El actual modelo de bienestar social de Alemania atraviesa una crisis financiera sin precedentes, y el país germánico no podrá sostener indefinidamente un sistema que consume más recursos de los que es capaz de generar. Este es el diagnóstico que el canciller alemán, Friedrich Merz, realizó este sábado durante una conferencia de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), en la ciudad de Osnabrück. Merz insistió en el hecho de que la reorganización del sistema de seguridad social no se puede seguir aplazando. De momento, sin embargo, la imposición de recortes drásticos no está sobre la mesa. Su mensaje está claro: son necesarias reformas profundas y urgentes para transformar el sistema y evitar un colapso financiero.

Merz, que asumió la cancillería en mayo de este año, ha hecho de la reforma económica una prioridad de su administración. El canciller cree que el sistema social alemán, uno de los más generosos de Europa, ha alcanzado los límites de su capacidad financiera y, en consecuencia, ya no se puede sostener con lo que produce la economía nacional. Según datos oficiales, el año pasado se destinaron 47 mil millones de euros a ayudas sociales, destacando el Bürgergeld, una prestación para cubrir las necesidades básicas de los parados. Eso ha representado una carga creciente para unas arcas públicas que parecen encontrarse al límite de sus capacidades. Sin embargo, el canciller ha insistido en que la solución no pasa por el desmantelamiento del estado del bienestar, sino para reformarlo y convertirlo en sostenible a largo plazo. Eso implica impulsar una mayor eficiencia en el gasto público, incentivos laborales y una reducción de la carga burocrática inherente a los beneficios sociales.

Visiones enfrentadas entre Merz y los socialdemócratas

El debate sobre la sostenibilidad del sistema alemán se agudizó recientemente después de unas declaraciones del vicecanciller y líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Lars Klingbeil, que planteó el aumento de los tributos a las rentas más elevadas para cuadrar las cuentas del Estado. "Ninguna opción está excluida", aseguró el número dos del gobierno alemán, que comparte la necesidad de aplicar reformas para preservar la justicia social, especialmente en favor de los enfermos, dependientes y personas en riesgo de exclusión. Alexander Schweitzer, otro destacado miembro del SPD, se alineó con el discurso de Klingbeil, asegurando que "los impuestos más altos para los millonarios no son incompatibles con la democracia". Merz, por su parte, se mostró contrario a cualquier aumento de la carga fiscal que afecte a las empresas familiares y el tejido medio de la economía. "Mientras yo sea canciller, no habrá incrementos en el impuesto sobre la renta que afecten pequeñas y medianas empresas", aseveró al líder de la CDU, decepcionado con sus socios de coalición por no haber cumplido con los objetivos planteados a inicios de mandato, a pesar de los avances que se han conseguido en materia migratoria y en recuperación económica.

Desde la oposición, la líder parlamentaria de Die Linke, Heidi Reichinnek, ha denunciado que en estos momentos se está gestando un "otoño de crueldad social". Según la miembro del Bundestag, numerosos centros de investigación, lobbies empresariales y expertos alineados con la CDU y la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) se encuentran impulsando una ofensiva contra los derechos laborales y beneficios sociales de los alemanes. En consecuencia, Reichinnek ha exigido el retorno del impuesto sobre el patrimonio.

"Tenemos que trabajar más y, sobre todo, de manera más eficiente"

El cuestionamiento de la sostenibilidad del sistema social alemán por parte de Merz llega en un momento crítico para la economía del país, erosionada por cuestiones como el conflicto en Ucrania, la transición energética y la competencia global. El canciller ha recordado la importancia de la productividad a la hora de articular la solución que propone: "Tenemos que trabajar más y, sobre todo, de manera más eficiente", ha observado. En ámbito europeo, Merz busca una mayor unidad, pero sin perder de vista la responsabilidad fiscal y la estabilidad interna. Algunos críticos vaticinan que otros ejecutivos de la Unión Europea podrían empezar a aplicar medidas de este tipo, con el objetivo de reformar unos estados del bienestar que también acarrean los mismos problemas. De momento, el gobierno alemán ya ha creado una comisión para evaluar posibles cambios en programas como el subsidio ciudadano, las ayudas a la vivienda y las prestaciones familiares. Antes de que finalice el año, la ministra de Trabajo, la socialdemócrata Bärbel Bas, tendrá que presentar un informe definitivo sobre los resultados de este estudio.