El uso de la lengua catalana en los juzgados y tribunales de Catalunya continúa retrocediendo, según los nuevos datos recogidos por el Servicio Lingüístico del Departament de Justícia, a los cuales ha tenido acceso ElNacional.cat este jueves. Las sentencias escritas en catalán solo han sido el 6,34 % (16.714) del total (263.766) en el año 2025, cifra que significa dos décimas menos que el año anterior (6,56 %), pero que marca un goteo constante y negativo año tras año. En el nuevo informe, el último dato recogido es de 2019, con el 8,46 % de resoluciones en catalán (20.750). Las modernas herramientas para traducir y los cursos de catalán que desde el departament, que dirige Ramon Espadaler, se ofrecen a jueces (unos 870 en activo en Catalunya) y fiscales (unos 430), a pesar de ser bien recibidos, no tienen una respuesta efectiva, todavía.
Cabe decir que los ciudadanos que se dirigen a la Administración de Justicia en la lengua propia del país también retroceden: solo en el 6,65 % de las solicitudes se ha optado por pedir la documentación en catalán en el año 2025, cuando en 2024 fue de un 7,42 % y en 2021 se pidió en un 14,71 % de las solicitudes en catalán, según los datos recogidos por Justicia. El Col·legi de la Abogacía de Barcelona ha impulsado un nuevo debate para implicar a todos los profesionales y revertir estas negativas cifras.
Incumplimiento de la opción lingüística
Una explicación de este desistimiento de dirigirse en catalán a la Administración de Justicia es que gran parte de los juzgados continúan incumpliendo la opción lingüística de los ciudadanos catalanes. Según datos de Justicia, el incumplimiento de la opción lingüística cuando se solicita recibir las resoluciones en catalán “es mayoritario”: el 79,10 % del total de resoluciones que se deberían haber respondido en catalán no se han notificado.
En cambio, se indica que se ha atendido la opción lingüística cuando el interviniente ha solicitado recibir la documentación en castellano en el 98,52 % de las resoluciones. Es decir, no se han notificado en catalán las 213.911 resoluciones en las que había una manifestación expresa por parte del interviniente de recibir las notificaciones en catalán.
Los responsables del servicio indican que estos datos se han puesto en conocimiento de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y del secretario de Gobierno del TSJC, y se les ha pedido “la colaboración” para que jueces y letrados de la Administración de justicia garanticen los derechos lingüísticos de la ciudadanía. La presidenta del TSJC, Mercè Caso, públicamente ha defendido que hay que respetar la lengua catalana en los juzgados, que son servicios públicos.
Pocas demandas
Los operadores jurídicos —como abogados, procuradores y notarios— también deben implicarse en usar la lengua catalana en los juzgados, se insiste desde Justicia. En este sentido, se informa de que durante el 2025, de acuerdo con los datos extraídos del sistema de tramitación procesal ejusticia.cat, se han presentado un total de 41.356 (5,21 %) demandas en catalán en los juzgados de los ámbitos civil, mercantil, contencioso administrativo y social, frente a las 752.905 en castellano.
En cuanto al número de actuaciones realizadas en catalán por los letrados inscritos en el turno de oficio, se destaca el incremento que ha habido en los últimos años, que se ha pasado de 15.348 del 2024 a 17.666 en el 2025. La Abogacía Catalana mantiene este compromiso por la lengua propia, que Justicia remunera por cada escrito presentado en catalán.
Cursos en catalán
El Servicio Lingüístico del Departament de Justícia informa de que continúa ofreciendo al personal al servicio de la Administración de Justicia cursos de niveles A2, B1, B2, C1 y lenguaje jurídico (J). En el año 2025 se inscribieron en la formación de lengua catalana 745 personas que trabajan en la Administración judicial (jueces, fiscales, letrados de la Administración de justicia, médicos forenses y resto de personal de las oficinas judiciales), así como alumnos de la Escuela Judicial. De este total, unos 416 (el 56%) terminaron la formación. También se inscribieron en cursos un total de 217 operadores jurídicos, desde abogados a registradores.
Se añade que 296 alumnos obtuvieron el certificado oficial del CEJFE que acredita el nivel correspondiente de lengua catalana. Esta cifra representa un 74 % de los que se presentaron a la prueba, lo que vuelve a implicar una mejora respecto a los resultados de la edición de 2024. Una cifra positiva, aunque no se refleja en la práctica.
Leyes estatales traducidas
Finalmente, se destaca que el Portal Jurídico ofrece 427 normas del Estado en catalán, que se van actualizando con las modificaciones que se publican. Este año se han incorporado 30 leyes nuevas. El servicio destaca el esfuerzo compartido con los profesionales de la EADOP (Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones) de la Generalitat de Catalunya para continuar ofreciendo normativa estatal en catalán durante el período mayo 2021 - noviembre 2024, en que el BOE no se publicaba en catalán.
La realidad, sin embargo, evidencia que los derechos lingüísticos de los catalanes no se respetan en los juzgados: mientras el Poder Judicial anuncia que ofrecerá cursos de catalán para jueces que ejercen fuera de Catalunya, una forense ha presentado recientemente una queja al TSJC porque una jueza de la demarcación de Girona (donde más se usa el catalán) le hizo cambiar de catalán a castellano su peritaje porque desconocía la lengua própia.