El titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno a Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa y por lesiones por imprudencia profesional por haber permitido la manifestación del 8-M. La decisión llega a raíz de la denuncia de un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los delegados del gobierno en las diferentes comunidades autónomas por no haber prohibido concentraciones multitudinarias entre el 5 y el 14 de marzo a pesar de la recomendación del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades, el 2 de marzo.
El juzgado sólo ha incoado diligencias contra el delegado porque es el único sobre el que tiene competencias e insta al denunciante a que, si lo considera oportuno, traslade la denuncia a los organismos competentes. En el caso de Sánchez, delante de la Sala Segunda del Supremo y con respecto al resto de delegados, en los órganos judiciales de sus comunidades.
El juez también ha acordado ordenar varias diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, aunque advierte que no son "urgentes" y deberán practicarse cuando la situación lo permita dependiendo de la evolución del estado de alarma.
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