El Parlament de Catalunya ha vuelto a rechazar una moción de los Comuns en la cual instaba al Govern de la Generalitat a parar el impulso de la ampliación del aeropuerto del Prat o la carretera B-40 entre Sabadell y Terrassa. En el marco de una moción sobre el cumplimiento de los objetivos con relación a la descarbonización y la lucha contra el cambio climático, los Comuns llevaban la propuesta de reencaminar las inversiones que tienen que ir destinadas a la ampliación del aeropuerto y la B-40 hacia la "movilidad sostenible y la transición energética justa, así como planificar las infraestructuras de manera que contemplen los efectos del cambio climático como la subida del mar, temperaturas extremas y fenómenos meteorológicos". La cámara, después de que ya lo rechazara en el último pleno, ha votado en contra de esta propuesta del grupo de Jéssica Albiach con los "no" de los 101 diputados de PSC, Junts per Catalunya, el PP, Vox y Aliança Catalana, mientras que els 28 d'ERC, Comuns y CUP han votado favorablemente.

La ampliación del aeropuerto del Prat es uno de los elementos que chocan entre los tres socios de investidura. ERC y los Comuns están totalmente opuestos, mientras el PSC se ha desmarcado hasta el punto que el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció el impulso de la ampliación del aeropuerto con el objetivo de atraer vuelos de Asia. La pista mar se ampliará hasta 500 metros y el objetivo es que entre en funcionamiento el año 2033 con una inversión de 3.200 millones de euros, que tendrá que asumir AENA. Concretamente, incluirá la remodelación de la Terminal-1; remodelación y mejoras en la T-2; alargamiento y mejoras asociadas a la pista del mar; salida rápida de la pista cruzada, y un nuevo edificio de la terminal satélite, que comportará la construcción de un tren subterráneo para conectarla con la T-1. Los Comuns ya han advertido que plantarán la guerra contra esta ampliación a la Comisión Europea, ya que aseguran que invade un espacio natural protegido de la Ricarda.

Diferencias entre los socios de investidura de Illa

Durante el debate de la moción, el diputado de los Comuns Lluís Mijoler ha advertido que en Catalunya solo le quedan 325 millones de toneladas de CO₂. "Al ritmo actual lo agotaremos en 8 años. El año 2033, que, casualmente, es la fecha que algunos tienen previsto tener terminada la ampliación del aeropuerto", ha dicho el diputado de los Comuns, que considera que llevarán "más emisiones". Mijoler considera que no se puede hablar de "neutralidad climática" mientras se impulsan macroproyectos que son "auténticas bombas climáticas" y exige aprobar los presupuestos de carbono y que quién más contamine, más pague. El PSC, por su parte, ha reivindicado los objetivos de "descarbonización y de lucha contra el cambio climático", aunque ha advertido que este ejecutivo no es "de parar proyectos". "Consideramos que los objetivos no son incompatibles con la modernización e impulso de grandes infraestructuras necesarias para la competitividad de la economía catalana", ha dicho el diputado Cristòfol Iglesias, que reivindica que la ampliación del aeropuerto vaya ligada a una mejora del espacio natural del delta del Llobregat. De hecho, considera que la reducción de emisiones se consiguen con una mejora de la flota de aviones "más eficientes y sostenibles".

Junts per Catalunya cree que Catalunya "va tarde" en la descarbonización y ha reivindicado la "independencia energética", así como la aprobación de la ley del cambio climático del 2017 impulsada por el conseller Rull. Eso sí, todos los grupos han coincidido en el hecho que no se ha desplegado del todo esta ley y que habría que hacerlo. El diputado juntaire Jordi Munell ha criticado la burocratización a la hora de acceder a energías renovables por parte de empresas y considera que Renfe y Adif son unas barreras por descarbonizar, mientras que no ha hecho mención de la ampliación del aeropuerto del Prat. En la línea de los Comuns, la diputada de ERC Montse Bergés cree que es "incompatible" luchar contra el cambio climático y proponer la ampliación del aeropuerto y apostar por el Quart Cinturó. De hecho, ha acusado al ejecutivo socialista "de incoherente" y ha reivindicado pasar de "el actual modelo global depredador de derechos y recursos a otro de oportunidades, justicia social y equilibrio ambiental".

El PP acusa a los Comuns "de ecologismo dogmático"

El PP ha acusado los Comuns "de ecologismo dogmático" y considera que la propuesta parlamentaria "no es seria y es una agenda ideológica con una fuerte agenda intervencionista". Los populares consideran que las propuestas "burocráticas" las acabarán pagando la mayoría de catalanes. "El aeropuerto del Prat y la B-40 son infraestructuras primordiales y esenciales para el progreso de Catalunya. Todo el mundo lo entiende así menos vosotros", ha dicho la diputada Eva García, que ha reivindicado que generaría puestos de trabajo, conectarían el territorio y mejorarían la movilidad. "Su modelo es el decrecimiento y la parálisis económica", ha dicho García, reivindicando la necesidad de hacer más eficiente las actuales infraestructuras.

La CUP ha subrayado que "comparten" todas las propuestas de los Comuns y también ha pedido que se acabe de desplegar la ley del cambio climático del 2017, como la ley de residuos, los dos impuestos a los grandes barcos y las empresas más contaminantes y el bloqueo de la Agencia Catalana de Residuos. "Se ha dejado de hacer mucho trabajo", ha lamentado el diputado Dani Cornellà, que considera que la ampliación del aeropuerto del Prat es "contradictorio" a los presupuestos de carbono. Finalmente, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha acusado las propuestas de los Comuns de aumentar la burocracia y los impuestos a los ciudadanos de Catalunya y a sus empresas, poniendo de ejemplo al impuesto de CO₂, asegurando que han puesto dificultades a la compra de coches a la clase media. "La agenda 2030 ni está, ni se lo espera", ha finalizado.

El resto de propuestas, aprobadas

Con todo, la única propuesta de la moción que ha quedado rechazada por la cámara catalana es el rechazo a la ampliación del aeropuerto y la B-40. En cambio, sí que se ha aprobado medidas como el Parlament elabore unos presupuestos de carbono siguiendo las recomendaciones del Comité de Expertos sobre el cambio climático. También ha quedado aprobado la reactivación de la Mesa Social del Cambio Climático como "espacio real de participación y de seguimiento" de la política climática, con la participación del mundo científico, entidades, sindicatos y movimientos juveniles. La cámara catalana también ha dado luz verde a revertir el bloqueo de los instrumentos previstos a la ley del cambio climático del 2017 y aprobar un plan de ejecución actualizado con calendario y presupuesto en un plazo de tres meses. Todo ello se ha aprobado con los únicos votos en contra de los 28 diputados de PP, Vox y Aliança. Al mismo tiempo, también se ha aprobado, esta vez con el rechazo de Junts per Catalunya y las formaciones de derechas, el impulso de aplicar impuestos a las actividades más contaminantes, como cruceros, grandes industrias emisoras o turismo de masas.