La Generalitat ha aumentado 10 puntos menos que la media estatal la inversión en salud, educación y servicios sociales desde el 2019. De hecho, Catalunya se mantiene a la cola de las comunidades con respecto al incremento del gasto social entre el 2019 y el 2024, con un 14,9%, ligeramente por debajo de Madrid y Murcia (15 y 16,4%). La recuperación en los presupuestos sociales en Catalunya supone un incremento de 383 euros anuales por persona, hasta los 2.941, solo superando por un euro a Madrid, mientras que la media española de incremento se sitúa en torno a los 660 euros. Los datos provienen del último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicado este lunes, que denuncia que el crecimiento presupuestario general en los últimos cinco años no se ha reflejado lo suficiente en los capítulos de sanidad, educación y servicios sociales.
El informe publicado este lunes sitúa Catalunya a la cola del crecimiento del gasto social en los últimos cinco años, del porcentaje del presupuesto destinado a estos capítulos, así como de la inversión por habitante en estas partidas. Si se analizan las cuentas del 2024, Catalunya destinó a políticas sociales 2.941 euros anuales por ciudadano, lejos de los más de 4.300 euros de Euskadi y Navarra, o de los 4.100 de Extremadura, la primera comunidad de régimen general que más invierte en estas materias. Catalunya solo supera por 238 euros la Comunidad de Madrid, que ocupa la última posición del ranking estatal. La media española se sitúa, según el estudio, en 3.277 euros por persona y año. Catalunya también se sitúa en la cola en cuanto al porcentaje destinado a políticas sociales sobre el presupuesto total: menos de la mitad, exactamente el 47%, mientras que la media española se sitúa en el 59%. Por el contrario, Murcia, Castilla y León y Andalucía se acercan a los dos tercios de sus presupuestos.
Análisis por sector social
En educación, con 1.042 euros per cápita el año pasado, supone el aumento más bajo de todas las comunidades con respecto al 2019: un 8%, que incluso es dos puntos más bajo que el incremento registrado por Madrid y que se queda muy por debajo del 22% de la media española, impulsada por la fuerza de Andalucía, Aragón o Extremadura, con incrementos superiores al 30%. Con respecto a sanidad, la Generalitat dedicó 1.457 euros por habitante en el 2024, una cifra que representa un 15% más de lo que se destinaba justo antes de la crisis de la covid-19. De nuevo, sin embargo, el incremento se muestra muy tímido si se compara con la media estatal (1.717 euros) o los incrementos de Castilla y León, Asturias o las Islas Canarias. En cambio, en el capítulo de servicios sociales el año pasado, la Generalitat dedicó un 52% más dinero que en el 2019. De hecho, en cifras absolutas, es la comunidad que más ha aumentado en este capítulo durante este periodo, con 1.199 millones de euros más, aunque baja posiciones si se tiene en cuenta el gasto por habitante, hasta situarse en la media. Solo 7 de cada 100 euros del presupuesto catalán se destinan a partidas de servicios sociales, un porcentaje que solo es más bajo en Madrid, Aragón, las Islas Canarias y las Islas Baleares.
Diferencias enormes entre comunidades
El informe de 2024 pone de relieve las grandes diferencias en inversión social que hay entre las comunidades autónomas. Sin considerar las Comunidades con régimen foral, como País Vasco, con 1.203 € de gasto por habitante en servicios sociales, encontramos diferencias tan importantes como Extremadura, con 713,7 €, un 76,1% más que en Madrid, con 405,3 €. El porcentaje del PIB regional que las administraciones públicas de Extremadura destinan a Servicios Sociales (3,03%), triplica lo que destinan las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid (0,95%). Estas diferencias de gasto se manifiestan en una cobertura de prestaciones y servicios muy desigual en los diferentes territorios, como por ejemplo: el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que reciben rentas mínimas de inserción en el País Vasco (58,1%) no es comparable al de Castilla-La Mancha (0,35%); o el número de habitantes por profesional a los servicios sociales comunitarios de Canarias (2.973), es seis veces superior al de Navarra (494). Sobre Catalunya, el informe pone el país en la novena posición de su índice, pero destaca la desigualdad entre el capítulo del reconocimiento legal de los derechos sociales y la cobertura efectiva de las prestaciones y su relevancia al presupuesto catalán.