El Tribunal Supremo se ha desmarcado de la Fiscalía y se mostrará a favor de investigar la gestión de la pandemia del coronavirus, a pesar de que, no abrirá una causa penal contra los miembros del Gobierno.
La Fiscalía había rechazado llevar a cabo esta investigación pero, por el contrario, el Alto Tribunal ya está ultimando la redacción del auto que dará respuesta a la veintena de querellas contra miembros del Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria, según ha podido saber El Mundo.
Indicios de delitos
El Supremo ve indicios de delitos en algunas actuaciones del Gobierno y por eso cree que algunos de los hechos denunciados por los querellantes se tienen que investigar. Cuando menos, el Alto Tribunal no prevé abrir procedimientos contra los ministros y el presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez.
El presidente de este órgano, Manuel Marchena, se desmarca de la Fiscalía que pidió que se archivaran las denuncias interpuestas contra el ejecutivo de Sánchez.
La cantidad de querellas que recibió el Gobierno vienen de los siguientes partidos y entidades; Vox, Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como de varios particulares.
Las querellas
El citado medio recuerda que los hechos denunciados comprendían la falta de material de protección para el personal sanitario y fuerzas de seguridad, la distribución de mascarillas defectuosas, la adjudicación de contratos por parte del Ministerio de Sanidad, la convocatoria de la manifestación del 8-M o la falta de prevención de medidas en la lucha contra la Covid.
Por su parte, los delitos denunciados eran: delitos contra el derecho de los trabajadores, homicidios y lesiones, delitos contra la integridad moral, prevaricación, desobediencia, omisión de deber de socorrer, falsedad documental y delitos contra los sentimientos religiosos, entre otros.
Según ha podido saber El Mundo, algunas querellas "son disparatadas y no tienen fundamentación jurídica", y algunas sí que relatan hechos que tienen que ser investigados por los juzgados competentes.