La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en el portátil de la fontanera del PSOE, Leire Díez, un documento llamado "Acciones Catalunya" que detallaba una estrategia para actuar contra actores que supuestamente participaron en la operación Catalunya y en sus derivadas judiciales y políticas. Según consta en el sumario del caso que implica a Leire y Cerdán, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, el archivo, creado el 27 de abril de 2025, incluye referencias a la Ley de amnistía, Junts, el excomisario José Manuel Villarejo, el fiscal José Grinda y la propia UCO. El texto planteaba como "objetivo prioritario" cerrar "tan pronto como sea posible" la comisión de investigación de la trama parapolicial contra el independentismo impulsada por el gobierno del PP de Mariano Rajoy para que sus conclusiones pudieran ser elevadas a la Fiscalía, y apuntaba también a la conveniencia de obtener información de Villarejo que "sobre todo afecta al Tribunal Supremo, jueces y fiscales".
El documento recogía que Junts insistía en que "no se han hecho movimientos para limpiar los agentes de la UCO y de la UDEF que han estado participando" en la operación Catalunya, si bien Díez sostenía que "no es así" y defendía que sí se habían producido actuaciones en este ámbito. En cuanto a la Fiscalía, Díez sostenía que existía un malestar similar de los juntaires por el hecho de que, según exponía, “sigue el fiscal [Grinda], que inició toda esta operación”. En este contexto, el archivo señalaba que se había propuesto a Junts que presentara una denuncia contra Grinda ante la Fiscalía General a partir de la documentación recopilada, pero añadía que “no han querido porque es una patata caliente”. Finalmente, sería la organización de la fontanera quien impulsaría esta denuncia —“la pondremos nosotros”— por “las irregularidades que se han destapado en la comisión del Congreso” y por un supuesto “expediente de pedofilia”, del cual no se aportan más detalles.
Leire quería desestabilizar procesos judiciales
En la parte final del documento figura un párrafo destacado en rojo que, según la UCO, tiene una especial relevancia dentro de la investigación. En este fragmento, Leire señalaba que “uno de los obstáculos” para la aplicación de la Ley de amnistía era el Tribunal Supremo, pero aseguraba que “se puede decir que estamos avanzando”. “Yo creo que estamos en la meta volante antes del final de la etapa”, escribía, en referencia a un eventual acuerdo con Villarejo y otro Francisco Martínez —el ex número dos de Fernández Díaz— para que la Fiscalía les rebajara las elevadas peticiones de pena de prisión en el marco del caso Kitchen, que ahora se juzga en la Audiencia Nacional. Según la fontanera, estos acuerdos debían permitirle “hacerse con la documentación de Villarejo sobre todo lo que afecta al Tribunal Supremo, jueces y fiscales”. La UCO interpreta este fragmento como un indicio de la estrategia atribuida al entorno de Díez para obtener información comprometedora relacionada con procedimientos judiciales y actores del sistema judicial español.
El archivo también hacía referencia a una futura ofensiva judicial vinculada a personas que se consideran afectadas por la operación Catalunya. Según el documento, "muy pronto" figuras como Sandro Rosell, Jordi Sumarroca o el propietario de la Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, presentarían una denuncia "en la que estamos trabajando" para que "llegue a buen puerto". En el mismo texto, Leire afirmaba tener en su poder el llamado Informe Colombo, un documento interno elaborado en 2014 por Asuntos Internos de la Policía Nacional y que diversas investigaciones han señalado como uno de los antecedentes de la denominada policía patriótica. Según el escrito, se trataba de un informe que "beneficia" a los independentistas, aunque la fontanera sostenía que no tenía previsto facilitarlo "al menos de momento", con el argumento de mantener "un as en la manga".