Ahmed Tommouhi estuvo encarcelado durante 15 años de su vida por dos violaciones que no cometió. Este hombre, nacido en Nador, en Marruecos, y residente en Catalunya, fue detenido en otoño de 1991 porque su físico coincidía con la descripción del violador después de que se denunciaran diferentes agresiones sexuales en toda Catalunya. La policía también detuvo a Abderrazak Mounib. Tommouhi fue condenado en 1992 por la Audiencia de Barcelona a 24 años de prisión, a pesar de que un informe policial confirmó que el semen que encontraron en la ropa de una de las víctimas no era suyo. En 1995, la policía detuvo a Antonio García, muy parecido físicamente a Tommouhi, que fue confirmado como el autor de las violaciones. En 2006, después de 15 años encarcelado, este hombre obtuvo la libertad condicional, pero no fue hasta junio de 2023 cuando el Tribunal Supremo aceptó su recurso, anulando todas las condenas y declarando su inocencia, 32 años después de la detención. Mounib murió en prisión y defendiendo su inocencia. Ahora, este 18 de junio, el Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar a Tommouhi con 2,5 millones de euros por haberlo privado de libertad, injustamente, durante 15 años.
La sala ha considerado que el gravísimo error judicial cometido fue “inequívoco y cualificado”, ya que la Audiencia de Barcelona no “valoró, a pesar de que estaba admitida y formaba parte de la causa, una prueba pericial biológica, con un resultado incompatible con la autoría de las violaciones atribuida al recurrente, al constatar que su perfil genético no coincidía con los restos de semen encontrados en la ropa de la víctima”. “Este error fue determinante en que el recurrente permaneciera privado de libertad durante un periodo extraordinariamente prolongado en ejecución de una condena que ha quedado sin efecto al declararse su inocencia”, añade el Supremo, hablando de una “afectación de máxima intensidad” a su derecho fundamental a la libertad personal.
La AN rechazó indemnizarlo
En abril de 2025, la Audiencia Nacional rechazó indemnizar por su encarcelamiento injusto a Tommouhi, que reclamaba 3,6 millones de euros más los correspondientes intereses legales y una declaración de culpa grave de los magistrados que lo condenaron en los años 90. La AN consideraba que se debían dar dos circunstancias: que se hubiera producido una prisión provisional indebida y que existiera un error judicial, descartando que este último se hubiera producido y considerando que la prisión provisional se liquidó correctamente cuando se calcularon los años de condena. Según la Audiencia Nacional, no hubo un “error judicial en los términos de error craso o evidente”, una posición que ahora ha quedado rectificada por el Supremo.