La consellera de Territori, Ester Capella, ha asegurado este miércoles que la Generalitat recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga al Govern a pagar cerca de 81 millones de euros a Renfe por la ampliación de servicios desde el "traspaso" de ciertas competencias en 2010 y el aumento del canon del operador de la infraestructura ferroviaria, Adif. Facturas de las que los sucesivos governs de Puigdemont, Torra y Aragonès se han negado a hacerse cargo, al considerar que son pagos que corresponden al titular de Rodalies, el Ministerio de Transportes español, por lo que se ha entrado en litigios. En una entrevista a Cadena Ser Catalunya, Capella ha asegurado que el Govern se "plantó" y decidió dejar de pagar estos importes porque los servicios tampoco funcionan. "Si no cumples con las obligaciones, la Generalitat tiene derecho a plantarse", ha dicho Capella, que ha defendido que la sentencia "no se ajusta a derecho".
Según la consellera de Territori, el estado español "es el principal incumplidor" porque no ha cumplido con sus "obligaciones" en el traspaso de 2010, mediante el cual la Generalitat adquirió las competencias sobre horarios y tarifas. Además, ha criticado que el grado de ejecución presupuestaria en infraestructuras es solo del 19%. "La Generalitat, en un momento determinado, se planta —en 2016, con el ejecutivo de Puigdemont— porque el Estado se hace cargo de estas ampliaciones de servicio en otros lugares del Estado, y en Catalunya, no solo no se hace cargo, sino que los servicios de los que deben ocuparse Renfe, Adif y el ministerio tampoco funcionan", ha argumentado Capella.
La sentencia obliga a la Generalitat a pagar 81 millones de euros a Renfe
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condenado al Govern de la Generalitat a pagar 80,9 millones de euros a Renfe por haber añadido nuevos servicios desde el traspaso de 2010 y al considerar que debe hacerse cargo del aumento de canon que reclamaba Adif. La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo señala una deuda forjada durante los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y 2019; y menciona ejecuciones como la prolongación de la línea del Maresme hasta Arenys de Mar, la línea 1 de Girona inaugurada en 2014 o la línea 1 de Tarragona, del mismo año.
La cuestión se remonta a 2010, cuando la Generalitat, entonces con el Gobierno tripartito de José Montilla, adquirió las competencias sobre horarios y tarifas, pero, además, con la condición de que toda ampliación de servicios o frecuencias iría a cargo de la Generalitat. Entre 2011 y 2016 todo fue tal y como estaba indicado, pero en 2017, Adif, empresa pública gestora de la infraestructura, sube el precio del canon por el paso de trenes y Renfe decide pasar la factura a la Generalitat, a lo que el Govern, entonces encabezado por Carles Puigdemont, se opone, alegando que la infraestructura es competencia del Ministerio de Transportes español, y deja de pagar, política que también han seguido los governs de Torra y Aragonès; de forma que empieza un litigio que ha desembocado en a esta sentencia del TSJC.
Reitera la reclamación del traspaso integral de Rodalies
A raíz de la polémica por la sentencia del TSJC, la consellera de Territori, Ester Capella, ha reiterado la petición del Govern de un "traspaso integral" de Rodalies. Capella ha admitido que ni al día siguiente ni al cabo de un año de este traspaso se habría conseguido revertir "la desinversión histórica" en infraestructuras en Catalunya, pero ha defendido que el Govern tiene "la capacidad de entender el país" y de diseñar un sistema ferroviario eficiente. De hecho, la sentencia llega justo cuando el traspaso de toda la infraestructura de Rodalies ha vuelto a la palestra del debate público como una de las reclamaciones del Govern de Pere Aragonès y de ERC a cambio del apoyo a la investidura del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez: "recursos económicos pertinentes, titularidad de la infraestructura, material y personal y uso", apuntaron. A pesar de la histórica demanda, que lleva tiempo reclamándose debido al servicio deficiente de Rodalies, con multitud de incidencias y retrasos, la respuesta del gobierno estatal ha sido negativa, ya que el Ministerio de Transportes, titular en estos momentos, lo considera una infraestructura de Estado y, además, también funciona para otros servicios estatales como la media distancia o mercancías.