Arremangarse por el catalán. El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha asumido el compromiso de que la lengua catalana sea más presente y respetada en el ámbito jurídico en Catalunya, después de las decepcionantes estadísticas de los últimos años; y no solo en los ámbitos profesionales. El uso del catalán ha caído a los mínimos más bajos de los últimos veinte años y los ciudadanos que emplean habitualmente la lengua del país son solo el 32, 6%, según la encuesta de usos lingüísticos de población, que elabora cada cinco años el Govern y que se publicó el año pasado. La apuesta del ICAB es convocar a todos los profesionales implicados, desde juristas, académicos y políticos, para hacer un diagnóstico compartido sobre el escaso uso de la lengua propia del país en los juzgados y las facultades, para después proponer acciones concretas para reavivar el catalán. Diálogos sobre el catalán en el derecho, es el nombre del ciclo impulsado por el ICAB y la primera sesión será este martes, 12 de mayo, a las seis y media de la tarde, con el título La diagnosis de la salud del catalán en el ámbito jurídico.
La defensa del catalán es una prioridad en la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona, con la decana Cristina Vallejo, que al entrar en la institución con su equipo, el pasado junio, creó la Comisión de la Lengua Catalana del ICAB. Por eso, el primer diálogo será presentado por diputados de esta comisión, Alexander Salvador y Quim Clavaguera. Intervendrán el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, el presidente del Consell de l'Advocacia Catalana y decano del Colegio de Abogados de Vic, Rogeli Montoliu, y la vicepresidenta de Òmnium Cultural y responsable de lengua de la entidad, Marina Gay. Gay presentará la diagnosis sobre el estado actual del catalán en el ámbito jurídico. El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, clausurará el acto.
“Hablar con todos los actores”
En conversación con ElNacional.cat, Alexander Salvador explica que la voluntad del ICAB es “hablar con todos los actores implicados para ir a la raíz y no al final” de los motivos del bajo uso del catalán en los escritos jurídicos, los juicios y en las clases de Derecho. “Queremos hacer una radiografía global, de 360 grados, y esta no es posible sin escuchar a todo el mundo del derecho”, asegura Salvador.
Es por eso que este espacio de reflexión y debate en torno al uso y la situación de la lengua catalana en el ámbito jurídico tendrá diversas sesiones. La segunda se centrará en profundizar el estado del catalán en el ámbito de la Justicia; la tercera, el papel de las facultades de Derecho, y la cuarta se dará voz a los profesionales jurídicos, como son los notarios, los letrados y los procuradores. Al final, el ICAB propondrá una “batería de acciones” que contribuya a impulsar y normalizar el uso del catalán en este sector.
Datos preocupantes
En el ámbito de la administración de Justicia, hace tiempo que las cifras evidencian el poco empleo que hacen del catalán todos los operadores jurídicos, además del menosprecio de los derechos lingüísticos de los catalanes por parte de los juzgados. Así se recoge en los últimos informes del Departament de Justícia, como en los de Plataforma per la Llengua.
En la ponencia de este martes, la vicepresidenta de Òmnium recordará estos datos oficiales y decepcionantes. Por ejemplo: 291.817 resoluciones que se deberían haber notificado en catalán no se han notificado; es decir, que no se respeta la lengua con la cual pide ser atendido el ciudadano. Según datos oficiales, en un 79, 32% de resoluciones no se respeta la opción lingüística del catalán elegida por el ciudadano, a pesar de que el sistema informático judicial actual (e-justicia.cat) lo permite, y de forma muy fácil desde 2021. Por el contrario, el incumplimiento en la opción de la lengua castellana es de un escaso 1,7 0%.
Se añade que en un 75 % de los casos, los jueces no responden en catalán. También es bastante conocido por todos que solo un 6,5 % de las sentencias se escriben en catalán, según la memoria de Justicia de 2024.
Marina Gay también expondrá que cerca de un 49 % de los catalanohablantes cree que utilizar el catalán puede perjudicar sus intereses en un juicio, según el CEO de 2023. En este sentido, el presidente de la Abogacía Catalana, Rogeli Montoliu, admite, en una entrevista con este diario, que buena parte de los abogados catalanes cambian de lengua si de entrada el juez o la jueza les saluda en castellano. La excusa: no perjudicar a su cliente.
Y un dato para los gobernantes: más del 70 % de los ciudadanos están de acuerdo con exigir un nivel de catalán a los jueces para poder ejercer en Catalunya. Actualmente, solo es un mérito saber la lengua de la comunidad donde los funcionarios estatales van a trabajar. En Catalunya, hay sectores que hace tiempo reclaman que sea “un requisito” saber el catalán para trabajar en la administración pública en Catalunya, aunque sea un cuerpo estatal.
Pruebas de la abogacía, un 5%
En el ámbito de la formación, se informa que hay “grandes diferencias” del porcentaje de horas de catalán entre universidades y másteres. La falta de formación y manuales en catalán puede ser la respuesta a que solo un 5% de los licenciados haga las pruebas de acceso a la abogacía en catalán. Un examen coordinado por el Gobierno, que el primer año se tuvo que reclamar desde Catalunya que tuviera la opción en catalán. Con este panorama, hay trabajo para todos.