Mañana movida en casa del PSOE. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado que la UCO entre en Ferraz por el caso Leire, o más concretamente "para adquirir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno". La UCO ha salido de Ferraz 12 horas después de entrar en la sede, alrededor de las 20.30 horas. Asimismo, los agentes de la Guardia Civil han programado registros en casa del ex secretario de Organización Santos Cerdán, el dirigente histórico Gaspar Zarrías —exvicepresidente de la Junta de Andalucía— y el empresario Javier Pérez Dolset. Todo, habiendo imputado a Cerdán, Zarrías y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, entre otros.
En un comunicado, el tribunal ha explicado que investiga a Cerdán, Díez, Pérez Dolset, Zarrías y al abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. En cuanto a la gerente del PSOE, apunta que "aparece descrita la indiciaria responsabilidad" de Fuentes "al menos como cómplice" de los delitos descritos y como autora de delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas.
"Actividad grave", según el juez
La Audiencia Nacional también ha explicado que investiga a Jacobo Tejielo —abogado de Cerdán— y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. Finalmente, menciona a Juan Manuel Serrano Quintana —ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez— y a Juan Francisco Serrano Martínez —diputado en el Congreso—, que cree que colaboraron con los investigados, pero afirma que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal. Pedraz considera que la actividad investigada es "grave" tanto por las penas que se podrían imponer como por "el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación", motivo por el cual considera "proporcionados" los requerimientos acordados.
Según El Confidencial, que ha adelantado la noticia, el dispositivo ha sido acordado por la Audiencia Nacional y cuenta con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción, y se espera que las actuaciones se prolonguen durante toda la jornada. El mismo medio ha explicado que los investigadores de la UCO buscan documentos, archivos y otros materiales relacionados con pagos, a raíz de meses de indagaciones después de encontrar mensajes, comunicaciones y movimientos bancarios de dirigentes del partido. Asimismo, recuerda que la operación tiene lugar en el marco de la investigación sobre Díez y la SEPI, en la cual se investigan pagos impulsados desde la secretaría y la gerencia del partido a la trama de Díez disimulados posteriormente con facturas falsas.
Investigan guardias civiles por intentar frenar casos contra el PSOE
El digital recuerda que tanto Cerdán como Zarrías están estrechamente vinculados con la fontanera: por un lado, Díez trabajaba para el partido en la sombra, en colaboración con el exsecretario de Organización; por otro, Zarrías la tuvo a sueldo en 2024 en su sociedad Zaño Consultora S.L.. Además, como decíamos, los pagos implican a otras personas como el empresario Pérez Dolset y diferentes abogados. La trama actuaba contra enemigos del PSOE, como fiscales, jueces y responsables de la misma UCO para desacreditarlos. Fue el año pasado cuando pillaron a Díez en unos audios en los que conversaba con empresarios con causas judiciales pendientes para conseguir información comprometida de, por ejemplo, el teniente coronel de la UCO Antonio Balas o el fiscal de Anticorrupción José Grinda, involucrados en investigaciones como el caso Koldo. La exmilitante socialista lo negó todo y aseguró que su objetivo era un trabajo periodístico sobre las cloacas del Estado. Más tarde, Díez fue detenida por su participación en unos contratos públicos bajo sospecha, con la presunta participación del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el dueño de Servinabar, Antxon Alonso —también vinculado a Cerdán—.
En esta línea, los agentes también se han personado en la Dirección General de la Guardia Civil, encabezados justamente por el teniente coronel Balas. Según medios como ElDiario.es, el objetivo es determinar si los mandos del instituto armado habrían filtrado información de los procedimientos que afectaban al PSOE. Así, han acudido para recoger todos los expedientes disciplinarios e informaciones reservadas abiertas contra miembros del instituto armado que han participado en investigaciones sobre los socialistas. Los agentes han tomado declaración a los funcionarios que han tramitado estas actuaciones disciplinarias contra sus compañeros.
El PSOE asegura "colaboración"
Desde el PSOE han asegurado que han atendido el requerimiento del juez "con plena colaboración": "El PSOE mantendrá siempre una posición de máxima colaboración con la justicia y de respeto absoluto a las actuaciones judiciales". Antes, la portavoz de los socialistas, Montse Mínguez, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" y ha insistido en la "colaboración" de su formación. "El Partido Socialista es diferente y lo hemos demostrado en muchas ocasiones", ha dicho, en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la cual ha añadido que: "Aquí no existe destrucción de pruebas. Y, por tanto, toda la información que sea requerida, pues, será trasladada". Por otra parte, ha lamentado una "campaña de desprestigio y linchamiento" contra los socialistas por parte de la derecha: "Al final es lo que hace tiempo que se está buscando. Yo ya hice un tuit hace una semana en el que dije que no pararán, y es que no pararán. Pero también tengo que deciros que a los socialistas no nos doblegarán".
Por parte del PP, justo después de conocerse la entrada de la UCO en Ferraz, Alberto Núñez Feijóo ha reclamado elecciones: "¡No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata!". El líder popular ha hecho un llamamiento a los socios para que dejen de apoyar a un ejecutivo que "huele mal", mientras que el diputado Elías Bendodo les ha recordado que "aquí tienen la línea roja". Sin embargo, fuentes del partido han vuelto a descartar una moción de censura.
A diferencia de lo que ha dicho Bendodo, nada de esto ha sido una "línea roja" para los socios. Diferentes de sus líderes han asegurado que la financiación ilegal sí que sería su límite para dejar de apoyar al Gobierno, un apoyo que han mantenido desde que estalló el caso Koldo en el año 2023. El caso es que las primeras informaciones apuntaban a que la UCO registraba Ferraz por una presunta trama de financiación ilegal del PSOE, pero finalmente todo ha quedado reducido al caso Leire.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el ejecutivo, Yolanda Díaz, ha expresado que no le gusta "nada" de lo que ve en la política: "No me gusta nada de lo que estoy viendo en la política española. Nada. No sé si lo que hace el señor (José Luis Rodríguez) Zapatero es delictivo o no es delictivo. No me corresponde a mí, le corresponde a un juez". En esta línea, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido que reclamaría elecciones si se demostrara que ha habido financiación ilegal, pero también ha avisado de que estamos en un momento en el cual "no se sabe lo que es cierto". Por su parte, fuentes de Junts han trasladado el mensaje de que Pedro Sánchez no debería esperar a que otras personas decidan por él, en referencia a la convocatoria de elecciones. Sin embargo, han dicho que ellos no tienen el botón sobre la continuidad o el final de la legislatura.