Después del Consejo de Ministros de este viernes, los periodistas preguntaron con insistencia a la portavoz Isabel Celaá sobre las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. "No las consideramos", se limitó a responder Celaá, con cierta incomodidad. "Afortunadamente, no afectan al jefe de Estado actual", justificaba. Pero sí que implicaban directamente al rey emérito Juan Carlos I. Y detrás de las revelaciones había un nombre conocido, un personaje turbio que volvía a amenazar con poner en marcha el ventilador: José Manuel Villarejo.

Las grabaciones hechas por el excomisario a la examante del rey emérito revelaban, entre otras cosas, el papel clave que habría tenido el anterior jefe de Estado en la trama del Instituto Nóos, que ha llevado a su yerno Iñaki Urdangarín a la cárcel. También que habría utilizado Corinna como testaferro, que le habría dado archivos claves del CNI, que habría cobrado 80 millones de euros de comisión por el AVE a la Meca o que se habría acogido a la amnistía fiscal del ministro Montoro. Curiosamente, ahora el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que no difundirá los nombres de los defraudadores que se acogieron a ella, aunque cuando estaba en la oposición exigía hacerlo.

Villarejo, un viejo conocido de las cloacas del Estado que ha acumulado mucha información a lo largo de las últimas décadas, vuelve al ataque. Y lo hace contra la Casa Real y contra Juan Carlos I, el rey emérito, una figura clave de la Transición y del establecimiento del régimen del 78. La diferencia es que ahora, a diferencias de anteriores ocasiones, tiene poco a perder.

Hoy se encuentra en la cárcel. Dos días después del encarcelamiento del exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern, el excomisario ingresó también en el centro penitenciario de Estremera, también por orden de la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. Es acusado de integrar un entramado empresarial para reintroducir en el Estado español y otros países de la Unión Europea fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional. Se le investiga por los delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

Quien hay detrás de la filtración de las grabaciones es todavía un misterio por resolver. El mismo Villarejo, que es quien las hizo, se ha desvinculado. Su defensa hablar de una "estrategia policial y mediática orquestada" contra su libertad provisional. Lo sitúa en la misma guerra de comisarios que puso luces y taquígrafos a la Operación Catalunya.

Lo que sí que está claro después de este nuevo episodio es que el comisario todavía tiene información comprometedora.

Foto: GTRES

Información es poder

Su nombre ya es habitual de casi todos los casos de espionaje político desde la Transición. Los más recientes, el caso Gürtel, la Operación Catalunya o el caso del Pequeño Nicolás. Él se describía como "servidor del Estado" en la entrevista inédita que le hizo Jordi Évole en el programa Salvados. Concretamente ha servido al Estado desde sus cloacas, donde todo acostumbra ser muy opaco y, a veces, también sucio.

Su carrera policial empezó en 1972, a finales de la dictadura, en San Sebastián, donde fue destinado en la comisaría provincial para formar parte de la lucha contra la banda terrorista ETA. Sus prácticas ya eran entonces discutibles, llegando a practicar la tortura. "Yo sería gilipollas si dijera que algunas veces no di hostias y tal. Además, estaba comprometido y creía que estaba haciendo bien", decía el mismo comisario en una entrevista en el diario Público. También que "ayudaban" a algunos presuntos etarras a suicidarse. Acabó recibiendo la Cruz al mérito policial con distintivo blanco.

En la década de los ochenta, el comisario decidió cogerse la excedencia y pasar al sector privado. Entre 1983 y 1993 montó un entramado empresarial que iba desde la investigación privada y un bufete de abogados hasta empresas inmobiliarias u hospitales. Según El País, llegó a ser titular de 46 sociedades con un patrimonio de unos 46 millones de euros.

En 1993 se reincorporó a la policía como agente encubierto. El primer gran escándalo al que aparece vinculado es el informe Veritas, publicado por el diario El Mundo en 1994 y encargado por el ministro del Interior socialista José Luis Corcuera. El informe recogía información sobre la vida privada del juez Baltasar Garzón –y empresarios como Javier de la Rosa--, que en aquel momento ya estaba hurgando en el terrorismo de Estado de los GAL. El objetivo era detener en seco las investigaciones.

Dos décadas más tarde, volvería a aparecer su nombre en los medios por otro gran escándalo: el de la Operación Catalunya. Como declaró ante notario el mismo Villarejo, él participó de la "brigada política" del ministro Jorge Fernández Díaz que buscaba atacar el auge del independentismo. Fue destinado a Barcelona y redactó, entre otros, el informe sobre la familia Pujol.

Hay otros episodios todavía más turbulentos de la trayectoria de José Manuel Villarejo. En estos momentos también está siendo investigado por el intento de apuñalamiento de la dermatóloga Elisa Pinto. Esta doctora había acusado de acoso al empresario Javier López a Madrid, implicado en casos de corrupción como el caso de las tarjetas black. López Madrid es un personaje muy bien relacionado. Sin ir más lejos, es el compi yogui de la reina Letizia. Una vez más, la Casa Real en el ojo del huracán.

Foto: EFE

La amenaza del ventilador

Durante todas estas últimas décadas, tanto como agente encubierto de la Policía Nacional española como como agente de investigación privada, Villarejo ha ido acumulando mucha información sobre los más poderosos del Estado español. La tiene debidamente registrada, como las conversaciones con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, porque tiene tendencia a grabarlo todo. Y la venganza es un plato que se sirve frío desde la prisión de Estremera. Más todavía cuando se acumulan los casos judiciales. En el medio, la guerra de comisarios y el CNI, su principal adversario.

Sin ir más lejos, según adelantó Público en enero de 2017, esta "brigada política" de la policía ya amenazó a la Casa Real e incluso al CNI con levantar la alfombra sobre la relación de Juan Carlos I con su amante. El objetivo del director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, era el de detener las investigaciones sobre esta policía paralela. Las grabaciones hechas públicas, según ha dicho Villarejo esta semana, estaban en manos de las unidades de Investigación Tecnológica y de Asuntos Internos de la Policía Nacional española.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la publicación de las grabaciones es un intento del excomisario para que sea puesto en libertad. El problema para el Estado es que, a través de este chantaje, se conocen más detalles turbulentos sobre el inviolable Juan Carlos I, descrito durante décadas como el héroe de la Transición, del régimen del 78.