En una semana marcada por el 8-M, el Gobierno de coalición ha conseguido presentar una de sus grandes promesas: la ley de libertades sexuales, la del sólo sí es sí. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley, que irá a las Cortes españolas. Esta era la prioridad absoluta de la ministra Irene Montero desde que cogió las riendas de Igualdad. No obstante, el camino hasta aquí se ha complicado. El resultado: se acaba con la distinción entre abuso y agresión y cualquier relación requerirá de consentimiento explícito.

La nueva ley de libertad sexuales y contra las violencias contempla que las violaciones serán castigadas con penas de prisión que irán de los cuatro a los diez años, y que podrán llegar hasta los doce años con un agravante y hasta los quince años con dos agravantes. Tal como establece el Convenio de Estambul, toda penetración sin consentimiento será considerada una violación.

Por otra parte, desaparece la figura del "abuso sexual", que ahora pasa a ser todo "agresión". Se acaba con la distinción entre abuso y agresión. Así, cualquier delito contra la libertad sexual —que no sea violación— será castigado con penas de entre uno y cuatro años de prisión, si no está el consentimiento expreso.

"Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, de acuerdo con las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto", recoge el anteproyecto de ley.

"Es la ley del movimiento feminista", ha defendido Irene Montero desde la sala de prensa de La Moncloa, que ha asegurado que la norma convierte España en un "referente internacional en la protección de los derechos de las mujeres". La ministra de Igualdad ha subrayado el "carácter integral" y ha reiterado el agradecimiento al movimiento feminista.

"Igualdad gana la batalla a Calvo"

La llegada de la ley hasta el Consejo de Ministros ha sido más complicada de lo que se podría haber pensado. Sobre todo por la reforma que implica del Código Penal, que se coordina desde el Ministerio de Justicia. Fuentes del Ministerio de Igualdad denuncian que "Calvo y Justicia pretendían paralizar la ley del sólo sí es sí". Por eso consideran que "han ganado la batalla a Calvo".

En este sentido, adelantan que "a este ministro de Justicia hace falta obligarle para hacer avances feministas, esta será una de las batallas esta legislatura". Se muestran sorprendidos por las "reticencias" y critican lo que consideran "excusas de cuestiones técnicas".