El politólogo Jordi Muñoz abrió un melón que parecía cerrado. Fue en un artículo en el diario Ara, donde se preguntaba si "convendría fijar un umbral de participación el 1-O". Su conclusión era que sí, y fijaba este porcentaje. "Con un cuórum del 50% ya nadie podría decir que el 1-O es un tipo de nuevo 9-N", escribía el profesor de ciencias políticas de la Universitat de Barcelona.

Aunque Muñoz es partidario de no establecer umbrales de participación como norma general, también argumenta que "un umbral de participación evitaría el riesgo de un resultado endemoniado y de difícil gestión parecida al del 27-S", y que, a pesar de los posibles costes, "ayudaría a reforzar la credibilidad, interna e internacional, de la convocatoria".

No es lo mismo que piensan en la Generalitat. En la página web garanties.cat, Junts pel Sí explica que "el objetivo del Govern es que vote el máximo de personas, y trabajará para conseguirlo". Sin embargo, añaden, no se ha establecido un mínimo de participación para el 1 de octubre, "porque es lo que recomiendan organismos internacionales como la Comisión de Venecia después de analizar los resultados de varios referéndums: fijar un porcentaje mínimo de participación podría facilitar el boicot de una de las partes".

Concretamente, en su Código de buenas prácticas sobre referendos, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sostiene que "es recomendable no estipular un cuórum de participación mínima (umbral de representación, porcentaje mínimo), porque asimila los abstencionistas con aquellos que votan en contra de la propuesta". De la misma forma, tampoco recomienda fijar mayorías reforzadas de aprobación, "porque se corre el riesgo de provocar una situación política complicada si una mayoría simple da apoyo al texto en un porcentaje más bajo que el umbral mínimo acordado".

Tampoco es lo mismo que piensan organizaciones como la Assemblea Nacional Catalana, que la semana pasada afirmó que "no fijar un mínimo de participación el 1-O coincide con nuestra postura". De hecho, ni en los dos referéndums de autodeterminación de Quebec (1980 y 1995), ni en el referéndum de independencia de Escocia de 2014, había ningún requisito más que la mayoría de votos en las urnas. Sin cuórums exigidos, en estos referéndums, la participación se movió en un horquilla entre el 84,5% y el 93,5%. Se han aplicado en democracias no consolidadas, como Letonia y Eslovenia; en contextos de transición democrática, como Montenegro; o en Estados débiles, como Sudán del Sur.

Ni en Escocia ni en Quebec hubo umbrales de participación mínima, pese a que la participación superó el 84,5%

Los referéndums precedentes

Justamente los argumentos de la Comisión de Venecia son a los que se aferra Josep Costa, profesor de teoría política de la Universitat Pompeu Fabra, que sostiene que la imposición de mínimos "puede incentivar boicots e inducir a confusiones entre los abstencionistas y los votantes del 'no'". Del mismo modo, recuerda que los referéndums en el Estado español no se han hecho nunca con un cuórum de participación mínimo.

La participación más alta que se ha registrado en un referéndum en el Estado español fue el de la Constitución de 1978, con un 67,11% del censo. Después, por orden cronológico, vendrían el del Estatuto de Catalunya de 1979, con un 59,7%; el de la OTAN de 1986, con el 59,42%; el de la Constitución Europea del 2005, con el 42,32%, y el del Estatuto del 2006, con el 48,85%. En ninguno de los casos había establecido un umbral de participación. Solo en dos casos (Constitución 1978 y Estatuto 1979), la opción ganadora no superó el 50% del censo. 

Normativas estables

"No se deben hacer normativas electorales ad hoc para una convocatoria electoral, según el contexto, sino que las normas electorales tienen que ser estables", argumenta Costa. En este sentido, comparte que se tiene que votar "com sempre", como insiste el Govern. "Se tiene que hacer como siempre, siguiendo los estándares internacionales", afirma.

El profesor tampoco acaba de ver justificado el argumento según el cual, con un umbral de participación mínimo, podría servir de incentivo para un sector concreto de votantes, como los comuns. "Es un mal argumento, porque es un contexto muy específico, y así no se hacen las normas electorales", explica.

"No se deben hacer normativas electorales ad hoc para una convocatoria electoral"

No lo hace más democrático

Jordi Matas Dalmases, catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona, tampoco considera necesario que se establezca un umbral mínimo de participación. "No debe ser un requisito en un referéndum", defiende Matas Dalmases, que también considera que podría favorecer el boicot por parte de los contrarios a la celebración del referéndum.

"En ninguna normativa se pide, ni me parece necesario para la validez democrática de la votación", explica el catedrático, que argumenta que "la abstención es un comportamiento electoral como cualquier otro".

Interpretaciones a posteriori

Hay un precedente: el 9-N. La participación quedó bastante lejos de los hipotéticos mínimos de participación: un 37%, en relación al censo ampliado que se utilizó. Salieron a votar 1,8 millones de personas por el 'sí-sí' (80%), 232.000 por el 'sí-no' (10%) y 104.000 por el 'no' (4,5%). Aquella votación, que fue una gran movilización soberanista, no tuvo ningún tipo de efecto ni consecuencia. Al menos política. Judicial es otra cosa.

Según Josep Costa, se debe actuar como en cualquier convocatoria electoral convencional; las decisiones vendrán al día siguiente del 1-O. "No se puede negar que un resultado con baja participación sería problemático", admite. "Sin embargo —añade—, eso no lo puedes decir antes, porque creas un efecto perverso, sino que tiene que ser a posteriori". En cualquier caso, el resultado sería "jurídicamente válido". Otra cosa es que políticamente sería más complejo.

Boicot en bloque

Como pasó en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, el unionismo está optando ahora por la misma estrategia que optó entonces: boicotando la convocatoria, no participando de la votación. Es lo que están empezando a hacer y harán, en mayor o menor medida, el PP, el PSC y Ciudadanos.

En esta misma línea se enmarca también el manifiesto "No iremos a votar" que firmaron al menos 200 militantes de Catalunya en Comú, que plantea "no participar el 1 de octubre ni hacer un llamamiento a la participación" en el referéndum, que consideran "una huida hacia adelante del gobierno de Junts pel Sí".

El boicot al 1-O ya tiene quien lo organice. Fijar un porcentaje sería colaborar.