Francia continúa conmocionada por el robo de ocho joyas históricas de la corona francesa en el Museo del Louvre, un episodio que ha dejado al descubierto graves deficiencias en la seguridad de una de las instituciones culturales más emblemáticas del país, de Europa y del mundo. El robo, perpetrado por cuatro individuos en tan solo siete minutos, ha encendido todas las alarmas sobre la gestión de un museo que, a pesar de ser un símbolo universal, sufre infraestructuras envejecidas, falta de personal y saturación de visitantes. Además, se ha puesto en cuestión el papel del Estado en la protección del patrimonio nacional. 

Las primeras investigaciones indican que los ladrones aprovecharon puntos vulnerables conocidos desde hacía tiempo. Según fuentes del Tribunal de Cuentas, en los últimos cinco años solo se han instalado 138 cámaras nuevas, lo que deja sin vigilancia dos terceras partes de las salas. El mismo informe, que se tenía que publicar a finales de año, ya advertía que la dirección del Louvre destinaba una parte muy reducida de su presupuesto —unos 323 millones de euros anuales— a seguridad, aunque las necesidades estimadas eran muy superiores. Además, algunos equipos técnicos se encuentran obsoletos, y la modernización de los sistemas de protección contra incendios aún no se ha completado.

La alarma no se activó hasta que los ladrones ya salían del museo

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha reconocido públicamente que “hemos fallado”, después de que los delincuentes consiguieran aparcar un montacargas en el centro de París, acceder a un balcón, romper los cristales y huir con el botín antes de que la policía pudiera intervenir. Fuentes cercanas a la investigación confirman que la alarma no se activó hasta que los ladrones ya salían del museo, lo cual sugiere un mal funcionamiento del sistema o incluso su desactivación previa. El historiador del arte Didier Rykner ha asegurado que una de las alarmas de las ventanas había sido desconectada un mes antes por problemas técnicos recurrentes.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, ha atribuido parte de la responsabilidad a “cuarenta años de abandono” en materia de seguridad y ha anunciado una revisión exhaustiva de los protocolos. También ha recordado que el proyecto de renovación del museo, valorado en unos 800 millones de euros, destina 160 millones específicamente a reforzar la seguridad. No obstante, ha admitido que los procedimientos de contratación pública son lentos y que el Louvre “no fue concebido para el volumen actual de visitantes” —cerca de nueve millones anuales— ni para las nuevas formas de delincuencia.

El incidente ha tenido repercusiones institucionales inmediatas. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha ordenado una revisión nacional de los dispositivos de seguridad de todos los museos y edificios culturales del país. Al mismo tiempo, el presidente Emmanuel Macron ha calificado el robo como un “ataque al patrimonio” y ha prometido recuperar las joyas sustraídas y llevar ante la justicia a los autores.

Mientras tanto, el Louvre ha permanecido cerrado durante dos días consecutivos, dejando a miles de turistas a las puertas sin explicaciones claras. El museo ha asegurado que los visitantes recibirán el reembolso de las entradas y ha lamentado los “motivos excepcionales” que han obligado al cierre. El robo ha encendido todas las alarmas sobre la gestión de un museo que, a pesar de ser un símbolo universal, sufre infraestructuras envejecidas, falta de personal y saturación de visitantes. Documentos internos revelan que la dirección ya advertía de problemas de climatización y filtraciones, así como de la necesidad urgente de inversiones estructurales.