Los jueces de Barcelona han decidido establecer un criterio conjunta la hora de interpretar el último decreto antidesahucios del Govern. La posición común de la judicatura acepta que los juzgados de primera instancia, ante un desahucio de personas o familias vulnerables en el caso de los grandes tenedores, tendrán que verificar primero si se ha hecho la oferta de alquiler social. Son, precisamente, los magistrados quien se encargan de aceptar o denegar las órdenes de desahucio en la ciudad. Eso sí, el documento avisa de que podrán aplicar el decreto con ciertas "restricciones", ya que en lo mismo avisan de su posible "inconstitucionalidad".
El documento se refiere al Decreto Ley 37/2020, aprobado por el Govern de la Generalitat el pasado 3 de noviembre con el aval de JxCat, ERC, CatECP y la CUP-CC. En este se prohíbe los desahucios mientras dure el estado de alarma hasta que el gran tenedor propietario de la vivienda ofrezca un alquiler social obligatorio. Una medida que reforma la ley 24/2015 del Parlamento de Catalunya, introduciendo nuevas normas de carácter procesal.
Así lo consideran los magistrados, que a pesar de manifestar "serias" dudas al respecto - sobre todo en términos de constitucionalidad con respecto a las competencias catalanas - admiten que los jueces tienen que conocer estos procedimientos". Si bien, más adelante matizan que pueden ser interpretadas de forma "restrictiva", ates a su carácter "de excepcionalidad".
En esta posición común se acaba remarcando que a pesar de no tener un carácter "vinculante", se trata de la posición mayoritaria de los jueces barceloneses de primera instancia a efecto de "reducir los litigios" y fomentar una "mayor seguridad jurídica" en este tipo de actuaciones judiciales
El Govern se muestra "satisfecho"
Por su parte, el Gobierno se muestra "satisfecho" del posicionamiento favorable de los jueces. El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha asegurado que esta posición común "beneficia directamente" en todas a aquellas familias "vulnerables", ya que pone el poder judicial "al lado y al servicio" de las personas en el contexto actual de crisis sanitaria y económica.
En este sentido, el conseller apunta que no sufren por una eventual inconstitucionalidad porque los jueces están "para aplicar las leyes". "El único que puede pronunciarse sobre este hecho es el Tribunal Constitucional (TC) si se presentaran recursos, y no nos consta se haya presentado ninguno" ha afirmado.
Según el |conseller, a partir de esta posición conjunta los magistrados reconocen que el decreto de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda delante de la Covid-19, vincula sus decisiones y que, por lo tanto, tienen que aplicar la normativa.
"La judicatura acepta que los juzgados de primera instancia ante un desahucio de personas o familias vulnerables en el caso de los grandes tenedores tendrán que verificar si se ha hecho la oferta de alquiler social obligatorio, y en caso de que no se haya seguido la normativa, suspender el desahucio" ha explicado, añadiendo que se trata del objetivo que la Generalitat buscaba.