Un osito, hecho de flores de tela blanca y roja, preside un rincón del mostrador judicial. Está justo detrás de la cabeza de una adolescente, sentada en una silla. Llora, protegida por familiares, que la rodean, de pie. La escena es de hace una semana. Están en el fondo del pasillo de la planta 11 del edificio I de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Un espacio frío. Allí está la flamante sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (VIA), creada a finales de diciembre pasado, tal como prevé la ley orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia, la 1/2025, para cumplir el mandato de otra ley orgánica, la 8/2021, que ordena la especialización de los órganos judiciales para atender los casos que afectan a niños y niñas. El legislador, sin embargo, por ahora se ha quedado corto. Solo ha aprobado la creación de tres secciones especializadas para proteger a menores: en Barcelona, Madrid y Murcia. El País Valencià debía tener una, pero finalmente no ha sido recogida. ¿Qué harán estas secciones? ¿Y cuándo se implantan en el resto de juzgados catalanes? ¿Puede haber conflicto de competencias con otras jurisdicciones, como han alertado grupos de expertos?
¿Cuáles son las competencias?
En concreto, las nuevas secciones VIA, tal como dice su nombre, atenderán todos los casos donde se haya cometido un delito contra un menor de edad. Desde un homicidio a un robo. Así, por ejemplo, si un grupo de jóvenes sufre un robo, y entre ellos hay un menor, la causa se derivará a la sección VIA, y su “tramitación será preferente”, indica la norma, “para evitar la victimización secundaria derivada de la pendencia del proceso penal”.
En el resto de partidos judiciales que no tienen esta sección especializada, los delitos cometidos a niños, niñas y adolescentes continuarán siendo investigados por los juzgados de instrucción, ahora convertidos en tribunales de instancia (TI) dentro de la sección de Instrucción, con distintas plazas, para enumerar los jueces. No todos tendrán la especialidad requerida para atender a un menor.
Aparte, no hay que olvidar que, en los casos en que el menor de edad sea acusado de un delito, será investigado por los jueces de menores, una jurisdicción especializada, donde no hay penas de prisión, sino medidas educativas y, en los delitos más graves, el internamiento del menor en centros de justicia juvenil.
La reforma implica que los Tribunales de Instancia podrán estar integrados por las secciones de Familia, Infancia y Capacidad; de Mercantil; de Violencia sobre la Mujer; de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia; Penal; de Menores; de Vigilancia Penitenciaria; del Contencioso Administrativo; y Social.
El principal cambio organizativo implica que los funcionarios trabajen en servicios comunes para las distintas secciones y no para juzgados, de forma individual. En el partido judicial de Barcelona, con un gran volumen de expedientes, el Ministerio y el Departament de Justícia y la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acordaron que la implantación sea progresiva.
Los problemas detectados son la falta de jueces, de personal y que esté formado, y la digitalización del ámbito penal, según la decana de los tribunales de instancia de Barcelona, Cristina Ferrando. Precisamente, el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, anunció este viernes 90 jueces más para Catalunya, además de los 91 ya aprobados; en un acuerdo con el Gobierno del PSOE y ERC. Así, Catalunya pasará de tener 870 jueces en 2025, a 961 en 2026, y a 1.051 en 2027, según ha anunciado Justicia.
El principio de concentración
Cristina Díaz-Malnero, diputada de la junta del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), explica a ElNacional.cat que el objetivo de la sección VIA es “cumplir el principio de concentración, es decir, proteger a la víctima y no hacerle hacer un peregrinaje por la policía y diferentes juzgados”, tal como se hizo en la prueba piloto de un juzgado de Las Palmas. “Es decirle a la víctima: 'Este es tu juzgado para ahora y parasiempre'”, declara Díaz-Malnero.
A pesar de que la especialización de los juzgados aún no llega a todos los partidos judiciales, la abogada añade que "hay un buen momento de sinergias" entre los operadores jurídicos y las administraciones para llevar a cabo los cambios. Eso sí, insiste, como hizo la decana del Icab, que "hacen falta más jueces en Catalunya". "Todos estamos trabajando mucho. Estos cambios tienen que ser para garantizar una tutela judicial efectiva y los abogados tenemos que explicarlos a la ciudadanía", concluye Díaz-Malnero.
