"No entiendo el catalán ni tengo ninguna intención de aprenderlo". Esta es la respuesta que dio un juez de Vic a un abogado al que requirió que hiciera su intervención en lengua castellana. El letrado acordó con su cliente que intervendría en la lengua propia, y el hombre, en la suya, en castellano. El abogado contestó al juez que hablaría despacio y se lo traduciría todo. Después de las primeras preguntas y de un tira y afloja, el juez suspendió la vista, enfadado, porque el abogado no accedió a hacer su intervención en castellano. Este caso de catalanofobia es reciente y el Consell de la Advocacia Catalana lo ha derivado a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El juez ya se ha marchado del partido judicial de Vic, que es uno de los primeros destinos de los nuevos jueces y que más sufre la elevada movilidad de los jueces porque la mayoría no quiere quedarse en Catalunya. Demasiado trabajo y caro para vivir, además de la lengua catalana, son los principales y antiguos motivos.
Precisamente, el Consell de l’Advocacia Catalana ha hecho una llamada a los abogados para que le comuniquen cualquier incidencia con la lengua catalana en los juzgados. El objetivo es hacer una "recogida y sistematización de las incidencias" para identificar los obstáculos existentes y promover medidas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos en el ámbito judicial. La Advocacia Catalana también toma esta iniciativa después del desastroso servicio lingüístico en el caso del juicio de Roger Español, que obligó a los abogados a abandonar la lengua catalana en sus intervenciones.
Los juzgados, un "entorno hostil"
El presidente de la Advocacia Catalana y decano del Col·legi d'Advocats de Vic, Rogeli Montoliu, explica a ElNacional.cat que los 14 colegios de la abogacía catalana ya recogen las quejas de los letrados, pero ahora los "espolean" a denunciar todos los casos para evidenciar este "entorno hostil al catalán" que continúa existiendo en los juzgados de Catalunya. La mayor parte de las veces, el abogado, cuando el juez le pide que intervenga en castellano, lo hace para evitar problemas o el retraso del procedimiento, manifiesta Montoliu. "La Advocacia Catalana insiste en reclamar que el conocimiento del catalán sea un requisito para ejercer de juez en nuestro país", declara Montoliu, que abiertamente se declara "militante de la lengua". El catalán es una lengua oficial en Catalunya y el ordenamiento jurídico reconoce expresamente el derecho de todas las personas a utilizar la lengua oficial que escojan en sus relaciones con la Administración de justicia, insiste.
Montoliu también sostiene que los abogados que vienen del Estado español piden que no se hagan los juicios o las vistas en lengua catalana, apelando a que vulnera el derecho de defensa. La solución es que los juzgados pidan el apoyo del servicio de intérpretes, que financia el Departament de Justícia, a pesar de las quejas que arrastra, también desde los mismos juzgados.
Las quejas recogidas
En concreto, el Consell hace un llamamiento a los abogados y abogadas para que comuniquen por escrito y concretando los datos de la actuación o procedimiento a su respectivo colegio profesional cualquier situación que dificulte o impida el uso del catalán durante una actuación judicial. Se detalla que la información recogida permitirá conocer el alcance y la naturaleza de estas incidencias y trasladarlas, de manera sistematizada, a las instituciones competentes.
Actualmente, la Comissió de Llengua del Consell ha recibido una docena de incidencias sufridas por los letrados este año. En concreto, hay cinco quejas por vulnerar el derecho de la opción lingüística del abogado, siempre la petición es de catalán; tres quejas por haber requerido al abogado que traduzca sus escritos presentados en catalán al castellano; tres quejas más por el impedimento de expresarse en catalán en las actuaciones orales o mostrar desacuerdo manifiesto en que se haga, y finalmente una queja por la demora en la solicitud de traducción de la sentencia al catalán (durante siete meses no se envió del juzgado al servicio de traducciones). Hay más casos, pero "no afloran", admite Montoliu, y por eso pide que los abogados lo compartan para obtener soluciones reales.
