Ya hace más de un mes que la regularización de migrantes extraordinaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez está en marcha, con los trámites abiertos hasta el próximo 30 de junio. Mientras tanto, el Parlament de Catalunya ha rechazado la propuesta de Junts, que planteaba reclamar el A2 de catalán para poder renovar la regularización extraordinaria dentro de un año. También querían que el B1 fuera necesario para acreditar el arraigo de cara a futuros procesos ordinarios. Solo Junts ha votado a favor de su propuesta, mientras que Aliança Catalana se ha abstenido y el resto de la cámara (también ERC y la CUP) se han abstenido. En una entrevista en RNE, la portavoz de los republicanos en el Parlament, Ester Capella, avanzaba el sentido del voto de su partido. Después de avanzar que Esquerra querría que “todo el mundo que tiene que trabajar y vivir en Catalunya, sobre todo los altos funcionarios, tuviera este requisito”, y veía con buenos ojos un mínimo conocimiento de la lengua para acreditar el arraigo en el país, Capella consideró que “no podemos exigir a las personas que viven cinco años aquí sin documentación, aquello que no exigimos a aquellos que ejercen la función pública en Catalunya”, haciendo referencia al uso de la lengua.
El partido de Carles Puigdemont quería instar al Govern a “dotarse” de los instrumentos necesarios para garantizar que se cumpla el conocimiento y un protocolo para la validación del nivel A2 en la renovación de la regularización extraordinaria, y a hacerlo en tres meses en el caso del B1 para próximos procesos ordinarios. En medio de las diferentes polémicas que han rodeado este proceso de la regularización extraordinaria de migrantes, que según diferentes expertos se ha hecho demasiado deprisa, en Catalunya y el resto de territorios de habla catalana se le tiene que sumar el elemento lingüístico en un momento complicado para el catalán ante su retroceso en el uso social.
Protección del catalán “en todas partes” después del pacto en Aragón
En cambio, los grupos parlamentarios han avalado pedir que el Estado español “vele por la protección y promoción” del catalán en todas partes donde se habla. El texto defiende que el Gobierno “aplique subsidiariamente las medidas adecuadas para proteger y salvaguardar el catalán y su cultura” en Aragón, después de las medidas sobre el catalán del pacto PP-Vox en esta comunidad a cambio de la investidura de Jorge Azcón. El Parlament también ha dado luz verde a reclamar que el conocimiento de lenguas oficiales se valore como mérito en el acceso al sistema de formación sanitaria especializada (MIR) en todas las profesiones sanitarias y la creación, en un plazo de dos meses, de una oficina de protección de derechos lingüísticos para atender las quejas y denuncias por motivos lingüísticos. Finalmente, el Pleno ha pedido una dotación extraordinaria de cinco millones de euros destinada a federaciones y clubes deportivos que desplieguen planes lingüísticos.