El Departament de Justícia sancionará a la empresa de intérpretes por el fiasco en el juicio de Roger Español, tal como ha avanzado este miércoles Nació y ha confirmado ElNacional.cat. Fuentes de la conselleria han explicado que han recibido la información requerida a la empresa y que, una vez analizada, se ha acordado incoar un expediente para imponer las penalizaciones económicas previstas por contrato, mientras ha pedido más datos. De la misma manera, han asegurado que la compañía se ha comprometido a adoptar medidas organizativas internas para mejorar la asignación de los perfiles profesionales a los servicios requeridos.
Desde Justícia también han explicado que recordarán al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que el artículo 231.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé que, en casos extraordinarios, se pueda habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, más allá de los traductores e intérpretes en plantilla de los que dispone el departamento en determinadas sedes judiciales. También han señalado que es potestad del juez encomendar la traducción a alguna persona presente en la sala, pero en el caso del juicio de Roger Español se negó. Benet Salellas, abogado de Español, pidió al tribunal que habilitara a un funcionario para hacer de intérprete, y el presidente rechazó la petición: dijo que no impondría esta responsabilidad a nadie. En cualquier caso, el próximo miércoles y jueves —los días 30 de septiembre y, justamente, 1 de octubre— vuelve a haber juicio, y volverá a hacer falta un intérprete, ya que declaran los policías imputados.
Vulneración de derechos lingüísticos
Irídia, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ejercen de acusación particular y popular en la causa, denunciaron el pasado viernes una "vulneración de derechos lingüísticos" en el procedimiento. En un comunicado conjunto, las tres entidades tildaron de "intolerable" el hecho de que se hayan visto obligadas a autotraducirse al castellano ante la incapacidad de la intérprete para hacerlo y lamentaron que se tratara de una violación de facto de la Carta de derechos lingüísticos de la ciudadanía ante la justicia, así como de la LOPJ.
La traductora designada no pudo traducir la primera pregunta en catalán dirigida al jefe policial de Camel, la unidad que actuó en Barcelona durante el 1-O. En la segunda sesión del juicio, el magistrado José Carlos Iglesias propuso detener el proceso y buscar un nuevo traductor, pero la representante de Òmnium en la causa, Laia Serra, decidió finalmente traducirse ella misma hablando a la vez en catalán y castellano, para evitar retrasarlo todo. Llegó una nueva intérprete de catalán, pero también mostró dificultades, y Serra tuvo que ceder y hacer las preguntas en castellano para agilizarlo todo. Lo mismo pasó con Salellas, que empezó a hacer las preguntas a los agentes de la policía española en catalán y acabó pasándose al castellano por los problemas de traducción.