El Parlament ha dado luz verde a un nuevo intento del Govern en forma de decreto ley con el fin de parar desahucios mientras dure la pandemia de la covid-19. Y es que esta ha sido una de las materias pendientes del Ejecutivo desde el fin de la primera ola, la cual ha aflorado en la agenda política y mediática desahucio tras desahucio.
El decreto se ha convalidado con 77 votos favorables de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, 4 en contra del PP, y 54 abstenciones de Cs y el PSC-Units.
De hecho, el Govern se vio obligado a aprobar este decreto el pasado 3 de noviembre después de la polémica generada por uno de los últimos desahucios hechos en Catalunya. Fue a finales de octubre, cuando los Mossos desalojaron de su casa en Barcelona a una familia con tres niños pequeños una hora antes del inicio del toque de queda. La familia había reocupado la casa poco después de ser desahuciada.
Concretamente, el decreto recuerda la obligación para los "grandes tenedores" de "formular una propuesta de alquiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales". Además, hace extensiva esta obligación a casos de impago de una hipoteca.
Imagen del desahucio de la familia con tres menores / Foto: Sindicato de Vivienda de Nuevos Barrios
Con la voluntad de blindar el derecho a la vivienda, el decreto obliga a interrumpir y suspender cualquier procedimiento de desahucio que afecte "hogares vulnerables sin alternativa habitacional" a los que no se les haya ofrecido este alquiler social.
El decreto ley también suspende "las ejecuciones de resoluciones judiciales" que comporten el desalojo de personas o familias "dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial" previstos por la misma ley mientras dure el estado de alarma, el cual está previsto, como mínimo, hasta el 9 de marzo del 2021.
La ley también prohíbe de manera excepcional echar a personas que hayan ocupado un inmueble de un gran tenedor entre julio del 2019 y el inicio del actual estado de alarma si cumplen los requisitos de vulnerabilidad.
Por último, el decreto afirma que los Mossos d'Esquadra y las policías locales tendrán que solicitar "un informe urgente a los servicios sociales de la administración pública" cuando reciban una denuncia solicitando medidas cautelares relativas a desocupaciones. Sin embargo, en el texto consta que este informe se tendrá que solicitar siempre y cuando las personas a desalojar "se encuentren dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial previstos en esta ley".
Los reproches de la oposición por motivos bien diferentes
A pesar de la defensa del decreto hecha por el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, este no se ha ahorrado las críticas de la oposición por motivos bien diferentes: desde una posible inconstitucionalidad hasta las últimas desocupaciones de los Mossos.
El conseller Calvet durante su intervención / Foto: ACN
La diputada de Cs Noemí de la Calle ha criticado el decreto acusando al Govern de "no haber protegido nunca el derecho a la vivienda". Ha puesto como ejemplo que "del 15% de vivienda social que tendría que haber hecho a la Generalitat sólo existe el 2%". La diputada también ha acusado al Ejecutivo de fomentar el okupació de pisos y de dejar expuestos a los propietarios particulares.
La diputada socialista Rosa Maria Ibarra ha calificado la modificación de decreto de "chapuza" y ha asegurado que "les genera muchas dudas", insinuando su inconstitucionalidad. Ibarra ha reprochado que Incàsol sólo haya construido 30 viviendas públicas en los últimos dos años.
Por parte de los comuns, la parlamentaria Susana Segovia ha asegurado que el decreto puede ser "una nueva cortina de humo" y ha calificado "de irresponsabilidad" anunciar que no habrá más desahucios "cuando saben que no es verdad", dirigiéndose al Govern. Segovia también ha reprochado que no se estén aplicando las sanciones previstas por la ley de regulación de los alquileres.
La diputada de la CUP Maria Sirvent ha reprochado al Ejecutivo los desahucios que se han producido en los últimos meses y ha reclamado que se retiren las multas a los denunciados por los Mossos por querer parar desahucios.
Por último, el diputado popular Daniel Serrano ha anunciado que su grupo se planteará presentar un recurso contra el decreto en el Tribunal Constitucional "por vulnerar competencias procesales".