La Audiencia Nacional tiene parada la investigación a los ayuntamientos que aprobaron mociones de apoyo a la resolución del Parlament de Catalunya para la ruptura con el Estado español, que prosperó coincidiendo con el aniversario de la consulta del 9-N. El Tribunal Constitucional la anuló pero no pudo frenar los apoyos de las administraciones locales que se pusieron al servicio del Parlament para garantizar el procés. Y se activó la maquinaria judicial contra los ayuntamientos.

Pero cinco meses después, la investigación que dirige el magistrado del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, está paralizada, según ha podido saber El Nacional de fuentes judiciales. La Audiencia dice que le falta parte de la documentación que tendrían que haber aportado los Mossos. 

Tampoco avanza el caso del único concejal imputado por el procés, Joan Coma Roura, de Capgirem Vic, después de que Josep Anglada, de Plataforma Vigatana, lo denunciara ante la Guardia Civil. Su caso sigue una vía paralela pero todo va a parar a lo mismo, porque se lo imputó por su intervención en el pleno donde se aprobaba la moción de apoyo al Parlament. 

Sin noticias en los ayuntamientos 

Con la aprobación de la declaración de ruptura del Parlament de Catalunya el 9 de noviembre de 2015 empezó un goteo de mociones de apoyo de los ayuntamientos que se ponían a disposición de la cámara para hacer lo que fuera necesario para la desconexión. 

El Tribunal Constitucional anuló la declaración y con la anulación llegaba la prohibición implícita de apoyarla. Pero lejos de parar los apoyos institucionales de los ayuntamientos, los plenos municipales siguieron aprobando las mociones animados en algunos casos por la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM), que hicieron llegar a los grupos municipales una moción y les ofrecieron asesoramiento legal si llegaba el caso de que los empezaban a investigar.

En el mes de marzo empezaron a llegar los primeros requerimientos de la Audiencia Nacional a algunos municipios. Al mismo goteo que hubo a la hora de aprobar las mociones, lo sucedió otro de visitas de los Mossos d'Esquadra a los consistorios pidiendo el acta de los plenos donde se habían aprobado las mociones y las grabaciones de la sesión, si había. Algunos ayuntamientos entregaron la documentación, otros remitieron la policía a su web donde tienen publicadas las actas de los plenos y se pueden descargar fácilmente. La Audiencia Nacional utilizó de los tres cuerpos policiales que tiene a su alcance para hacer las entradas a los ayuntamientos, el de los Mossos d'Esquadra, la policía nacional de Catalunya. 

Pero un mes después de empezar el asedio en los ayuntamientos, en abril, ni la Audiencia Nacional ni la Fiscalía sabían a cuántos consistorios se había pedido información y cuántos la habían dado y cuántos no. Y cinco meses después, la investigación está parada. No hay imputados. Ni alcaldes, ni concejales ni secretarios municipales.

La Audiencia Nacional pasa la pelota a los Mossos

Los motivos del freno del caso son, según la Audiencia Nacional, por las gestiones derivadas de los Mossos d'Esquadra. "Falta documentación de algunos ayuntamientos", dicen fuentes judiciales a El Nacional, y concretan que la policía les tendría que enviar lo que falta.

La policía catalana, que tuvo que hacer el papel de ir a requerir las actas y grabaciones de los plenos por mandato judicial, dice que "hay unos plazos para que los ayuntamientos aporten la documentación" y estos plazos se tienen que respetar. Hasta que no se agota el tiempo que tienen los consistorios para aportar la documentación que se les pide, no se informa a la Audiencia Nacional. Y en este punto está la policía catalana, que ha evitado desde el principio ponerse en primera línea de fuego de las presiones judiciales al procés. 

Un total de 280 ayuntamientos aprobaron la moción de apoyo al Parlament. Según la AMI, "todos los que han aprobado la moción, tarde o temprano han recibido la notificación" de la policía para entregar el acuerdo de pleno. La gran mayoría ha facilitado la información, tal como ha recomendado desde el primer momento la AMI, entre otras cosas, porque es una información pública que tienen publicada en la web.

La AMI tiene contados 47 ayuntamientos que han recibido los requerimientos y que estarían investigados, pero creen que en realidad lo son todos los que aprobaron la moción.

 

 

El caso de Joan Coma

El concejal de Capgirem Vic Joan Coma Roura es el único cargo político municipal imputado en el asedio en los ayuntamientos. Igual que los miles de concejales de los consistorios catalanes que aprobaron la moción de apoyo al Parlament, Coma hizo un discurso de línea rupturista con el Estado español, e igual que los concejales de la CUP del resto de ayuntamientos, hizo un alegato a la desobediencia.

Por qué su caso llega a la Audiencia Nacional y los otros no? Porque Josep Anglada, de Plataforma Vigatana, concejal también al Ajuntament de Vic, lo denunció, hizo llegar su discurso a la Guardia Civil y se inició un proceso paralelo. La Audiencia imputó a Joan Coma Roura pero todavía no lo ha citado a declarar. Fuentes del Alto Tribunal explican a El Nacional que se ha trasladado el sumario a todas las partes y que están esperando la petición de alguna de ellas para citarlo.

Lo que ya está claro es que el concejal de Vic no tendrá que ir a declarar a Madrid. Se tramitará en un juzgado de Vic y está por decidir todavía si se hará por videoconferencia con la Audiencia Nacional o bien ante un juez y después se trasladará la transcripción y la grabación a Madrid. 

Joan Coma ha expuesto a El Nacional: "Yo estoy muy tranquilo". Está seguro de que no pasará nada. Ni a él ni a nadie.

Foto: Capgirem Vic