La asociación Comisión de la Dignidad amenaza con recurrir a la Audiencia Nacional y reavivar así la vía judicial si no se completa el retorno de la totalidad de los 'Papeles de Salamanca', los documentos de las administraciones catalanas expoliados por el franquismo en su avance militar sobre Catalunya durante la Guerra Civil. Así lo ha expresado este miércoles el presidente de la entidad, Josep Cruanyes, que también ha reivindicado de forma crítica que la ley de retorno de estos documentos (L21/2005) hace ya más de diecisiete años que se aprobó. Aunque buena parte de los documentos se devolvieron en 2006 con la ley impulsada por el gobierno de Zapatero, hoy por hoy todavía faltan por devolver un 5% de la totalidad de los documentos.

La Comisión ha señalado que hace diecisiete años se aprobó la ley de retorno de los documentos requisados por el franquismo, pero que todavía quedan pendientes documentos que pertenecen al archivo de la Generalitat. Entre estos, se encuentra la documentación de la Comisaría de Orden Público de la Generalitat y también archivos de 47 ayuntamientos catalanes, principalmente libros de actas. Desde la Comisión también denuncian que el Estado tenía que poner a disposición del gobierno catalán "documentación de entidades privadas con sede o secciones en Catalunya", y que todavía falta la de la masonería. A este conjunto de documentos, que cuantifican como un 5% de la totalidad de los 'Papeles de Salamanca', se suma la información de otro archivo militar, el de Ávila. Cruanyes ha asegurado que estos documentos "forman parte de la historia" y que "no tiene ningún sentido ni justificación" que no se devuelvan.

La entidad denuncia la "inactividad" del Ministerio de Cultura por completar el retorno, a quienes exigen completar el proceso y devolver los documentos en un plazo de tres meses antes de emprender acciones legales. "No tiene ningún sentido y es una cuestión de dignidad institucional", han clamado los miembros de la asociación. Por otra parte, la Comisión también ha cargado contra el Departamento de Cultura de la Generalitat. "Hemos estado en contacto permanente con ellos y los hemos pasado informes sobre la situación jurídica y como reclamar", pero "ha habido poco éxito". Por eso, esperan que los procedimientos legales "pongan en marcha a la Generalitat" y reciban su apoyo para poder desencallar esta situación. "Deseamos que el gobierno catalán no deje de aplicar la presión que hace tantos años que ejercemos para el retorno", han añadido.

Critican la ley de memoria democrática

La Comisión también se ha mostrado crítica con la ley de memoria democrática del Estado, aprobada a finales del año pasado. "Lo han hecho por propaganda, pero olvidan que tiene que promover la verdad, la justicia y la reparación", ha criticado Cruanyes. La Comisión de la Dignidad es una asociación de carácter memorialista creada en el 2002 con el objetivo de conseguir el retorno de la documentación confiscada por el franquismo a Catalunya durante la Guerra Civil. Retorno que se consiguió, finalmente, en 2006. Aunque, según denuncia Comisión de la Dignidad, todavía faltan algunos documentos.

Documentos expoliados

Los conocidos popularmente como 'Papeles de Salamanca' son toda la documentación de las administraciones y organizaciones públicas y privadas catalanas que los sublevados expoliaron en su avance sobre Catalunya durante la Guerra Civil, en 1939, y que se llevaron al cuartel general de Franco en Salamanca para ser evaluados. A partir de 1979 estarían a cargo del Archivo Histórico Nacional español; y, desde 1999, al Archivo General de la Guerra Civil, también en Salamanca.

Desde la Transición y durante décadas existía la reivindicación para devolver estos documentos, y el punto álgido del conflicto fue durante el primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). En el 2005 se aprobó la ley L21/2005 para ejecutar el retorno de los documentos. En 2013, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad que planteó la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, contra la ley para el retorno de los papeles. También lo intentó denunciar el Ayuntamiento de Salamanca ante la Audiencia Nacional, pero el tribunal no lo admitió a trámite.