Empieza una nueva semana determinante en el proceso judicial contra el Govern de la Generalitat y la Mesa del Parlament por el referéndum. Los nuevos imputados, todos ellos primeras espadas de los partidos independentistas, se enfrentan a los interrogatorios y a una posible petición de prisión por parte de la Fiscalía, en medio de las negociaciones para formar Govern y la definición del discurso que hay que pronunciar.

Esta semana pasan por el Tribunal Supremo Marta Rovira, Marta Pascal, Neus Lloveras, Artur Mas y Anna Gabriel, en este último caso si no es que se confirma su exilio en Suiza. Mireia Boya, que declaró el miércoles pasado, abrió esta segunda tanda de interrogatorios de imputados y una nueva línea de estrategia de defensa. Boya explicó que creía firmemente en lo que hacían y que no había ninguna operación de "cosmética" en la proclamación de la República. Que ella votó a favor porque creía que saldría adelante. No acató la Constitución porque nadie se lo pidió y salió del Supremo como había entrado: con cargos pero en libertad.

Ni la Fiscalía ni la acusación popular representada por VOX pidieron la prisión provisional que algunos habían anunciado. Fuentes de las acusaciones explicaban después de la declaración de Boya que no había ningún motivo para pedir la medida cauterlar y que, de hecho, Boya no había tenido ninguna responsabilidad en la proclamación de la República y en los preparativos del referéndum. A pesar de todo, continúa imputada. Su nombre no aparece en ninguna parte pero su cargo sí. El documento Enfocats, hallado en casa de Josep M. Jové durante el registro del 20 de septiembre, ha sido la prueba de cargo que ha servido para meter dentro del mismo caso a los máximos responsables políticos de ERC y el PDeCAT, y a los representantes de la CUP que hasta ahora no habían notado el peso de la justicia del Estado español sobre sus espaldas.

¿Habrá nuevas entradas en la prisión?

Los movimientos de la investidura están condicionados por las imputaciones y determinan los interrogatorios. Marta Rovira y Marta Pascal, responsables de ERC y el PDeCAT, se lo juegan todo este lunes. Su postura en los últimos meses, desde que recibieron la notificación de la imputación, ha sido de prudencia. Han hablado poco y cuando lo han hecho ha sido para afirmar que no se hará nada ilegal.

Pero los interrogatorios de hoy son para aclarar si comtieron alguna ilegalidad antes del 27 de octubre. La Fiscalía lo tiene claro. Y parece que Llarena también, porque ha aplicado medidas cautelares ejemplares a sus compañeros de partido y, ni cuando han renunciado a la actividad política, como ha sido el caso de Joaquim Forn, los ha dejado salir en libertad.

Si el riesgo de reincidencia informa el criterio del magistrado y la Fiscalía, Rovira y Pascal, por más estrategia de contención y negación que sigan, pueden acabar como Forcadell -una noche en la prisión- o como Borràs y Bassa -un mes en la prisión. Y si tienen peor suerte, podrían seguir el mismo camino que los Jordis, Junqueras y Forn, que todo hace pensar que estarán en Estremera y Soto del Real hasta que llegue el juicio.

¿Y Neus Lloveras? Era la presidenta del AMI, la Associació de Municipis per a la Independència. Una assocación política que agrupa a alcaldes y que durante todo el procés se ha encargado de organizar manifestaciones y convocatorias de estos cargos electos en apoyo al procés. ¿Lloveras seguirá el camino de los Jordis? Todo depende de si el Tribunal Supremo quiere hacer "una demostración de fuerza arbitraria y de terror", según apuntan fuentes judiciales próximas al caso.

Rovira en el punto de mira

Marta Rovira, además, tiene en contra las declaraciones que hizo a las puertas de la campaña electoral, en las que denunció la violencia que iba a ejercer el Estado español para evitar la independencia. "El Gobierno español amenazó con muertos en la calle", dijo Rovira en una entrevista en El món a Rac 1 el 17 de noviembre. En aquel momento sonó la posibilidad de una querella por parte de la Fiscalía, pero esta se echó atrás.

Después se dijo que la secretaria general de ERC podría ser imputada porque existía un informe de la Guardia Civil que la implicaba directamente en la organización del referéndum. Aparecía el informe Enfocats y las filtraciones interesadas apuntaban a que Llarena ya tenía preparada la imputación. Pero lo cierto es que ni el juez tenía el informe, ni lo había leído, ni aparecía en él el nombre de Marta Rovira.

Todo eso sucedía poco después de que Oriol Junqueras avalara a Marta Rovira como futura presidenta de la Generalitat en caso de que ERC ganara las elecciones y él continuara en prisión. Y la ofensiva se puso en marcha para encontrar algo que la imputara; han sido suficiente dos conversaciones telefónicas y su cargo en Enfocats.