Las "multas no son disuasorias"
El fiasco del servicio de traducción de la lengua catalana que se vio en el juicio del activista del 1-O no es nuevo, pero tuvo una amplia difusión porque se grababa. Para parar el golpe, el Departament de Justícia anunció que abriría un expediente sancionador a la empresa. Pero tampoco es una acción nueva. Así lo expresa la sala de gobierno del TSJC, en un acuerdo del pasado 22 de septiembre, que pide soluciones a Justícia.
En el acuerdo, aprobado por unanimidad, la sala de gobierno del TSJC explica que comunicó a Justicia el pasado marzo las "reiteradas quejas" del servicio de interpretación en los juzgados de "todo el territorio del servicio de interpretación que antes prestaba Seprotec y continúan siendo numerosas las quejas que se reciben después del cambio de empresa a Ofilingua". Afirma que "en ningún caso puede resultar excusa el ofrecimiento de la prestación del servicio de interpretación por videoconferencia, que, por otra parte, no resulta admisible al dificultar enormemente la traducción de todo lo que ocurre en el acto judicial, y resultando directamente imposible cuando se trata de una vista penal sin menoscabar gravemente los derechos de defensa". Añade que "las multas que se han impuesto por los reiterados incumplimientos no parecen de ninguna manera disuasorias", y concluye que "no es nada deseable la imagen pública que puede proyectar un incorrecto servicio de interpretación, de lo que es buena muestra el reciente incidente del juicio oral por los hechos del 1 de octubre en la Audiencia de Barcelona".
La empresa Ofilingua, con sede en Granada, ganó el concurso para realizar el servicio de interpretación en los juzgados de Barcelona y de l'Hospitalet por valor de 2.291.533 euros este año y el 2027.
Los datos de Justicia
Preguntado sobre el estado del expediente que se abrió a Ofilingua por el deficiente servicio dado en el juicio del caso de Español, fuentes del Departament de Justícia han explicado a este diario que "se está iniciando el procedimiento de la penalidad". Se aclara que "no se imponen multas", sino que la Administración penaliza a la empresa de acuerdo con la existencia de incumplimientos, sistema que está regulado en el mismo contrato. Es decir, se resta dinero de la factura.
También detalla, a preguntas de este diario, que en 2025 se aplicaron 32 penalidades a Seprotec, 12 de las cuales corresponden a los juzgados de Barcelona y L'Hospitalet. En total, se prestaron 46.484 servicios de traducción en los juzgados de Catalunya, y del total se han aplicado penalidades al 0,07%. En cuanto a este año, se han incoado 26 penalidades a Seprotec en todos los juzgados de Catalunya y 9 a Ofilingua. Hasta el septiembre pasado se han hecho 32.295 servicios de traducción: 15.438 por parte de Seprotec y 16.812 de Ofilingua en Barcelona y l'Hospitalet.
Jornada en Andorra
La Administración de Justicia es el ámbito público donde menos se usa la lengua catalana. Para revertirlo, la Abogacía Catalana y el Departament de Justícia suman esfuerzos e iniciativas. Una medida es que el Govern paga 25 euros por cada escrito del turno de oficio presentado en los juzgados. Ahora, se ultiman los flecos para que también financie las intervenciones orales en catalán en los juicios de los abogados, ya que la tecnología permite su control con el reproductor de textos. "Es una cuestión de voluntad política", manifiesta Rogeli Montoliu.
La defensa del uso de la lengua catalana en los juzgados es una prioridad para entidades del país. Precisamente, este sábado se ha organizado una jornada en Andorra. Participan el presidente Roger Montoliu y también el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich; el magistrado de Barcelona y portavoz de la asociación Àgora Judicial, Guillem Soler, y el penalista Gonzalo Boye, entre otros. Los Colegios de las Balears y Andorra están adheridos al Consell de la Abogacía Catalana.