El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) reclama que la tercera y última fase de la implementación de la ley de eficiencia procesal, que debe entrar en vigor el próximo 1 de enero, se detenga en los juzgados de Barcelona. “Sin recursos de jueces y personal y sin la digitalización de la jurisdicción penal, la implementación no podrá ser una realidad”, ha afirmado con contundencia la decana del ICAB Cristina Vallejo, este miércoles, acompañada del vicedecano, Jorge Navarro, y otros compañeros de la junta del ICAB para hacer balance del medio año de mandato. Vallejo ha añadido que comparte el posicionamiento que hizo la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, con otros decanos del Estado español, en el que pedía una “implementación progresiva” de este cambio, que implica la desaparición de los jueces unipersonales, que son sustituidos por Tribunales de Instancia para compartir recursos. La decana de la Abogacía de Barcelona espera que “continúe el diálogo y el entendimiento con el Departament de Justícia y el TSJC” para resolver estos “problemas” y “dar un buen servicio a la ciudadanía”.
Precisamente, y a contrarreloj, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha convocado para el próximo lunes, 22 de diciembre, un encuentro con las comunidades que tienen delegadas las competencias de Justicia -como es Catalunya- para valorar la última implementación. La ley implica que los 3.800 juzgados unipersonales del Estado español son sustituidos por 431 Tribunales de Instancia, que se situarán en los partidos judiciales actuales y donde los jueces trabajarán por secciones. En Catalunya, había 603 juzgados unipersonales repartidos en 49 partidos judiciales. En la fase tres, además del partido judicial de Barcelona -que es el más grande- están los últimos 13 partidos judiciales que se deben transformar.
Sin jueces ni personal
““Nos preocupa los cambios que vienen sin recursos, y que ya se han implementado en algunas de las onze delegaciones del Icab. El ámbito penal está sin digitalización y sin digitalización es imposible la implementación de la ley. En la jurisdicción Civil tenemos 110.000 expedientes en marcha en Barcelona y no tenemos recursos de jueces ni de personal suficiente para que la implementación se haga al 100%”, ha explicado la decana Cristina Vallejo. Su propuesta es que los Tribunales de Instancia se implanten en la jurisdicción Mercantil, donde los jueces ya están acostumbrados a trabajar; después Familia y Discapacidad, por su especialización, y finalmente y “poco a poco” la jurisdicción Civil y Penal. El Departament de Justicia ha empezado a hacer programas pilotos para digitalizar el ámbito penal, que se prevé terminar el 2026, con el objetivo de modernizar los procedimientos y llegar al papel cero.
Preguntada por los recursos que faltan, Vallejo ha sido bien clara: “Faltan recursos económicos y de personal. Cuando salió la ley de eficiencia 1/2025 por parte de la sala de gobierno del TSJC y del Departament se hizo un mínimo que hacían falta 55 jueces. Estamos a 18 de diciembre y no tenemos plazas".
Vallejo también ha detallado que en la fase 2 se ha puesto de manifiesto, que" hay un problema de falta de auxilios de Justicia en los juzgados, los gestores hacen trabajo de auxilio". El ministro Bolaños en una de sus visitas a Barcelona, conjuntamente con el conseller de Justicia Ramon Espadaler, se comprometió a crear nuevas plazas de jueces, pero todavía no se han hecho, aparte del refuerzo para atender los juzgados para hacer frente a la multirreincidencia.
Juzgados comarcalizados de violencia de género
Además, la decana de la Abogacía de Barcelona también ha alertado de que la comarcalización de los jueces de violencia de género provoca ciertas disfunciones, que “habrá que resolver con recursos”. Por ejemplo, expone que los agresores sexuales detenidos en Vilafranca, pasarán a disposición de la comisaría de allí, pero la causa penal irá al juzgado especializado de Vilanova i la Geltrú. Y desde la abogacía se pide “garantizar un servicio tanto para los ciudadanos como para los abogados para su traslado". En Lleida también ocurre con los juzgados de Cervera y Balaguer, se indica. “Queremos seguir trabajando codo con codo con la conselleria y el TSJC para resolverlo”, ha concluido Vallejo.
El 71% de la actividad
En concreto, la tercera fase de la Ley 1/2025 entrará en vigor el 31 de diciembre en los 14 partidos restantes de Catalunya , que son los que más volumen tienen: Arenys de Mar, Figueres, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus, Granollers, Tortosa, Lleida, Tarragona, Girona y Barcelona. El Departament de Justicia sostiene que "esta tercera fase supone el 71,8 % de la actividad de la Administración de justicia en Catalunya" .Añade que el 34,9 % del total de la actividad judicial del país pasa por la Ciudad de la Justicia, donde se encuentran los juzgados de Barcelona.
Los Tribunales de Instancia que ya se han desplegado en Catalunya en la primera y segunda fase son: el 1 de julio la Ley 1/2025 entró en vigor en 33 partidos judiciales, y el 1 de octubre lo hicieron los partidos judiciales de Badalona y L'Hospitalet de Llobregat.