El Tribunal Superior de JustÍcia de Catalunya (TSJC) ha condenado al Govern de la Generalitat a pagar 80,9 millones de euros a Renfe por haber añadido nuevos servicios desde el traspaso de 2010 y al considerar que debe hacerse cargo del aumento de canon que reclamaba Adif. La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo señala una deuda forjada durante los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y 2019, según han adelantado este miércoles varios medios; y menciona ejecuciones como la prolongación de la línea del Maresme hasta Arenys de Mar, la línea 1 de Girona inaugurada en 2014 o línea 1 de Tarragona, del mismo año. La sentencia llega justo cuando hace meses que ha vuelto a ponerse sobre la mesa el traspaso integral de Rodalies —que ahora depende del Ministerio de Transportes— a la Generalitat, una reclamación histórica por el servicio deficiente del operador ferroviario.
La cuestión se remonta a 2010, cuando la Generalitat, entonces con el Govern tripartito de José Montilla, adquirió las competencias de "gestión, regulación, planificación, coordinación e inspección de servicios y actividades, y la potestad tarifaria sobre el servicio", aunque en la práctica no supuso un gran cambio, ya que se reducía a competencias sobre horarios y tarifas. Pero, además, con la condición de que toda ampliación de servicios o frecuencias fuera a cargo de la Generalitat.
Entre 2011 y 2016, todo fue según lo indicado, pero en 2017, Adif, empresa pública gestora de la infraestructura, sube el precio del canon por el paso de trenes y Renfe decide pasar la factura a la Generalitat, cosa a la que el Govern, entonces encabezado por Carles Puigdemont, se opone, alegando que la infraestructura es competencia del Ministerio de Transportes español, y deja de pagar; de forma que empieza un litigio que ha llevado a esta sentencia del TSJC.
Los governs posteriores de Quim Torra y Pere Aragonès han seguido la misma línea, sin querer hacerse cargo de la factura que pasa Renfe, que ha ido aumentando año tras año. De hecho, en 2022, el ejecutivo de Aragonès envió un comunicado negándose a pagar este importe que el operador ferroviario reclamaba. Ahora, los tribunales dictaminan a favor de Renfe y hacen pagar a la Generalitat un total de 80,9 millones de euros más las costas del juicio. El Govern, sin embargo, puede interponer un recurso de casación.
El Govern recurrirá
La consellera de Territori, Ester Capella, ha asegurado este miércoles que la Generalitat recurrirá contra la sentencia del TSJC. En una entrevista a la Cadena Ser, Capella ha asegurado que el Govern "se plantó” porque “los servicios tampoco funcionan”. “Si no cumples con las obligaciones, la Generalitat tiene derecho a plantarse”, ha dicho Capella, que ha defendido que la sentencia “no se ajusta a derecho”. En su opinión, el estado español “es el principal incumplidor” porque no ha cumplido con sus “obligaciones” en el traspaso de 2010. Además, ha criticado que el grado de ejecución presupuestaria en infraestructuras es solo del 19%.
"La Generalitat, en un momento determinado, se planta porque el Estado se hace cargo de estas ampliaciones de servicio en otros lugares del Estado, y en Cataluña, no solo no se hace cargo, sino que los servicios de los que deben ocuparse Renfe, Adif y el ministerio tampoco funcionan", ha argumentado Capella. A raíz de esto, la consellera de Territori ha reiterado la petición del Govern de un “traspaso integral” de Rodalies. Capella ha admitido que ni al día siguiente ni después de un año de dicho traspaso se habría logrado revertir “la desinversión histórica” en infraestructuras en Cataluña, pero ha defendido que el Govern tiene “la capacidad de entender el país” y de diseñar un sistema ferroviario eficiente.
El traspaso integral de Rodalies, sobre la mesa
La sentencia del TSJC llega justo cuando el traspaso de toda la infraestructura de Rodalies ha vuelto a la palestra del debate público como una de las reclamaciones del Govern de Pere Aragonès y de ERC a cambio del apoyo a la investidura del presidente del gobierno español en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez: "recursos económicos pertinentes, titularidad de la infraestructura, material y personal y uso", apuntaron. Pese a la histórica demanda, que lleva tiempo reclamándose debido al servicio deficiente de Rodalies, con multitud de incidencias y retrasos, la respuesta del gobierno estatal ha sido negativa, puesto que el Ministerio de Transportes, que es el titular, lo considera una infraestructura de Estado y, además, también funciona para otros servicios estatales, como la media distancia o mercancías.