indicadores claros, planificación realista y mecanismos de evaluación". A juicio de la entidad, el uso reiterado de formulaciones genéricas dificulta determinar el grado real de cumplimiento de los compromisos adquiridos e impide aplicar correcciones cuando los objetivos no se alcanzan.
Departamentos señalados
En cuanto a la responsabilidad política de los resultados, Plataforma per la Llengua reconoce "la implicación" del Departament de Política Lingüística. En cambio, considera que la participación de otros departamentos ha sido "escasa". Para Plataforma per la Llengua, "muchos departamentos continúan tratando la lengua como una cuestión sectorial y no como un objetivo transversal que afecta a todas las políticas públicas". La entidad señala especialmente a los departamentos de Salut, Empresa o Drets Socials de entre aquellos que "han mostrado menos implicación" en el despliegue de las medidas asignadas. En julio, la mitad de las actuaciones que tenía encomendadas el Departament de Drets Socials todavía no se habían aplicado de ninguna manera, asegura.
Ante este escenario, Plataforma per la Llengua insta al Govern a "reforzar" de manera inmediata las políticas lingüísticas en los ámbitos que considera "estratégicos para el futuro del catalán": la enseñanza, la salud y los cuidados, el deporte y el ocio, el comercio, el trabajo y la empresa, y los medios de comunicación públicos.
Acciones prioritarias
En el ámbito educativo, la entidad reclama asegurar que todos los alumnos terminen la enseñanza obligatoria con un dominio pleno del catalán. También pide reforzar la presencia de la lengua en la formación profesional y en las universidades y poner fin a los incumplimientos del derecho de opción lingüística de los estudiantes. En salud y cuidados, Plataforma per la Llengua alerta del aumento de las quejas por vulneraciones de los derechos lingüísticos de los usuarios y reclama un calendario para hacer cumplir la ley de Política Lingüística en la sanidad.
En cuanto al deporte y el ocio, la entidad defiende que son espacios fundamentales de socialización y cohesión social y que deben convertirse en entornos de normalidad lingüística para los niños y jóvenes. En el ámbito del comercio, la empresa y el trabajo, exige la aplicación efectiva de las obligaciones que ya establecen la Ley de política lingüística, el Código de consumo y la Ley de comercio, servicios y ferias, y reclama una normativa más clara que permita garantizar la atención en catalán a los consumidores. Igualmente, pide políticas decididas para que el conocimiento del catalán sea un elemento necesario para desarrollar una carrera profesional en Catalunya. Finalmente, la entidad considera que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals debe asumir con más determinación su función de referente lingüístico y de motor de normalización del catalán.
Plataforma per la Llengua concluye que continuará "fiscalizando y asesorando las actuaciones públicas" y "denunciando los incumplimientos" para garantizar que las administraciones cumplan los compromisos adquiridos con la lengua catalana y con los derechos de los hablantes.