El futuro de las autopistas en Catalunya ha vuelto con fuerza al centro del debate político. La interpelación del diputado de los Comuns, Lluís Mijoler, a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en el Parlament ha evidenciado que el modelo de gratuidad instaurado en 2021 con el levantamiento de los peajes está en cuestión. El Govern admite problemas estructurales y plantea abiertamente sistemas de pago por uso —como la viñeta o el modelo vasco—, pero insiste en que cualquier cambio debe ser coordinado con el Estado. Paneque ha defendido que el debate no se puede plantear en términos de retorno al pasado. “No tiene que ver con volver a un modelo antiguo, sino con cómo garantizamos una fuente de financiación estable”, ha afirmado. Según la consellera, la desaparición de los peajes ha dejado un escenario con carencias evidentes: la falta de recursos para el mantenimiento de las vías de alta capacidad, la asunción íntegra del coste por parte de los presupuestos públicos y la inexistencia de un mecanismo estable que permita vincular la red viaria con la financiación del transporte público.
Estas tensiones se hacen especialmente visibles en la AP-7, el eje vertebrador de Catalunya. Paneque ha detallado que cada día circulan unos 15.000 camiones en la Jonquera y hasta 35.000 en el Vallès, unas cifras que, a su parecer, generan una presión “no sostenible a largo plazo”. El aumento del tráfico, los episodios recurrentes de colapso y el incremento de la siniestralidad han situado esta infraestructura al límite de capacidad. Ante este escenario, el Govern pone sobre la mesa alternativas que ya funcionan en otros países europeos. Una de las opciones es la viñeta, con cuotas anuales o temporales que permitan circular por vías de alta capacidad, con criterios variables según emisiones o tonelaje. Paneque ha citado ejemplos como Austria, Suiza o Eslovenia. Otra vía es el modelo vasco, donde las diputaciones forales mantienen peajes no como sistema temporal para amortizar obras, sino como mecanismo estructural para financiar el mantenimiento, las ampliaciones y la modernización de la red, que presenta “un estado de conservación óptimo”.
Un modelo estatal
La consellera, sin embargo, ha sido taxativa a la hora de descartar una aplicación unilateral en Catalunya. "No sería asumible un modelo solo para el país", ha advertido, recordando que la mayoría de las vías de alta capacidad son de titularidad estatal. En este sentido, ha apostado por articular un acuerdo con el Gobierno de España que permita implantar un sistema homogéneo en todo el Estado. Para hacerlo posible, Paneque ha planteado reforzar mecanismos como el consorcio de inversiones o las encomiendas de gestión, que permitirían a la Generalitat asumir la gestión efectiva de carreteras estatales sin necesidad de cambiar la titularidad. "Si solo actuamos sobre la red propia, generaremos un sistema incoherente que perjudicará el territorio y los usuarios", ha avisado.
Además, ha enmarcado el debate en el contexto de la normativa europea, que fija el 2032 como fecha para que los vehículos pesados paguen por kilómetro recorrido, mientras que los turismos podrían continuar con sistemas como la viñeta. Esto, según Paneque, obliga a anticipar decisiones y a definir un modelo propio alineado con Europa. En su interpelación, Mijoler ha dibujado un diagnóstico especialmente crítico de la situación actual. "La AP-7 está al límite de capacidad, de paciencia ciudadana y del modelo de movilidad", ha afirmado. El diputado de los Comuns ha denunciado que circular por esta vía se ha convertido en "incertidumbre, tensión y riesgo", y que demasiado a menudo funciona como "una sala de espera sobre ruedas".
Los Comuns piden un plan al Govern
Según Mijoler, la problemática no es nueva, pero se ha agravado después del levantamiento de los peajes, que se hizo —ha dicho— sin una estrategia clara de financiación, mantenimiento y seguridad, ni tampoco con alternativas ferroviarias suficientes. "Cuando una infraestructura de esta magnitud queda sin gobernanza, los costes no desaparecen", ha advertido. El diputado ha puesto el foco en el peso del transporte pesado en la siniestralidad. Sin "criminalizar" el sector, ha remarcado que los camiones tienen una incidencia destacada en los accidentes y ha reclamado medidas inmediatas: limitar de forma más estricta los adelantamientos, obligar a circular por el carril derecho con sanciones en caso de incumplimiento, reforzar los controles y mejorar la gestión inteligente del tráfico.
Mijoler también ha defendido abrir el debate sobre un sistema de pago por uso, pero con un enfoque diferente del pasado. “No se trata de recuperar los peajes de barrera, sino de regular la demanda”, ha explicado, con el objetivo de evitar que la AP-7 continúe funcionando como un “corredor gratuito de vehículos europeos”. A la vez, ha reclamado más implicación del Gobierno y ha exigido una estrategia clara de mantenimiento y seguridad para esta infraestructura. En paralelo, ha abierto la puerta al traspaso de la gestión a la Generalitat, pero con condiciones: una auditoría previa, recursos suficientes y compensaciones por el déficit acumulado. “No puede ser un traspaso low cost”, ha avisado. El diputado de los Comuns ha situado, finalmente, el debate en una perspectiva más amplia de modelo de movilidad. A su parecer, la solución estructural pasa por potenciar el transporte ferroviario de mercancías. “Si no hablamos de tren, no podemos hablar de la AP-7”, ha sentenciado, reclamando culminar el corredor mediterráneo y mejorar las conexiones con puertos y aeropuertos para reducir la presión del tráfico pesado en la carretera.
Illa abre el debate
Este intercambio parlamentario llega después de que, en la sesión de control del 1 de julio, el president de la Generalitat, Salvador Illa, pusiera en duda el levantamiento de los peajes. “¿Quizás nos equivocamos cuando todos alegremente pedíamos que fuera peajes?”, planteó, en una reflexión que generó reacciones inmediatas. Illa admitió que hay “un problema en la AP-7” y apeló al “realismo” y a la “responsabilidad” a la hora de abordarlo, defendiendo también la necesidad de explorar nuevas infraestructuras como la B-40 para descongestionar la vía. Sus palabras toparon con la oposición de los Comuns, que rechazan este tipo de proyectos, y reabrieron un debate político que hacía años que parecía cerrado.
Desde Junts, la diputada Míriam Nogueras también ha entrado en la discusión defendiendo la implantación de una viñeta como sistema de pago por uso, similar al de otros países europeos. Sin embargo, ha reivindicado el fin de los peajes tradicionales y ha recordado que estos ya habían sido ampliamente amortizados después de décadas de cobro.