Units Podem, ERC, el PDeCAT, Compromís y Bildu han registrado este lunes en el Congreso la petición para crear una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por el rey Juan Carlos I si se tiene que juzgar por las revelaciones llevadas a cabo por Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
En unas conversaciones grabadas por el comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por delitos de organización criminal, soborno y blanqueo de capitales, la amiga del exjefe del Estado revelaba que el monarca tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones.
El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, lanzó la idea de esta investigación parlamentaria hace dos semanas en un desayuno informativo y después fueron el diputado de Podemos Rafael Mayoral y el de En Comú Joan Mena los que invitaron al resto de grupos a sumarse a la iniciativa para que surgiera con todo el apoyo posible.
Las comisiones de investigación las pueden solicitar dos grupos parlamentarios o 70 diputados, una cifra que Units Podem no obtiene en solitario porque reúne 67 escaños.
Enseguida avanzaron su disposición a firmar la petición los ocho diputados del PDeCAT, los cuatro de Compromís y los dos de EH Bildu que, con Units Podem, suman 81 parlamentarios. Días después se sumó ERC, con lo cual la iniciativa nace con el apoyo de 90 diputados.
La Mesa del Congreso, primer filtro
Una vez registrada tendrá que ser calificada por la Mesa del Congreso y, si pasa el filtro, será la Junta de Portavoces la que ponga fecha al debate en el pleno.
La semana pasada, el PP y el PSOE unieron sus fuerzas en el órgano de gobierno de la Cámara para frenar el intento de Unidos Podemos de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compareciera para explicar si pensaba abrir una investigación sobre las posibles irregularidades fiscales del monarca.
Esta decisión, ante la cual Cs se abstuvo, se argumentó, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos del Congreso, en que la Constitución establece en su artículo 53.6 que "la persona del rey es inviolable" y, por lo tanto, "no está sujeta a ninguna responsabilidad". Además, se invocó para justificarla el carácter "reservado" de "los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el cumplimiento de sus funciones, conforme a lo que se establece en el artículo 96 de la Ley General Tributaria.