La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, comparecerá este jueves por la mañana en el Parlament para dar explicaciones sobre la situación en las prisiones catalanas, después de la grave crisis abierta por el asesinato de una cocinera por parte de un interno en la prisión de Tarragona, el miércoles pasado. Como el presidente Pere Aragonès ha convocado elecciones para el 12-M, será la Diputación Permanente, que votará las solicitudes de la comparecencia de la consellera, registradas por el PSC, Junts y Vox, que previsiblemente se aprobarán el mismo jueves a las 9 de la mañana. La consellera Ubasart solicitó también su comparecencia, que será precedida de nuevas protestas. Además, los miembros de la Diputación Permanente harán un minuto de silencio antes del inicio de la sesión en memoria de Núria, la primera trabajadora asesinada a una prisión catalana desde que en 1984 la Generalitat asumió las competencias de Justicia, donde incluyó las prisiones. El grupo ultra Vox ha denunciado que se haya rechazado una declaración propuesta por su grupo de apoyo a los funcionarios de prisiones, según informa la ACN.

En concreto, los sindicatos de prisiones han convocado una protesta en la plaza Sant Jaume, este miércoles por la mañana, para insistir en pedir la dimisión de la consellera y del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, en el pulso que han mantenido desde el jueves pasados, con cuatro días de protestas y bloqueando los accesos a la mayoría de centros penitenciarios. Es una protesta que no es una huelga formal, ya que no tiene servicios mínimos, alertó la misma consellera.

Por su parte, familiares de reclusos han convocado también una concentración en la plaza Sant Jaume, este miércoles a las 7 de la tarde, con el lema Los derechos de las personas presas no son negociables.

Ninguna huelga convocada

Este miércoles no se esperan cortes en las entradas de las prisiones, de los cuales se han quejado la Abogacía Catalana, porque no se garantiza el derecho de defensa, y el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha exigido a Justicia cuáles son los servicios mínimos de esta huelga. 

El Departament de Justicia ha respondido, este martes, al TSJC que no tienen ninguna comunicación de huelga por parte de los sindicatos representados en las prisiones y que, además, "la autoridad legal competente les ha comunicado que no tiene ninguna comunicación formal de convocatoria de huelga y en este sentido no se ha dictado ni publicado ninguna orden de servicios mínimos". En los cuatro días de bloqueos, se han tenido que suspender unos 50 juicios porque los Mossos no han podido trasladar los reclusos a los juzgados, según informó Justicia.

Funcionarios crispados

Funcionarios del servicio de vigilancia o régimen interior y del servicio de tratamiento han explicado este martes la difícil situación que viven actualmente en las prisiones catalanas, donde sostienen que los reclusos han perdido el respeto hacia los funcionarios y trabajadores y que las sanciones que reciben, por parte de la dirección de Servicios Penitenciarios, son laxas.

La consellera Ubasart y el secretario Calderó admitieron hace meses que en las prisiones catalanas habían aumentado  las agresiones y los problemas de salud mental de la comunidad penitenciaria con cifras más elevadas que en la sociedad, con más suicidios y más las agresiones entre internos y a funcionarios. Uno de los motivos expuestos es que el perfil de los internos ha cambiado, con una mayoría de ellos que no tiene apoyo familiar ni social que les ayude a cambiar y a rehabilitarse. Por eso, la apuesta fue contratar a 111 profesionales de tratamiento y también hacer cambios en seguridad. Por ahora, la sangría de suicidios parece  haberse frenado con el refuerzo del plan preventivo. Se ha pasado de 14 suicidios de reclusos dentro de las prisiones catalanas en el 2022, cifra récord, a 5 casos en el 2023.

Aumento de agresiones

El Departament de Justicia tiene las cifras de los Servicios Penitenciarios, desde los delitos de los reclusos a incidentes en prisiones, actualizadas en su web. Con respecto al número de incidentes, se indica que se registran de 300 a 400 cada mes en los nueve centros penitenciarios catalanes. Así, las agresiones graves a funcionarios, que implican una baja laboral, han pasado de 53 en el 2022 a 80 en el 2023; las agresiones leves, de 166 a 174, y sin lesión, de 318 a 323. En esta situación, y con plantillas ajustadas los funcionarios exigen más personal y más medidas de seguridad.

En este sentido, el Departament de Justicia anunció el lunes que ha llegado a un acuerdo con los trabajadores del CIRE, dónde estaba Núria, para reforzar la seguridad de sus espacios como la cocina, donde su asesino hacía cinco años que trabajaba, después de una evaluación de la junta de tratamiento, y al cual le faltaba tres años para salir en libertad, después de haber sido condenado a 11 años de prisión por haber matado su pareja, también con un cuchillo.

Investigación de la síndica

Por su parte, la sindica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha hecho un llamamiento al diálogo para solucionar el conflicto en los centros penitenciarios. En un comunicado, la síndica alerta que los bloqueos de las prisiones tienen consecuencias "tanto para los internos como para los trabajadores", e informa que ante las dificultades que ha comportado la situación ha abierto una actuación de oficio por conocer el alcance de la afectación de los derechos fundamentales de los internos, de sus familiares o de los letrados.

Incluso, el decano del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), Jesús Sánchez García, se ha ofrecido a hacer de mediador entre la cúpula de Justicia y los funcionarios de prisiones para desbloquear posicionamientos y resolver el conflicto.