La fundación Facua-Consumidores en Acción exige al ministro de Sanidad, Salvador Illa, al de Consumo, Alberto Garzón, y al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que revisen urgentemente a la baja el precio de las mascarillas, así como que sean gratuitas para las personas con pocos recursos económicos. En este sentido, recuerdan que muchas comunidades autónomas han aprobado normativas para que este producto sea obligatorio en los espacios públicos, lo que es un gasto adicional diario para los consumidores.
Actualmente, las mascarillas cuestan 96 céntimos, por lo que Facua pone de relieve que tienen un coste de alrededor de cien euros mensuales para aquellas familias de cuatro miembros donde cada uno de ellos utilice una por día. "Los consumidores están teniendo que hacer frente a la adquisición periódica de estos elementos de protección, lo que está suponiendo un aumento de los gastos cotidianos a los que deben hacer frente", defiende la entidad en un comunicado publicado en su web.
Personas comprando en un mercado de Barcelona con mascarilla / Maria Contreras Coll
Un precio de tres céntimos antes de la pandemia
Pese que en abril, el Gobierno señaló que el coste de las mascarillas quirúrgicas era de 16 céntimos la unidad, Facua asegura que es una aproximación al alza y su precio es menor. En este sentido detalla que, antes de la pandemia de la Covid, este producto se vendía a proveedores a tres céntimos la unidad incluyendo los impuestos.
Por ello, aunque no precisa una cifra exacta, defiende que la mascarilla se debería vender a un precio "muy por debajo" del actual y similar a los costes de producción.
Por otro lado, también pide que se fije un precio máximo de las mascarillas higiénicas que se venden al público. En abril, la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos acordó establecer su precio en una futura reunión. No obstante, Facua lamenta que hasta el día de hoy no se ha publicado ninguna resolución al respecto.
En este contexto, la asociación pide al Gobierno y a los ministerios competentes que determinen lo antes posible su precio. "Debe ser similar a los costes de producción para evitar que los consumidores tengan que hacer frente a grandes gastos si quieren disponer de estos bienes", concluye Facua.