El caos de las oposiciones puede acabar con una multa de como mínimo 75.000 euros. La mala organización de la empresa Cegos ya se ha cobrado las primeras consecuencias, como la destitución de la directora general de Función Pública, Marta Martorell. Sin embargo, este sería, por ahora, solo un primer paso. Según informa El Periódico, la Generalitat estudia cómo exigir responsabilidades a la compañía, lo que podría traducirse en una multa de miles de euros.

Concretamente, la multa partiría de un mínimo de 75.000 euros. Además, la penalización podría incluir la rescisión del contrato y la devolución de todo lo que se ha cobrado hasta el momento por los servicios, una cifra que de más de 59.000 euros. El Gobierno ha encargado, pues, un informe a su gabinete jurídico para rescindir el contrato con la compañía. Esta es la primera vez que la Generalitat externaliza la gestión de unas oposiciones a una empresa externa y el resultado ha sido un desastre, según coinciden los participantes, el mismo Ejecutivo y la oposición.

La Generalitat se ha mostrado decidida a depurar responsabilidades con la empresa. Así lo indicaba Patricia Plaja, la portavoz del Ejecutivo, quien el pasado martes afirmó que se quiere llegar "hasta el final" para que la empresa en cuestión, Cegos, no eluda sus responsabilidades por la polémica del proceso de las oposiciones.

Primera consecuencia: una destitución

El ejecutivo ha decidido destituir a la directora general de Función Pública, Marta Martorell por el caos en las oposiciones de este sábado, donde los aspirantes denunciaron retrasos generalizados, carece de exámenes, violaciones de anonimato y varias incidencias que provocaron la cancelación de alguno de los procesos. Sin embargo, este cese no ha conformado la oposición, quién consideran que las responsabilidades se tienen que depurar en niveles muy altos. Hay que llegan a señalar a Laura Vilagrà, conseller de la Presidencia. Otros, todo el Ejecutivo: "Un gobierno que no sabe organizar unas oposiciones no es el más indicado para dirigir un país", sentenció el líder del PSC, Salvador Illa.

El Govern ha nombrado a Anna Maria Molina como la nueva directora general de Función Pública. Licenciada en Derecho y diplomada en Relaciones Laborales, Molina ha ocupado varios cargos a la administración y, recientemente, ha ejercido como Subdirectora General de Análisis y Planificación Estratégica, que depende de Función Pública. Trabaja a la Generalitat desde el 2005 y ha trabajado en el departamento de Salud y de la Presidencia.