La abogada, especializada en Familia y mediadora, explica que la nueva sección VIA debe seguir el modelo del Barnahus (casa de los niños), donde los menores que han sufrido violencia sexual son atendidos en un centro, y son los profesionales y operadores jurídicos quienes se desplazan allí para hacer los interrogatorios con el fin de mejorar su atención. Recientemente, la Generalitat informó que en 2025, el primer año de despliegue del servicio en todo el país, se han atendido un total de 3.735 casos en los 14 centros abiertos en Catalunya, el primero en Tarragona.
¿Conflicto con la sección de Violencia contra la mujer?
Uno de los puntos polémicos de la ley es que precisa que, en los casos en que los hechos que se hayan de investigar puedan ser de la Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia y también de la Sección de Violencia sobre la Mujer, “la competencia le corresponderá en todo caso a la última”. Recordemos que, con la reforma, los tribunales que atienden casos de violencia contra la mujer ya no se limitan a las agresiones en la pareja o la expareja, sino a todo tipo de violencia sexual contra mujeres, tengan o no relación con el agresor, hecho que ha obligado a reforzar estos tribunales.
En este sentido, el grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizó posibles “conflictos de competencias” entre estas dos secciones y ofrece soluciones jurídicas. Uno de excepcional es en el caso de que una adolescente haya padecido una agresión por parte de su pareja: hay juristas que defienden que ha de ir a la sección de Violencia a la Mujer —especialidad implantada en todo el Estado— y otros, a la de Violència contra la Infància, al considerar que no recibiría la atención especializada que sí tendrá si el afectado es un chico. Hay que recordar que no se considera legal ninguna relación sexual con menores, solo, excepcionalmente, entre adolescentes de edades similares. En el Estado español ya ha habido resoluciones contradictorias en este sentido, y el Tribunal Supremo tendrá que aclararlo y establecer jurisprudencia, avanza una magistrada.
Una treintena de casos
La Abogacía de Barcelona informa que, por ahora, no ha recibido ninguna consulta sobre algún caso conflictivo entre las secciones de Violencia contra la Mujer y la de Violencia contra la Infancia. El servicio del Turno de Oficio del ICAO, comisión que dirige la abogada Cristina Capuz, ha recibido tres peticiones de designar un abogado de oficio directamente para la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (VÍA) y unos treinta telefonemas que han pasado a esta sección, desde el 1 de enero pasado.
Ámbito provincial, descartado
Por su parte, la sala de gobierno del TSJC, con la presidenta Mercè Caso, propuso al órgano de gobierno de los jueces que la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia “extendiera su jurisdicción a todos los partidos judiciales de la provincia de Barcelona”, tal como la ley permite a esta sección y a la de Violencia contra la Mujer, donde ya se han agrupado partidos judiciales. El CGPJ, sin embargo, ha dado un portazo al TSJC, argumentando que “no tiene datos” para aprobar esta ampliación y que implicaría destinarle un magistrado más. Por ello, el TJSC ha acordado realizar un control estadístico de casos, donde haya niños, niñas y adolescentes víctimas en Catalunya durante el primer semestre del 2026 para volverlo a solicitar.
Por ahora, las cifras disponibles en Catalunya son las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, gestionadas por el Departament de Justicia. Han atendido a 14.845 personas, de las cuales 2.318 menores de edad, según la estadística semanal de la primera semana de febrero.
A pesar de las carencias, los operadores jurídicos no defallecen en cumplir los mandatos de la especialización de jueces y fiscales. Así, Guillermo Benlloch Petit, que estaba en un juzgado Penal de Barcelona, ha sido nombrado para ocupar la plaza 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona. Y la Fiscalía de Barcelona ha nombrado al fiscal Félix Martín, encargado de la nueva sección especializada de delitos violentos contra niños, niñas y adolescentes, así como otros colectivos vulnerables.
Y, desde el Departament de Justicia se informa que la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia se incorpora al Tribunal de Instancia de Barcelona, que cuenta con una oficina judicial, dentro del Servicio Común de Tramitación que tiene un área de instrucción y VIA. La oficina cuenta actualmente con 137 Gestores Procesales Administrativos y 97 Tramitadores Procesales Administrativos.