El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este jueves que ofrecerá cursos de lengua catalana a los jueces en todo el Estado español, siguiendo la línea iniciada en 2024 con otras lenguas cooficiales y citan “el valenciano o el gallego”. Así se recoge en uno de los dos convenios firmados por la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el conseller de Justicia, Ramon Espadaler. Catalunya ofrece cursos de catalán a jueces, fiscales y funcionarios destinados en el país desde hace al menos 30 años, cuando obtuvo las competencias de la Administración de Justicia, que no incluye al personal judicial, que son cuerpos estatales. Sin embargo, el resultado ha sido decepcionante y aún no se respetan los derechos lingüísticos de los catalanes en los juzgados, como admite la administración y el Consell de l'Advocacia Catalana. Desde el Departament de Justícia se destaca que “es la primera vez que esta formación se ofrece también a jueces destinados fuera de Catalunya”, acción con la que se busca ampliar su alcance y facilitar la capacitación lingüística con independencia del lugar de destino.
En concreto, se detalla que se harán dos actividades formativas: una de iniciación, que corresponde al nivel A2 del marco europeo de referencia, y otra de usuario independiente, que corresponde al nivel B2 de este marco. Se indica que a estos cursos pueden acceder todos los integrantes de la Carrera Judicial, independientemente de su lugar de destino, así como los alumnos de la Escuela Judicial. Hay que recordar, pero, que como la escuela tiene la sede en Collserola, Catalunya ya les ofrece hace años clases de catalán.
Encuentros con Perelló y Peramato
El conseller Espadaler se ha entrevistado con Perelló este jueves en Madrid y después, con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. “El catalán es deficitario en el ámbito de la justicia, y usarlo no es un capricho, sino un derecho de los ciudadanos”, ha manifestado el conseller de Justícia. Una defensa de la lengua propia que también ha hecho la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Mercè Caso, en su balance, este miércoles, del primer año en el cargo del alto tribunal catalán, así como celebrar que se den incentivos.
En concreto, el Govern socialista de Salvador Illa aseguró que estudia volver a implantar una medida, aprobada por el Govern de CiU y eliminada por el tripartito debido a la crisis: pagar incentivos económicos a los jueces para que redacten sentencias en catalán.
Petición de 35 fiscales más en Catalunya
En la reunión con el fiscal del Estado, Espadaler ha explicado que le ha informado que “en consenso con la Fiscalía Superior de Catalunya” se pedirá al Ministerio de Justicia que destine a Catalunya 35 de las 200 nuevas plazas de fiscales anunciadas para todo el Estado este año. “Se requieren estas 35 plazas por las cargas de trabajo que tiene Catalunya; es un poco más que el porcentaje por población (le tocarían 32), pero es un dato objetivo, que da el Poder Judicial”, ha asegurado Espadaler. Actualmente, la plantilla de fiscales en Catalunya es de 430 profesionales, según la última memoria de la Fiscalía Superior de Catalunya.
El conseller ha añadido que este trabajo consensuado y de “lealtad institucional” es el que han realizado con la presidenta del TSJC para reclamar 91 plazas nuevas de jueces en Catalunya este año y 90 más en 2027. Precisamente, la presidenta del TSJC reclamó oposiciones extraordinarias de jueces y funcionarios para cubrir estas plazas, que se plantean para hacer prosperar la transformación judicial que recoge la ley de eficiencia.
Cerca de un millar de inscritos
Garantizar el uso de la lengua propia en los juzgados que están en Catalunya, así como el respeto al derecho civil catalán, ya fue un acuerdo firmado en 1991 por el presidente de Catalunya, Jordi Pujol, y el del Tribunal Supremo y del CGPJ, Pascual Sala Sánchez. Un compromiso no exitoso y que ha ido retrocediendo tres décadas después.
No obstante, se destinan recursos, a pesar de que las sentencias redactadas en catalán no superan el 7 % del total, y que no se respetan la mayoría de los derechos lingüísticos, sobre todo cuando un ciudadano quiere ser informado desde los juzgados en la lengua propia, según los datos oficiales.
El Departamento de Justicia tiene un Servicio Lingüístico del Ámbito Judicial, que lleva a cabo diferentes actuaciones e iniciativas para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos que se relacionan con la Administración de justicia. Se centran en tres ejes: formación en catalán y lenguaje jurídico al personal al servicio de la Administración de Justicia y a los profesionales; traducción y corrección en los juzgados, e incorporación de normativa estatal en catalán en el Portal Jurídico de Catalunya.
En la última memoria del servicio publicada, se indica que en el año 2024 se han inscrito a formación de lengua catalana 657 personas que trabajan en la Administración de justicia (jueces, fiscales, letrados de la Administración de justicia, médicos forenses y resto de personal de las oficinas judiciales), así como alumnos de la Escuela Judicial. También se destaca que 208 alumnos obtuvieron el certificado oficial del CEJFE que acredita el nivel correspondiente de lengua catalana.
Además, se detalla que el curso de lenguaje jurídico continúa siendo el nivel que concentra “más demanda”. Del total de personas inscritas en cursos de catalán, 332 (50,53%) lo hicieron en un curso de lenguaje jurídico. Se explica que este aumento es porque “una parte considerable del personal de la administración de justicia ya tenga el C1 y que el certificado de lenguaje jurídico tenga también un reconocimiento en el baremo de puntuación de conocimientos de catalán en el personal de la administración de justicia”. Sin embargo, este conocimiento en las resoluciones y tramitaciones judiciales no se ve.