La Audiencia Nacional y la Fiscalía se han perdido en el asedio judicial a los Ayuntamientos que han aprobado mociones a favor de la resolución rupturista que recibió luz verde en el Parlament el pasado noviembre. En estos momentos, desconocen exactamente a qué municipios se ha reclamado información i qué Ayuntamientos la han facilitado y cuales no.

Prácticamente todos los Ayuntamientos que han aprobado la moción de apoyo a la resolución del Parlament sobre la desconexión han recibido ya la visita de los Mossos d'Esquadra. La policía les pide la confirmación de que la moción fue aprobada y la fecha, la forma de inclusión de la propuesta en el orden del día del pleno, la copia del acta y, en caso que exista, la grabación de la sesión. También reclaman que se especifique si el alcalde o alcaldesa han sido facultados para llevarla a cabo, así como una copia de los informes emitidos sobre la moción por el interventor del consistorio. En caso de que el secretario del Ayuntamiento hubiera hecho un informe sobre la moción, también se tiene que entregar.

La Audiencia Nacional investiga si han cometido los delitos de rebelión o sedición, prevaricación, desobediencia, uso indebido de fondos públicos y usurpación de funciones.

Pero ahora mismo el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, que es quien dio el orden a los Mossos, no sabe exactamente ni cuántos requerimientos se han hecho, ni si se han respondido todos. "Cada vez hay más mociones", es lo único que pueden asegurar a El Nacional fuentes judiciales. Eso, y que todavía no tienen constancia de cuánta documentación están recogiendo los juzgados catalanes y los Mossos d'Esquadra. La Fiscalía General del Estado tampoco sabe nada aunque fue el Ministerio Público el que instó a la investigación. Sólo le consta la imputación del concejal de Capgirem Vic Joan Coma. Una imputación que fue por otro camino, porque fue Josep Anglada quien le denunció a la Guardia Civil. 

En Catalunya nadie centraliza los requerimientos. El orden que reciben los Mossos de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, es que pidan la documentación a los Ayuntamientos que les requiera cualquier organismo judicial. Por lo tanto, en el momento en que un juzgado de instrucción tiene conocimiento de que un Ayuntamiento ha aprobado una moción, pide a los Mossos que vayan a buscar la documentación pertinente. Los Mossos enviarán al juzgado la información, si es que el consistorio la facilita, y después cada juez la hará llegar a la Audiencia Nacional. Ahora mismo en Madrid no tienen ningún control de qué se está pidiendo y recogiendo Ayuntamiento por Ayuntamiento. 

De lo único que tienen constancia contrastada es del archivo de las tres primeras investigaciones en los Ayuntamientos de Premià de Dalt, Igualada y Sant Cugat del Vallès. Ninguno de los tres consistorios estaba siendo investigado por el mismo juzgado del Audiencia Nacional que ha promovido la petición que están haciendo los Mossos d'Esquadra a todos los municipios que aprueban la moción. En el caso de Premià de Dalt, Igualada y Sant Cugat del Vallès, son los juzgados 3, 4 y 5, los que han investigado y posteriormente han archivado.

280 mociones en el punto de mira 

Desde que el Parlament aprobó el decreto de ruptura hasta ahora, 280 ayuntamientos de toda Catalunya le han dado su apoyo con mociones aprobadas en los plenos. En principio los Mossos tienen que requerir la información a los 280 ayuntamientos.

La Associació de Municipis per la Independència (AMI) tiene constancia de que 5 Ayuntamientos investigados por un delito de sedición. Son La Seu de Urgell, Deltebre, Celrà, Girona y Vic.

El resto han recibido prácticamente todos la visita de los Mossos d'Esquadra pidiendo la documentación, pero ello no significa que ya se haya empezado la investigación, ni que estén en trámite imputaciones a los concejales o alcaldes y alcaldesas. De hecho, la Audiencia Nacional no tiene constancia de cuánta documentación ha podido llegar ya al juez de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Desde la AMI se recomienda en los Ayuntamientos que faciliten las actas de los plenos, que por otra parte, están colgadas en la web de la institución. 

La Audiencia Nacional investiga la Assemblea Nacional Catalana (ANC), la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM) por posibles delitos de sedición y rebelión. El juez Ismael Moreno ha pedido a los tres cuerpos policiales que actúan en Catalunya (Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil) informes sobre los estatutos, la financiación y las actividades de las tres entidades. Quiere saber si han sido las impulsoras y promotoras de la tramitación de las mociones que dan apoyo a la resolución independentista del Parlament. La ANC asegura que toda la investigación es muy rutinaria y que todo lo que les han pedido se puede encontrar a su web.