Marta Pascal tiene menos dichos que lo señalan. La gran prueba de cargo contra la coordinadora general del PDeCAT es que también aparece en este informe como responsable de sacar adelante el consejo de la República, junto con otros representantes de las cúpulas de los partidos independentistas. De ahí surge también la imputación de Boya y Anna Gabriel.

¿Gabriel irá a declarar?

Dos incógnitas marcan esta semana: ¿Habrá más ingresos en prisión? ¿Anna Gabriel irá a declarar? La exportavoz de la CUP está citada para el miércoles, pero mañana anunciará si se exilia a Suiza. Tenía que declarar el 14 de febrero, el mismo día que Mireia Boya, pero otro juicio de su abogado Benet Salellas obligó a cambiar la agenda.

Gabriel llevaba semanas sin dejarse ver, hasta que ayer la CUP confirmó que vive en Ginebra, donde está en contacto con abogados. Siguiendo la línea de desobediencia de la CUP, lo más normal sería que Anna Gabriel no se presentara a declarar ante el Supremo. Pero su compañera de partido Mireia Boya acudió y declaró en una línea opuesta a la de los que hasta ahora habían declarado, cuando afirmó que no había pensado nunca que la proclamación de independencia fuera simbólica. Si Gabriel no se presenta a declarar, Pablo Llarena dictará una orden de detención. Y VOX ya ha anunciado que podría pedir prisión para ella.

El miércoles 21 de febrero se espera intenso en el Tribunal Supremo. Tanto si se presenta la imputada como si no, porque en ese caso se pondrá en marcha una nueva maquinaría judicial y policial. Si se sigue el procedimiento seguido con Puigdemont, Llarena podría dictar una orden internacional de extradición una vez tenga los delitos concretados y redacte el auto para abrir el juicio oral.

Nuevos abogados, estrategias diferentes

Las estrategias de defensa irán por caminos diferentes, en función del partido al que pertenecen los investigados. Entran en escena nuevos letrados con ideologías, en algunos casos, opuestas a las de sus colegas. Y eso marca una nueva manera de hacer.

La línea de la CUP ha quedado clara, con Mireia Boya, quien ha establecido un discurso sincero y resolt que podría seguir la secretaría general de ERC, Marta Rovira. Joan Castelló es el abogado que la defiende, un letrado con "experiencia en procedimientos penales seguidos ante la Audiencia Nacional y la defensa de recursos de casación y de amparo ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, respectivamente", tal como señala él mismo en su web. Ha sido uno de los letrados defensores en casos de corrupción: lo fue del exgerente del Consell Comarcal del Priorat, Enric d'Anguera, en el caso de fraude de subvenciones, y del exgerente del Institut Català del Sòl de la Generalitat, Emili Mas, en el caso Pretòria.

Habrá que ver qué estrategia plantea para Rovira. Hasta ahora, excepto los miembros de la Mesa del Parlament, ninguno de los imputados de ERC ha cedido ante el juez y se ha negado a declarar. Ni Carles Mundó, ni Raül Romeva, ni Dolors Bassa respondieron a las preguntas en la declaración que prestaron el 2 de noviembre en la Audiencia Nacional. Salieron de la prisión en libertat provisional después de pedirlo vía recurso y de pagar la fianza fijada. Tampoco ha declarado Oriol Junqueras, que se ha mantenido firme. Y cuando Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart pidieron declarar de nuevo para intentar conseguir la libertad, Junqueras siguió otro camino. Presentó un recurso y pidió asistir a la vista, en la que se limitó a pronunciarse en contra de la violencia en el último turno de intervención. Parece que la estrategia de ERC se mantiene y que Marta Rovira presentará un discurso bastante parecido al de Mireia Boya. Pero Rovira tiene unaa situación bastante más arriesgada.

El abogado de Marta Pascal es Jorge Navarro, del mismo bufete que el de Artur Mas en el juicio por el 9-N, Xavier Melero, y el de Neus Lloveras, Judith Jané, que siguen la línea de defensa que coordina Francesc Homs. Melero es también el abogado de Meritxell Borràs, en libertad provisional.

Hasta ahora las declaraciones de los investigados pertenecientes al PDeCAT han seguido la línea de acatar, rechazar la unilateralidad y calificar de simbólica la proclamación de la república. Borràs y Forn han renunciado a la actividad política, pero al conseller de Interior esta estrategia no le ha servido de nada. Con todo, la ventaja de Pascal, Mas y Lloveras es que ni son diputados ni tienen ningún papel en el futuro Govern o al menos eso parece. Pascal, además, se ha distanciado de Junts per Catalunya -de hecho, ni concurría en la lista ni ahora parece tener mano en las negociaciones para la investidura-, hasta el punto de plantar cara, en cierta forma, a Elsa Artadi a causa de las dificultades que hay para formar Govern.