La jueza del 8-M sigue dando pasos adelante para investigar la relación entre la manifestación feminista y la propagación del coronavirus. En plena polémica por el informe cuestionable de la Guardia Civil, el juzgado de instrucción ha citado hasta siete testigos para que declaren el próximo jueves 11 de junio. Por otra parte, la magistrada ha desestimado la petición del denunciante de imputar al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en esta causa.
La titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid ha señalado para el próximo 11 de junio, a las tres y media de la tarde, la declaración en sede judicial de siete testigos en el marco de esta investigación. En esta providencia también acepta la personación como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, condicionada a la prestación de una fianza de 1.000 euros.
No obstante, la magistrada Carmen Rodríguez Medel ha trasladado al denunciante que el procedimiento "no se dirige contra Fernando Simón", responsable del Ministerio de Sanidad a quien querían imputar. "Por el contrario, al menos dos juzgados diferentes de Madrid tienen asuntos ya registrados en trámite contra el señor Simón, indiciariamente recogidos en la ampliación de la denuncia, debiendo en consecuencia presentar la ampliación delante de estos órganos jurisdiccionales y no delante de este", señala.
El juzgado también deniega la ampliación de la denuncia al conjunto de funcionarios de la delegación del Gobierno. La magistrada considera que "sin identificarlos" y sin "indicios" les imputa "una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades".
En estos momentos, el principal imputado en esta causa es el socialista José Manuel Franco, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. La causa ha abierto una crisis en la Guardia Civil, después de un informe repleto de manipulaciones y la posterior purga realizada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La Abogacía del Estado denuncia
En un recurso de apelación, la Abogacía del Estado ha considerado que la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que instruye la causa de la manifestación del 8-M y los contagios de coronavirus ha abierto una causa general contra el Gobierno y ha actuado con una "celeridad inusitada" que no se justifica por motivos jurídicos. También denuncia que se ha causado una "palmaria indefensión" del delegado del Gobierno ya que está siendo investigado sin posibilidad de defenderse.
En otro escrito, la abogada del Estado Rosa María Seoane ha cargado contra el informe de la Guardia Civil, a quienes acusa de actuar con un "claro sesgo acusatorio", mutilar datos claves y generar suspicacias para sustentar sus hipótesis. En este sentido, afirma que no hay ningún análisis de evidencias científicas que sustenten las acusaciones, únicamente referencias mutiladas y parciales de documentos o noticias de prensa
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