¿Cómo se garantiza la protección de una víctima de violencia sexual? ¿Qué hay que cambiar para que las pruebas de una agresión sexual no solo recaigan en la víctima? ¿Cómo evitar su revictimización? ¿Qué medidas son urgentes para realizar en los juzgados, que recoge la ley 'del solo sí es sí?' Son algunas de las preguntas que se plantearán a juristas y expertas en diferentes ámbitos en el 1.º Congreso Justicia Feminista y Libertad Sexual, que este lunes se celebra en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) de Barcelona, organizado por el Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista, órgano adscrito al Departament de Justicia. El congreso se ha dividido en cuatro mesas redondas en las cuales participarán magistradas, abogadas, psicólogas y forenses. Son: la prueba en los procedimientos judiciales por violencia sexual; la victimización de las mujeres superviviente de violencias sexuales en los procesos judiciales; los niños y niñas víctimas de violencia sexual: el modelo Barnahus, en Tarragona, y Debates en torno al punitivisme jurídico en la ley orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí'.

La reducción de penas a agresores sexuales, que ha provocado la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', impulsada por Podemos, ha envenenado el debate político y social, hasta el punto que el Gobierno del PSOE ha introducido ahora una modificación legislativa para que la violencia y la intimidación esté en los tipos delictivos principales. El Ministerio de Igualdad insiste en que la base de la ley es el consentimiento o no de la mujer, aparte de otras mejoras para las víctimas. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya ha ordenado una nueva circular, consensuada, que presentará recurso en todos aquellos casos en que los tribunales han aplicado una rebaja de la condena a un agresor, cuando se podría haber mantenido la misma con la nueva norma.

"Debates de la extrema derecha"

Ante este ruido, la directora del CEJFE, Encarna Bodelón, explica a ElNacional.cat que con el congreso buscan "aportar reflexión jurídica sobre la ley del 'solo si es si' y enfatizar la protección social y jurídica de las víctimas", aparte del debate sobre el aumento o no de las condenas, del cual asegura: "Más años de prisión no implica una prevención en la violencia sexual." "El debate se tendría que centrar en si la pena cumple con el mandato de rehabilitación de la persona", sostiene Bodelón, profesora de Filosofía del Derecho en la UAB y presidenta del grupo de investigación Antígona, sobre violencia de género.

Encarna Bodelón, directora del Centro de Estudios Jurídicos, del Departamento de Justicia. / Foto: D.J.

En la polémica sobre la reducción de penas a agresores sexuales, se ha sumado recientemente la de si hay que reducir la edad de responsabilidad penal de los menores, fijada en 14 años, ante recientes casos de mucha gravedad. "En absoluto se tendría que bajar la edad penal. El menor tiene que entender que genera un daño a través de procesos socioeducativos, no en el derecho penal; realizamos las mismas líneas de intervención que en el ámbito europeo e internacional," declara Bodelón y manifiesta: "Son debates manipulados, populistas, de la extrema derecha, que no nos ayuda."

Formación a jueces, fiscales y en prisiones

La directora del CEJFE explica que la ley del 'solo sí es sí'  incluye servicios para las víctimas que hay que desarrollar en los juzgados, así como "la obligada formación de todos los operadores jurídicos" y a otros profesionales. "Es un nuevo modelo de atención a las víctimas, y además de formación, hace falta capacitación para hacerlo", declara Encarna Bodelón. En este sentido, destaca el modelo Barnahus, de atención integral a menores que han sufrido abusos, que se implantó de forma pionera en Catalunya (aunque está pendiente su despliegue) y ahora, la ley estatal, reconoce como un paradigma a seguir.

Bodelón avanza que ya ultiman la formación a jueces y fiscales, como recoge la nueva ley de garantía integral de la ley sexual, que ya han empezado a realizar profesionales de Justicia Juvenil que trabajan con agresores sexuales. Las cifras policiales y judiciales indican que las denuncias por agresiones sexuales aumentan, año tras año, según detallan desde la Abogacía de Barcelona, y que los profesionales sitúan en diferentes factores, como una mayor sensibilización de las víctimas y su entorno, que les da más seguridad por denunciar. Los datos recogidos por los Mossos de Esquadra indican que el año pasado 3.064 víctimas denunciaron acciones contra su libertad sexual en el ámbito social y comunitario, cerca de un millar más que el 2021. Lo mismo con los agresores sexuales: 2.205 en el ámbito social y comunitario, enfrente de los 1.058.

Para Bodelón, a pesar de la mayor sensibilización, "todavía hay un 90% cifra negra" de casos de agresiones sexuales que no afloran. Recuerda que en los casos de menores, la mayoría son en el ámbito familiar y entorno conocido, y la mayoría, hasta hace poco, eran silenciados, "como los de la Iglesia". La directora del CEJFE lo dice claro: "El problema no es la ley del 'solo sí es sí', sino que viene de mucho antes, con un Código Penal que no protege la libertad sexual de las mujeres, que no comprende la necesidad de las mujeres, y la nueva reforma lo hace con perspectiva feminista."

 

En la foto principal, participantes en la manifestación de estudiantes el 8-M en Barcelona. / Foto: Carlos Baglietto