El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha denunciado en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra las infiltraciones de policías españoles en movimientos juveniles de Catalunya. Ante esta "estrategia coordinada" del Gobierno, Antich ha exigido la intervención de la comunidad internacional para que el estado deje de utilizar herramientas utilizadas en la lucha antiterrorista contra el movimiento independentista catalán. "Hay una estrategia coordinada por parte del Gobierno, la justicia, los servicios secretos y la policía para intentar controlar y desmantelar un movimiento político pacífico y crear un efecto disuasivo, haciendo uso herramientas propias de la lucha antiterrorista", ha asegurado el presidente de la entidad desde Ginebra.
La intervención de Antich se enmarca dentro de la 52.ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos que se celebra en la sede de las Naciones Unidas de Ginebra, y ha consistido en un diálogo interactivo con la relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin. Tanto Òmnium como Fionnuala han contribuido en la realización de un estudio global sobre el impacto de las medidas antiterroristas en la sociedad civil y el espacio cívico. En el informe se denuncia la vigilancia y el espionaje contra el movimiento independentista y el uso de manera sistemática de legislación y prácticas antiterroristas por perseguir el movimiento desde el año 2017.
Tal como se explica en el informe, el estado español y sus instituciones acusan a la población movilizada en favor de la independencia de ser un riesgo para la seguridad nacional. Utilizando este argumentario, utilizan un marco de seguridad que "supone una amenaza para los derechos humanos y atenta directamente contra el derecho a la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho de reunión pacífica".
"La Audiencia Nacional emplea la figura del terrorismo para asignarse casos contra activistas independentistas, haciendo un uso político de esta acusación y criminalizando la disidencia por su ideología", se explica dentro del documento. La entidad asegura, además, que la existencia de causas secretas vulnera los derechos fundamentales de los acusados. En el informe se exponen varios casos contra el movimiento independentista catalán, donde el estado ha hecho uso de herramientas y mecanismos para la lucha contra el terrorismo. Entre ellas, la acusación y condena por sedición de los presos políticos, el espionaje ilegal del Catalangate, la persecución de manifestantes o sociedad civil por delito de terrorismo y las infiltraciones a organizaciones de la sociedad civil catalana.
Uno de los policías españoles infiltrados queda impune
El ministerio de Interior no ha abierto ningún expediente al agente del Cuerpo Nacional de Policía infiltrado durante dos años en la izquierda antisistema de Barcelona. A pesar de las denuncias de agresión sexual presentadas por cinco de las mujeres a quienes engañó con el fin de ganarse su confianza y adentrarse a sus círculos para perpetrar el espionaje de Estado, no se ha tomado ninguna medida para investigar las dudosas actuaciones del agente. En un comunicado sobre el falso militante antisistema mallorquín Daniel Hernández Pons-- alias 'Robocop'-- al cual tuvo acceso El Debate, el ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska defiende su actuación para garantizar, "por imperativo constitucional y legal, el ejercicio de nuestros derechos y libertades".